_{Torturas en Portales de TransMilenio. Fotografía ilustrativa Julián Castañeda / Pulzo.}

Nuevamente surgen denuncias sobre torturas en contra de manifestantes en portales de TransMilenio. Este 2 de febrero, la concejala de Bogotá Susana Muhamad; el concejal Diego Cancino; Cristian Cabrera, ex funcionario de DD.HH. de la Alcaldía de la localidad de Kennedy y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, presentaron nuevos hallazgos sobre los hechos acontecidos dentro de las instalaciones de la empresa de transporte público, particularmente en el Portal de TransMilenio las Américas.

En medio de una rueda de prensa, Cristian Cabrera, manifestó que durante sus acciones de verificación en el Portal de las Américas comprobó que dentro de estas instalaciones, los jóvenes fueron víctimas de detenciones arbitrarias e ilegales, torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos e incluso de violencia sexual.

Dentro del testimonio de Cristian se cuentan también las capturas de pantalla de conversaciones con la institucionalidad que tenía pleno conocimiento de lo que denunció el ex funcionario. Lo más grave de las declaraciones del defensor, fue que este hecho se presentó desde el segundo día de protestas en el marco del Paro Nacional, es decir, el 29 de abril de 2021.

«El 29 de abril funcionarios de la Alcaldía local, como de la Alcaldía Mayor y varios organismos de control, recibimos alertas en horas de la tarde sobre detenciones ilegales de jóvenes en TransMilenio. Yo me dirigí a ese punto después de recibir esas alertas y después de un diálogo en WhatsApp con esas instituciones, llegué alrededor de las 8:00 de la noche al portal y me di cuenta que tenían jóvenes encerrados dentro de la caseta del guarda de seguridad».

Cristian Cabrera, ex funcionario de DD.HH. de la Alcaldía de la localidad de Kennedy.

Policía Nacional golpeó brutalmente a un joven según denuncia de Cristian Cabrera

El ex funcionario además retrató las acciones que los y las uniformadas realizaron en contra de los manifestantes en una caseta del Portal Américas, y señaló que, muchos de ellos venían en sus bicicletas de trabajar y sin embargo, fueron detenidos por el ESMAD, que además les retuvo sus elementos, perdiéndose así bicicletas y un teléfono celular.

«Esa caseta es una caseta muy pequeñita, no tiene ventilación alguna y allí tenían encerrados a 8 jóvenes. Para poder entrar nos tocó negociar con el guarda, el vigilante no nos dejaba entrar para ver como estaban esos jóvenes, a pesar de que el ESMAD estaba al lado y a pesar de que ya habíamos hablado con Policía de DD.HH. de la Alcaldía Local. Después pudimos constatar que esos jóvenes estaban encerrados, 8 jóvenes de los cuales había un menor de edad, y los jóvenes manifestaron de inmediato que fueron golpeados y gaseados en ese cuarto».

Cristian Cabrera, ex funcionario de DD.HH. de la Alcaldía de la localidad de Kennedy.

Sin embargo, el arresto irregular en contra de los 8 jóvenes, no fueron la única acción violenta presenciada por el defensor Cristian Cabrera. Según su denuncia, otro joven fue golpeado «fuertemente», mientras una joven iba a ser ingresada a la caseta y salió atemorizada del lugar.

«Estando allí (entrada de los articulados), también el ESMAD trae arrastrando a otro joven, lo llevan golpeando como si fuese un saco de boxeo. Lo ingresan a ese cuarto y lo siguen golpeando fuertemente, lo golpearon tan fuertemente que un mismo policía (…) retira a su compañero del ESMAD y le dice que no le siga pegando. La Policía al ver que nosotros estábamos observando eso, no lo dejan encerrado, sino lo retiran y el joven sale corriendo como puede. También nos dimos cuenta como traían a una mujer que también querían meter a ese cuarto, pero que con nuestra presencia no la ingresaron y solo la pasaron a personal femenino para una requisa»

Cristian Cabrera, ex funcionario de DD.HH. de la Alcaldía de la localidad de Kennedy.

Comisión de Justicia y Paz informaron de que en Portal Américas se perpetraron 20 casos de agresión

La Comisión de Justicia y Paz, que además de acompañar diversas manifestaciones en varios sectores de Bogotá y ser garante de los derechos de los y las protestantes, representa a Cristian Cabrera en su denuncia que, según conoció este medio ya es de conocimiento de entes como la Fiscalía General de la Nación, también informó de cifras de las que hizo registró en Portal Américas o Portal Resistencia.

