Operativo militar en Putumayo. Fotografía ilustrativa CMI.
Nuevamente la indignación rodea al Gobierno de Iván Duque, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional. Según comunidades, organizaciones indígenas y de Derechos Humanos del Putumayo y a nivel nacional, un operativo realizado en ese departamento de Putumayo, contrario a la información dada de manera oficial, se trataría de una masacre en manos de fuerzas oficiales y un mal llamado «falso positivo».
El pasado lunes 28 de marzo, el ministro de Defensa Diego Molano afirmó que 11 «disidentes» de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), murieron en medio de operaciones militares. La noticia también fue comentada por parte del presidente Iván Duque a través de su cuenta oficial de Twitter.
En ambos tweets se informa que se neutralizaron entre 9 y 11 «criminales» y otras 4 personas fueron detenidas. Sin embargo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz afirmó que este hecho se trata de un «dudoso operativo» y según los testimonios de la comunidad de Puerto Leguizamo, Putumayo, las personas asesinadas no serían armados, sino miembros de la comunidad que departían en un bazar.
Contagio Radio tuvo acceso al testimonio de una habitante del sector, la mujer afirma que ella misma fue parte del bazar que tenia el fin de recaudar recursos. La mujer también señala que un gobernador indígena fue asesinado y en medio de los disparos del Ejército muchas personas fueron asesinadas.
Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos también pone en duda el operativo militar en Putumayo
Por medio de un comunicado, la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos también se pronunció frente al hecho.
La organización señala que fueron asesinados Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso; Ana María Sarria Barrera, esposa del presidente de la Junta; Brayan Santiago Pama, menor de 16 años; Pablo Panduro Coquinche, gobernador del Cabildo Kichwa; Oscar Olivo Yela y 2 personas más conocidas como «Pequeño» y «Cuéllar«. Dentro de las personas heridas están Willinton Galíndez, Vanesa Rivadeneira Reyes y Nora Andrade.
«Todos ellos según manifiesta la comunidad eran habitantes de la comunidad, reconocidos y reclamados. La comunidad reporta cuerpos desaparecidos (…) también informan desplazamiento de los habitantes de la vereda, ante la preocupación y el miedo que estos hechos causan y el rechazo rotundo al reporte que hasta el momento ha hecho el Ejercito», comentó la Red de DD.HH.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) también rechazó el accionar militar
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, también respalda la versión de que el «operativo militar» sería un «falso positivo», en donde la población civil fue atacada pese a no estar armados y fueron presentados como disidentes «dados de baja», cuando según todos los testimonios de los y las habitantes de la región y de las organizaciones se realizaba un bazar y nunca se registraron enfrentamientos, únicamente fue el Ejército Nacional atacando a la comunidad.
Dentro de la evidencia proporcionada por la OPIAC se presenta un certificado en donde se muestra que Pablo Panduro Coquinche se posesionó como gobernador indígena y no se trataría de ningún armado perteneciente a los grupos residuales.
Dentro de las peticiones de las organizaciones, se pide que se de la información real de los hechos y que cesen las agresiones de este tipo que hoy dejan a niños y niñas huérfanos e incluso atento nuevamente en contra de las y los jóvenes.
Noticia en desarrollo.
Otras noticias:
ELN anuncia liberación de la sargento Dariana del Carmen Mora Beleño
Corporación Jurídica Libertad presenta informe sobre violencias policiales en Antioquia
