"Violencia contra líderes sociales se concentró en 29 de los 32 departamentos"

"Violencia contra líderes sociales se concentró en 29 de los 32 departamentos"

Este 7 de octubre la Comisión Colombiana de Juristas presentó el informe, «El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia»;  en el cual se abordan las violaciones a sus derechos, documentadas por 20 organizaciones.

Este informe que evidencia los riesgos de las personas, organizaciones y comunidades que ejercen la labor de defender los derechos y revindicar las causas sociales en Colombia, recopilando cientos de casos entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020.

«No es este uniforme más sobre las violaciones a los derechos humanos de personas defensoras (….). Es la continuación de informes que le precedieron y contribuye un esfuerzo necesario para seguir documentando la situación».

«La historia no oficial del conflicto social y armado en Colombia persiste en las voces y en los silencios»

El informe se divide en cinco partes, la primera de ellas analiza el contexto general de la situación de personas defensoras líderes y lideresas sociales sus comunidades y organizaciones, y las violaciones a sus Derechos Humanos en su labor de defensa de la vida, el territorio y el ambiente.

En este contexto dan cuenta de que condiciones de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad de mujeres, personas LGBT, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas, son las principales denunciadas y acciones de visibilización por parte de las personas defensoras líderes.

Esto es evidenciado en el resumen que hacen entre el primero de enero y el 31 de julio de 2020, por medio de el cruce de información en una la base de datos de violencia sociopolítica en donde se documentan 184 casos de violaciones de los derechos humanos de líderes, lideresas y personas defensoras.

De estos 184 casos, 183 fueron asesinadas y una persona fue víctima de desaparición forzada, a esto se suma que como elemento común se pretendió rastreas si previo al homicidio se habían identificado amenazas. (En Tumaco el terror se apoderó de las comunidades).

Identificando que algunas de estas amenazas previas eran generalizadas contra determinado sector o comunidad, mientras otras se realizaban de manera selectivas, «con nombre y apellido, haciendo alusión a la labor de los líderes, lideresas o personas defensoras». Denuncian nuevo plan para atentar contra lideresa Jani Silva en el Putumayo)

«Según la CIDH, en Colombia las amenazas son el tipo de agresión más frecuente contra las personas defensoras, y en el contexto actual del país estarían íntimamente ligadas al proceso de paz y a la implementación del Acuerdo»

El informe también da cuenta que los patrones mas comunes de agresiones en contra de los líderes se suma la estigmatización, el desplazamiento forzado, la violencia sexual basada en el género y las desapariciones forzadas, «Este conjunto de violaciones de los derechos permite afirmar que persisten altos niveles de violencia, cuyos impactos continúan, dando cuenta de violencias acumuladas y focalizadas«.

En resumen las tres primeras partes del informe identifican, describe y analiza los elementos comunes en materia de violación de Derechos Humanos de los líderes, lideresas y defensores, cruzando información consolidada en bases de datos de, CINEP, Indepaz, Marcha Patriótica, Colombia Diversa, Sisma Mujer, ONIC, la CCJ, entre otras organizaciones, así como el reporte de diferentes medios de comunicación y la misma comunidad.

18 municipios concentran la mayor parte de los casos de violaciones contra líderes sociales

La cuarta parte del informe analiza el panorama regional y la situación que viven los líderes y defensores en departamentos como Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Córdoba. (No cesa la barbarie: 55 masacres en 2020)

Fuente: Base de datos de homicidios a líderes, lideresas y personas de DDHH
de la Comisión Colombiana de Juristas (2020)

El gráfico presentado por la CCJ da cuenta de los 184 casos de violaciones del derecho a la vida de las personas defensoras y de líderes sociales, las cuales se concentran 100 municipios, de estos 18 concentran la mayor parte de los casos de violaciones.

Dentro de estos se encuentran encabezado la lista Puerto Guzmán y Caloto, 8 casos cada uno; seguido por Corinto y El Tambo, siete cada uno; Toribío (6); Algeciras, Barbacoas y Tarazá, (5) ; Buenos Aires, Miranda, Morales, Puerto Asís, Puerto Libertador, Santander de Quilichao y Tibú (4); Belén de los Andaquíes, Cáceres y Tumaco (3).

Este registro construido a la luz de el trabajo de registro y acompañamiento de múltiples organizaciones, dio como resultado la consolidada de 396 violaciones de los derechos de líderes y lideresas sociales. «Del total de estos hechos, 392 casos corresponden a homicidios, el 98,99 % de las víctimas; y 4 corresponden a desaparición forzada, equivalentes al 1,01 % del total de víctimas«

Adicional este recuento del periodo entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2020, registra 23 casos en los cuales según el informe no fue posible identificar con claridad la organización de la cual eran miembros, mientras que en 161 de estos casos sí fue posible precisar esa información.

Develado así que una de las organizaciones más afectadas durante el periodo de investigación fueron las Juntas de Acción Comunal (JAC), esto debido a que «41 de las 184 víctimas pertenecían a la JAC de algún municipio».

A estas les siguen las personas pertenecientes a organizaciones indígenas, con 30 casos, luego los movimientos políticos, con 17 casos y los resguardos indígenas con 15 casos. Cierre del mes de Agosto fue fatídico para líderes sociales en Colombia)

Y por último presentando un balance sobre las respuestas a los contextos diferenciales y específicos en la persistencia en material violación de los derechos de líderes y lideresas sociales seguido de de recomendaciones construidas de manera conjunta por las organizaciones.

Algunas de estas recomendaciones corresponden a «dar cumplimiento de manera concertada, eficaz e integral al enfoque diferencial étnico, territorial y de género del AFP», haciendo un especial énfasis en las medidas y los mecanismos para la prevención de riesgos y la protección para personas defensoras, líderes y lideresas sociales con políticas adaptadas a sus contextos.

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