De acuerdo a la organización, desde el 28 de abril y hasta el 3 de junio de 2021 fueron 20 los casos de tortura, de los cuales 8 están documentados. JyP también detalló que fueron 12 las víctimas de violencia sexual con 3 casos documentados; en la localidad de Kennedy también son atribuibles a la Fuerza Pública 2 asesinatos y 1.425 los y las heridas.

«Son tan descarados que nos piden retractarnos»: concejal de Bogotá, Diego Cancino

Desde el mes de mayo, la concejala Susana Muhamad y el concejal Diego Cancino han denunciado el uso de las instalaciones de TransMilenio como «centros de tortura» de manifestantes. En el mes de junio, la empresa admite que si hubo utilizamiento del Portal Suba y Portal Américas por parte de la Fuerza Pública para detener a los manifestantes, sin embargo, Felipe Ramírez, gerente de TransMilenio afirmó que estos hechos ocurrieron únicamente el 3 y 4 de mayo y sin permiso de la transportadora.

Diego Cancino y Susana Muhamad, además se vieron obligados a «retractarse» de las acusaciones realizadas en contra de TransMilenio, pese a que su sustento era el testimonio de las pocas víctimas que decidieron hablar. «Las autoridades distritales, la Policía y TransMilenio sabían estos hechos y no solo no hicieron nada, sino que intentaron desmentir de manera intencional, porque lo hicieron público y privado, le escribieron a Susana y me escribieron a mí y en Twitter también, y en respuesta de derechos de petición que hicimos Susana y yo nos piden retractarnos. Eso legalmente es muy grave, porque si Susana y yo estuviéramos diciendo mentiras, nos abren una investigación en la Procuraduría, pero Susana y yo estábamos diciendo la verdad y son tan descarados que nos piden desmentir, nos piden retractarnos. Acá lo que parece es que quieren amilanar la protesta por métodos violentos y totalmente autoritarios, acá parece que hay un plan para amilanar la democracia», expresó el concejal Diego Cancino.

La y el concejal de Bogotá, además insistieron en que había pleno conocimiento de este tipo de vulneraciones, pues dentro de las conversaciones que se presentaran a lo largo del proceso legal, se corrobora que existió un grupo de mensajería en el que se denunció lo que sucedía. «(Cristian) hizo parte de un grupo de chat integrado por funcionarios de la Alcaldía de Kennedy, incluida la personería y el delegado de la Policía Nacional para los derechos humanos de la localidad, entre otros, donde quedaron consignadas las actividades de seguimiento y las alertas de esos días», se lee en un comunicado.

«En pantallazos de WhatsApp del día 29 de abril (7:43 p.m.) se lee que un miembro de la Policía “detuvo” a varias personas en el Portal Américas, incluido un menor de edad; hecho que fue puesto en conocimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), vinculado a la Alcaldía Mayor y a la Policía Nacional. Es decir, que tanto la Alcaldía distrital como la Policía Metropolitana estaban al tanto de la situación que se estaba presentando en el portal esa noche, antes del estallido social, e hicieron caso omiso frente a las alertas. Se lee también en los chats que al parecer la intervención del ESMAD se dio por órdenes del Puesto de Mando Unificado (PMU) del que hacen parte altos funcionarios de la administración distrital», agrega el documento.

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Piden relatoría independiente sobre torturas en portales de TransMilenio

Los denunciantes y este nuevo testimonio que se traduce en otra pieza más de lo que se presentó desde el 29 de mayo y en lo que seg{un los concejales se han recibido más de 170 denuncias, que no son públicas por temor a represarías, exigieron a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y a la Fuera Pública en que se comprometan con una relatoría independiente que de cuenta de todas las vulneraciones que tuvieron lugar en instalaciones de transporte Público a cargo de TransMilenio.

Susana fue enfática en que así como se realizó una relatoría del 9 de septiembre de 2020, también se debe hacer en el caso particular de los portales pues la ciudadanía «debe saber lo que aconteció». Por ahora, la opinión pública espera pronunciamientos de las autoridades competentes y de la empresa de TransMilenio frente a la denuncia de este nuevo testigo, quien además se vio amenazado desde el 25 de agosto de 2021 y tuvo que abandonar su cargo y apartarse de su familia.

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_{Comunidad de Usme y Policía Nacional. Fotografía Contagio Radio / David Hernández.}

Contrario a lo que creían algunos sectores, la conmemoración de los diez meses del inicio del Paro Nacional este 28 de enero trascurrió de manera pacifica y con mensajes claros de que la paz es posible. De acuerdo a información de la Alcaldía de Bogotá, 2.630 uniformados y uniformadas de la Policía Nacional «reforzaron» la seguridad durante este viernes, día en la que la sorpresa fue la manifestación pacífica de más de 500 personas en toda la capital colombiana.

