Paro armado de las AGC. Fotografía Twitter @Ronaldfvargass.
A más de 48 horas del inicio del paro armado de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) o Clan del Golfo, se reportan más de 90 hechos violentos que atentan contra la población de por lo menos 8 departamentos.
Amenazas, torturas, asesinatos, bloqueos, quema de vehículos, retención de civiles, son solo algunas de las violaciones de Derechos Humanos que las AGC vienen adelantando sin ninguna respuesta del Estado colombiano.
Desde 2021, el presidente Iván Duque, afirmó que el «final de las AGC había llegado», sin embargo, la población civil se ha visto sometida desde este jueves 5 de mayo al control del grupo irregular.
Recordemos que el paro armado se da como «manera de protesta» ante la extradición del exjefe paramilitar Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel», decisión que además no contempló el clamor de las víctimas que exigían verdad y no repetición de los hechos victimizantes que no han cesado en sus territorios.
Por medio de comunicados, el Clan del Golfo ha informado de los lugares en los que se desarrolla su accionar (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena y Sucre), y anunció las «medidas» por parte de la ciudadanía, es decir las restricciones de su movilidad, el cierre del comercio y el cese de medios de transporte terrestres y marítimos.
Redes sociales se inundan de imágenes dolorosas en donde se evidencian torturas en medio del paro armado de las AGC
Son centenares los vehículos que han sido quemados en diversas vías del país, pero una de las imágenes más impactantes que ha dejado el paro armado es la tortura que vivió un ciudadano indefenso. De acuerdo a la denuncia del defensor de DD.HH., Luis Emil Sanabria, quien nos compartió el fuerte vídeo, el hecho se presentó en la carretera Ríosucio – Bajirá, donde paramilitares golpearon «salvajemente» a un hombre que únicamente salió de su vivienda «violando» las restricciones impuestas.
Niños, niñas y adolescentes, también han sido afectados al no poder recibir sus clases o incluso ser agredidos por el grupo irregular, el mismo problema padecen las y los comerciantes que se han visto obligados a cerrar las puertas de sus locales en medio de la presencia de los miembros de las AGC.
En Ríosucio, Chocó, incluso el templo tuvo que parar con sus respectivas labores y las eucaristías fueron canceladas por orden de los armados, como denunció la Comisión interétnica de la verdad de la región del Pacífico.
Otros gravísimos hechos se presentaron en el departamento de Sucre, en donde se registró el asesinato del líder social Rafael Rodríguez Barrios, quien fue asesinado por armados en su vivienda ubicada en la vereda La Gloria en el municipio de San Pedro.
En el sur del Cesar, sobre la vía El Copey, se registró la quema de un tractocamión y otros tres vehículos, uno de los conductores intento evitar el accionar de las AGC y fue asesinado a tiros como confirmó el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel.
Servicios públicos buscan ser interrumpidos
El control de las AGC es indudable, este 7 de mayo divulgaron otro comunicado en el que establecen un horario de funcionamiento para las tiendas y supermercados. Dicho horario fue habilitado solo por 6 horas y después de esto, cualquier comercio debe cerrar.
En Córdoba, el grupo armado habría solicitado a la empresa Afinia del grupo EPM suspender el servicio eléctrico por el cual pagan los ciudadanos, y que además es un derecho básico. En Magdalena y Sucre el servicio de aseo y recolección de basuras también fue suspendido, sin mencionar las decenas de empresas transportadoras que prefirieron proteger a sus colaboradores.
¿El paro armado se le salió de las manos al Gobierno Nacional?
El cuestionado ministro de Defensa, Diego Molano, señaló recientemente la existencia de un plan pistola contra la Fuerza Pública por parte de los combatientes del grupo paramilitar, y también afirmó nuevamente que no permitirán que el Clan del Golfo «amedrente» a las y los colombianos, sin embargo, sus palabras parecen no trascender a los hechos y por eso ha sido ampliamente cuestionado.
Pese a la recompensa que ofrece por los líderes del grupo irregular, la ciudadanía no le perdona el accionar de la Policía Nacional ante el Paro Nacional y el nulo alcance que ha tenido la Fuerza Pública para contrarrestar un paro armado que tiene un carácter ilegal y ha azotado a las regiones más vulnerables del país.
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