Este lunes el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE- dio a conocer su intervención en la audiencia pública del Congreso en la que se debate un proyecto de ley para establecer el paramilitarismo como un delito consignado en el Código Penal.
El proyecto tiene como autores a varios congresistas entre los que destacan Iván Cepeda, Gustavo Petro, María José Pizarro y Angela María Robledo; y busca puntualmente incorporar «al Título XII del Código Penal (Ley 599 de 2000) disposiciones tendientes a combatir grupos armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas; grupos de seguridad que ejecuten actos ilegales; paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas u otras denominaciones equivalentes».
Frente a esto el MOVICE, aseguró que «la tipificación del delito de paramilitarismo en el Código Penal Colombiano es para las víctimas de crímenes de Estado, una de las principales medidas que el Estado podría implementar para detener este horrendo capítulo de sangre que estamos presenciando, y está en las manos del Congreso hacerlo realidad».
Adicionalmente, enfatizaron en la importancia de que la ley que pudiera aprobarse, tenga en cuenta la participación de las víctimas, y que «las medidas que a partir de allí se implementen estén basadas en la verdad, en la aplicación de la justicia y en la contribución a la reparación». (Le puede interesar: Exparamilitares dicen sí a la verdad)
Por otra parte, sostuvieron que el paramilitarismo se ha desarrollado en instancias institucionales de todos los órdenes (nacionales, regionales y locales), como una estrategia de «control social» y de exterminio a la oposición política y las acciones de reivindicación de derechos de diversos sectores sociales.
«Hoy se hace necesario reconocer el origen estatal del paramilitarismo y la continuidad de las estructuras paramilitares para afrontarlas de manera decidida».
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-
Frente a esto, el MOVICE agregó que la institucionalización del paramilitarismo ha tenido origen incluso normativo, con la promulgación de estatutos como el Decreto 3398 de 1965 el cual fue adoptado como legislación permanente a través de la Ley 48 de 1968, en los que se promovía la autodefensa civil. Asimismo, el Decreto 356 de 1994 que «hizo posible la conformación de grupos de particulares –posteriormente llamados “Convivir”-, encargados de servicios de vigilancia y seguridad, con facultades especiales en lo que se refiere al uso de armas, técnicas».
«Como lo constató la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos sometidos a su examen, con esta normatividad el Estado permitió e incentivó la creación y proliferación de los grupos paramilitares, y dio pie para que, en lugar de reprimirlos, las autoridades públicas y los miembros de la Fuerza Pública, colaboraran con ellos, facilitando o participando incluso en la comisión de sus crímenes».
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-
El negacionismo del Gobierno y los medios de comunicación frente al paramilitarismo.
Al tiempo que destacó el origen estatal del paramilitarismo el MOVICE, se pronunció sobre el negacionismo y la invisibilización que tiene esta problemática por parte del Gobierno y los medios tradicionales, pese a que es un fenómeno que sigue vigente y los intereses a los que sirve siguen siendo económicos, políticos y de control territorial.
Hoy asistimos a un reciclaje, con nuevos nombres y con intensas campañas mediáticas e institucionales que permiten ubicarlas en el campo de la delincuencia común mediante la sugestiva sigla de “Bandas Criminales –BACRIM”, neo paramilitares, “Grupos Armados Organizados” o Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-
Sin embargo, señala el MOVICE, que contrario a lo expresado en los discursos institucionales y mediáticos, el paramilitarismo conserva los mismos rasgos esenciales: «su orientación contrainsurgente extendida a las posiciones ideológicas anticapitalistas; su defensa de megaproyectos de empresas transnacionales a las cuales han escoltado con métodos de barbarie; sus acuerdos secretos o discretos con la fuerza pública […], su defensa del [G]obierno y su amenaza permanente a los sectores inconformes o críticos; [y] sus acuerdos con la clase dirigente que orienta la economía y la política del Estado». (Lea también: Otra Mirada: Estas son las características del paramilitarismo después del acuerdo de paz)