En horas de la noche, el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez Ángel y el mayor general Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informaron que en la capital del país, la convivencia y la paz primaron durante las manifestaciones.

«Hoy Bogotá tuvo una jornada de trabajo, expresiones comunitarias y fútbol en paz. A esta hora la ciudad vive tranquilamente sus actividades nocturnas de viernes. Gracias a los jóvenes, vecinos, comunidades y servidores públicos que participaron! Entre todos lo logramos. ¡Gracias!», expresó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

En la localidad de Usme, se realizó un enfrentamiento «épico» entre jóvenes de la Primera Línea y policías que dejaron todo en la chancha de fútbol del sector conocido como Cortijo, cerca a Santa Librada. Con un marcador de 8 – 4, los vencedores de este encuentro fueron los uniformados, pese a que la comunidad esperaba que el campeón del encuentro fueran los muchachos, los y las vecinas del sector se mostraron entusiasmados por lo que representaba dejar los escudos y la dotación policial de lado y defenderse únicamente con las piernas y el talento para maniobrar el balón.

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«Lo que saca la localidad de Usme no representa violencia»

CONTAGIO RADIO, acompañó el escenario deportivo y dialogó con la comunidad y los uniformados que formaron parte de los 90 minutos de juego.

«Creo que esto (encuentro deportivo) significa mucho para los Hijos de Usminia, es una iniciativa nuestra, le hicimos la invitación a la Policía con el objetivo de desescalar esta violencia que se ha desatado contra nosotros, todas las pérdidas oculares, los muertos y varios heridos. Queríamos bajarle a todo eso, pero continuar con todo el trabajo de base, con el trabajo de la comunidad, haciendo las ollas comunitarias, escuelas de fútbol o escuelas de derechos humanos que nos permitan seguir trasformando la realidad. Creo que lo que hicimos hoy significa mucho para la comunidad, que también ya merecía un poco de paz».

Organizador del encuentro deportivo y vecino de Usme.

Otra habitante del sector, cuyos nombres pidieron sean reservados, manifestó que insta a los jóvenes a que continúen con su lucha, pero de manera pacífica y también invito a la Policía Nacional a que sean más «conscientes y entiendan» que los y las jóvenes no salen únicamente por la adrenalina, sino para exigir trabajo, educación, comida y otros derechos.

«Es un ejercicio en el que por lo menos se salvan vidas, no se está perjudicando a la comunidad que vive en el entorno del Puente de la Dignidad. Están demostrando la voluntad de generar cambios, de eliminar la estigmatización que tienen los medios de comunicación nacionales sobre los jóvenes que se están manifestando. Esa es una manera de mostrar la voluntad de los chicos de transformar el territorio en diferentes escenarios, que ellos están entendiendo y aplicando todos los recursos para mostrar sus inconformidades. Estaban en una confrontación como igualitaria».

Habitante de Usme.

Otro vecino de la localidad también expresó que el encuentro para él fue emotivo y demuestra lo mejor que hay en las y los jóvenes del sector.

«Es emotivo, demuestra que la Primera Línea no es como la han pintado, lo que saca la localidad de Usme no representa violencia. Estamos demostrando que se puede pedir colaboración para la localidad que no beneficie a solo una persona, sino a toda la comunidad. Por suerte Usme es una de las localidades con más artes, es bastante bacano darle un giro a lo que es el estallido social. Hay personas que han salido agredidas al igual que yo por parte de la Policía, es entendible que ellos deban reaccionar pero no con violencia. Estamos demostrando que si se pueden hacer para la Policía y la Primera Línea».

Habitante de Usme.

Este partido representó «un cambio desde la juventud»: jugador de la Primera Línea

Contagio, también conversó con los jugadores de ambos equipos, quienes manifestaron lo importante que simbolizó el juego para su comunidad y la lucha que desde abril del 2021 vienen emprendiendo.

«Este partido representó un cambio desde la juventud, que lo hemos buscado desde hace rato, es el primer paso para cambiar un localidad que ha estado abandonada por muchos años por las instituciones, acá nadie hace nada y la juventud ya levantando su voz pues quisimos hacer un cambio. Generalizamos consciencia de nuestra parte y de la Policía que todo lo que hemos hecho es generar conflicto y no hemos cambiado a la comunidad. Históricamente la Fuerza Pública han sido generadores de violencia, entonces pa jugar un partido de fútbol es brillante, porque nos da a entender que todos somo seres humanos y ninguno tiene que perder la vida y menos por un Gobierno Paramilitar».

