Mesa de Garantías solicita investigación penal contra Ejército por operación contra civiles en Puerto Leguízamo  

Mesa de Garantías solicita investigación penal contra Ejército por operación contra civiles en Puerto Leguízamo  

Operación militar Putumayo. Fotografía EFE

En la espera de un informe detallado que producirá la Misión de Verificación sobre los hechos de la vereda El Alto Remanso, municipio de Puerto Leguízamo, las organizaciones integrantes de la Mesa Territorial de Garantías del Putumayo confirmaron a través de un comunicado del 3 de abril que:

El 28 de marzo sobre las 7 de la mañana, se desarrolló una Ejecución Extrajudicial, la cual pretendió ser presentada por el Ministerio de Defensa como un exitoso operativo con blancos legítimos”.

Esta declaración se da tras numerosos testimonios que desmienten la versión oficial entregada por el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, y que han sido apoyados por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de DDHH y periodistas de varios medios de comunicación.

Las organizaciones de la Mesa Territorial destacan el carácter multicultural de la vereda El Alto Remanso, “organizada en torno a una Junta de Acción Comunal”, y conformadas por comunidades y pueblos indígenas que viven pacíficamente entre sí.

Efectivamente hubo una incursión armada, que dejó en su resultado habitantes comunales e indígenas, directivos comunales y autoridad indígena asesinadas, así como otras personas heridas y desaparecidas, contabilizándose varios menores de edad, lo cual es reiterativo en este tipo de acciones armadas. Estos hechos dan cuenta de una masacre desarrollada en el marco de un operativo del Ejército Nacional, que obliga a la comunidad, familias y pueblo indígena a desplazarse y que infringe el DIH y el DIDH

Se señala también los tentativos de acomodación de los hechos a la versión oficial. La Fiscalía empezó las investigaciones con 5 días de retraso, en los que el Ejército hizo presencia constante en el lugar “materializando la posible impunidad” de lo ocurrido.

La Mesa Territorial, finalmente, solicita al Ministro de Defensa la rectificación de las afirmaciones sobre los hechos y que la Fiscalía realice una investigación autónoma e imparcial. Además, llama al Mecanismo de Búsqueda Urgente a su activación para esclarecer el paradero de los desparecidos y a una “investigación disciplinaria en contra de integrantes del Ejército Nacional involucrados en la operación militar”.

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