No hay acciones concretas de las FFMM o de Policía para enfrentar el Paro Armado de las AGC: CREDHOS

No hay acciones concretas de las FFMM o de Policía para enfrentar el Paro Armado de las AGC: CREDHOS

Fotografía cortesía.

Varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos manifestaron su rechazo ante el paro armado proclamado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo, el 4 de mayo y que sigue afectando la población del Magdalena Medio.

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS fue una de las organizaciones che se pronunció públicamente contra esta coyuntura armada y forzosa: “los municipios del Magdalena Medio se encuentran en una disputa territorial, donde el grupo heredero del paramilitarismo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, ha logrado posicionarse e imponer normas de conducta y control social a la población civil”.

La organización denunció la falta de respuestas por parte de las autoridades, tanto nacionales como locales, y la ausencia de acciones que garanticen la seguridad de la población civil involucrada. Los municipios más afectados por ahora serían Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa en el Sur de Bolívar; Puerto Berrío y Yondó en el Magdalena Medio antioqueño; el Magdalena Medio Santandereano.

La incoherencia institucional

Llama la atención que durante el Paro Nacional del 2021 fue desplegado un gran dispositivo policial y militar para reprimir la protesta social; ahora, al segundo día del PARO ARMADO, no se conocen acciones claras para la protección de la población y la detención de los responsables”.

En contraposición a la falta de acciones institucionales, CREDHOS señala la infundada retención que sufrió la defensora de derechos humanos y presidenta de la Organización Femenina Popular, Yolanda Becerra, en la ciudad de Barrancabermeja el jueves 5 de abril. Sobre el hecho la Policía admitió haberse equivocado y ofreció disculpas.

Se requiere de acciones que den una respuesta estructural al control territorial que ejercen los grupos armados ilegales; su captura y judicialización son imperativos para garantizar la tranquilidad de las comunidades”.

Acciones requeridas sobre todo en el marco de las elecciones presidenciales, para que se desarrollen pacíficamente y con la garantía del respeto al “derecho a la participación política y el voto”.

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