Joven de la Primera Línea de Usme y jugador del partido.

Un joven jugador también recordó que se preparó junto a su equipo todas las noches, «sabíamos que nos iban a mandar a los mejores, pero lo más importante es que nosotros dimos el primer paso para llegar a un diálogo, más allá de un partido es lo principal para cambiar la sociedad (…) Mi invitación es saber votar, vamos a cambiar el país».

Otro joven también invitó a los uniformados a «que le bajen a la agresividad» y a que, «piensen en que uno de esos jóvenes puede ser su hijo».

«Para mí esto significó un cambio que queremos hacer en la localidad, no todo debe ser derramar sangre, nosotros en la localidad podemos hacer un cambio como jóvenes y como miembro de la Primera Línea. Me alegró haber participado de este encuentro, al principio pensamos que no iban a aceptar (la invitación), pero yo creo que ellos también están cansados (…) Mi preparación fue mental, mucha mentalidad, pues hay bastante rabia por todo lo sucedido a nivel nacional. Yo dije no voy a ir a agredir a nadie, vamos es a jugar y a demostrar que podemos cambiar».

Joven de la Primera Línea de Usme y jugador del partido.

Policía Nacional celebró acercamiento con la comunidad

Escuchando a todas las voces, policías y jugadores del partido nos manifestaron las emociones que suscitó el combate deportivo.

«Nos sentimos tranquilos haciendo una presentación de la Policía Nacional, demostrando el talento que tenemos como uniformados como en representación futbolística de la institución (…) Pienso que la comunidad, la sociedad deben tener una perspectiva más cercana junto con el Policía y este encuentro permite que haya un acercamiento. Estamos para trabajar en unión y sacar esto adelante».

Jugador del equipo de fútbol de la Policía Nacional.

«Estos espacios nos sirven para tener un acercamiento de la institución con la ciudadanía. Es una buena idea, sabemos que se han presentado inconvenientes anteriormente, pero esto sirve para que estemos unidos y se den cuenta que, la Policía está para servir y no para agredir (…) Somos un amigo más, no nos vean como esa barrera para tener confrontamientos».

Jugador del equipo de fútbol de la Policía Nacional.

«Primero agradecer a la comunidad para la comunidad. Estos espacios son muy importantes y la Policía siempre va a estar participando (…) Estos espacios son los que nos unen en lugar de estar peleando»

Jugador del equipo de fútbol de la Policía Nacional.

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_{Primera Línea y Fuerza Pública de Usme dejarán todo en la cancha. Fotografía ilustrativa Contagio Radio / Lina Gasca.}

Este 28 de enero la conmemoración del Paro Nacional se dará de una forma muy distinta. A casi diez meses de dar inicio a la movilización masiva que acaparó la atención de los y las colombianas en el 2021, en la localidad de Usme (Bogotá), jóvenes de la Primera Línea y miembros de la Fuerza Pública aceptaron el reto de estar cara a cara y enfrentarse en un cancha de fútbol.

Durante los últimos meses, pantallas, radios y periódicos y otros medios de comunicación han retratado en primera plana los hechos de violencia que infortunadamente se presentaron, dejando de lado la motivación de muchos y muchas jóvenes y comunidades que también insistían en la paz, pero con justicia social y medioambiental.

Y es que justamente este será uno de los principales objetivos de la Primera Línea y/o de las y los hijos de Usminia, como se denominan a sí mismos, y es mostrar que no se desea la violencia en sus territorios y mucho menos una guerra entre la Policía Nacional, que en muchos casos son sus propios vecinos.

Desde el 18 de enero de este 2022, las y los hijos de Usminia, manifestaron que no querían más agresiones perpetradas por los y las policías y los invitaron a que el enfrentamiento se trasladara a un lugar sin escudos y sin armas «no letales», en igualdad de condiciones y por medio del deporte.

«Proponemos a los entes de represión un enfrentamiento el 28 de enero, pero en un escenario en igualdad de condiciones: en una cancha de fútbol», manifestaron los y las jóvenes que, señalaron que la decisión se da en medio del escenario electoral que agudiza la violencia. «Les invitamos a dar un paso importante en la resolución de conflictos, con gallardía y emoción que despierta uno de los deportes más populares e influyentes en la historia: el fútbol», se lee en la invitación pública.

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Primera Línea y Fuerza Pública dejarán el «alma en la cancha»

Ante la expectativa y emoción de la comunidad de la localidad quinta de Bogotá, la Policía Nacional confirmó que también participará del partido de fútbol y demostrará su calidad deportiva en el evento que promueve el diálogo y la diversión.

El evento promovido por y para la comunidad, se desarrollará este viernes 28 de abril a las 2:00 p. m en canchas del sector del Cortijo. Los y las jóvenes también aclararon que esta actividad no corresponde a ningún grupo o partido político, es una iniciativa de los jóvenes y organizaciones que allí trabajan. Se busca recordar la lucha realizada durante el Paro Nacional de una forma pacífica y amplificar la voz de los habitantes del sector.

«La iniciativa busca desestigmatizar el concepto impuesto por los medios de comunicación tradicionales, que cumpliendo con el guión, nos han señalado de ignorantes y de propiciar la violencia. No lo somos, nos preocupamos por conocer nuestra realidad. Violencia es que asesinen a líderes y lideresas sociales casi a diario, a defensores y defensoras de DD.HH., a firmantes de la paz. Violencia es tener que elegir entre comer o pagar el pasaje para llegar a trabajar. Violencia es que por ejercer tu derecho a la protesta, te quiten los ojos, la libertad o la vida. ¡Dejáramos la sangre en la cancha!», expresaron los y las organizadoras del encuentro deportivo.

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_{9S de 2020. Fotografía ilustrativa Esteban Vega / Semana.}

Una relatoría independiente solicitada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y la cual fue apoyada y financiada por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, confirma que en la noche del 9 de septiembre del 2020 (9S de 2020), fueron asesinados 11 jóvenes por parte de la Fuerza Pública.

Hace más de un año, las calles de la capital del país, Bogotá y del municipio de Soacha, se llenaron con unos 12.000 manifestantes que rechazaban el homicidio del abogado de 43 años, Javier Ordóñez, quien fue torturado y asesinado por miembros de la Policía Nacional como evidencian vídeos en los que además se ven las peticiones desesperadas de que las agresiones cesarán.

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien presentó el informe en la mañana de este lunes 13 de diciembre, afirmó que aquella noche «todos nos equivocamos, excepto la víctimas (…) Los días 9 y 10 de septiembre la Policía reaccionó de manera desproporcionada ante las protestas. Su actuación causó una masacre, lo que ocurrió no se le puede llamar de otra manera».

La investigación de 177 páginas, da cuenta de 14 asesinatos, entre los que están el del joven de 21 años, Cristian Camilo Rodríguez, quien fue asesinado a tiros por hombres desconocidos sobre la Calle de las Flores en el barrio Engativá Pueblo. Según su familia, nunca recibieron apoyo psicológico como lo habrían recibido las familias de las víctimas asesinadas.

La relatoría también señala que 75 personas más, fueron heridas con arma de fuego; 43 heridas con armas cortopunzantes y más de 300 ciudadanos agredidos. «Un tiro al corazón de un ciudadano es un tiro a la democracia (…) Ninguno era vándalo, todos son víctimas», afirmó Carlos Negret.

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Las siete prácticas violentas registradas por la relatoría

El documento investigativo, dio cuenta de siete prácticas violentas que atentaron contra el derecho legítimo de la protesta social y promovieron los ataques:

• Uso ilícito de la fuerza
• Detenciones arbitrarias
• Violencias basadas en género
• Estigmatización de la protesta social
• Impunidad
• Violencia contra la Fuerza Pública
• Violencia contra bienes públicos y privados

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Las víctimas del 9S de 2020 fueron trabajadores informales y jóvenes sin oportunidades según relatoría

La relatoría que también circula en la prensa internacional, expresa varias conclusiones, entre ellas, que las víctimas estaban entre los 17 y 27 años. El defensor del Pueblo, afirmó que hubo además una discriminación clasista sobre las víctimas, que en su mayoría eran trabajadores informales que no ganaban ni siquiera un salario mínimo. Uno de los testimonios de las víctimas refleja que oficiales de la Policía se referían a ella con términos despectivos.

“Existe una criminalización de la pobreza por parte de la Fuerza Pública, de la que se desprenden acciones autoritarias e ilegales en contra de los habitantes de ciertos sectores sociales”.

Relatoría independiente.

El defensor Carlos Negret, resaltó que las familias de clase baja y media fueron quienes pusieron a los muertos y que incluso la Policía es reflejo de las condiciones de pobreza que padece el pueblo colombiano. Según el informe presentado, los uniformados sienten que existe un presión por resultados y unas condiciones laborales precarias que evitan el ascenso y sueldos dignos para los y las policías. El defensor afirmó que ahora quienes pagarán principalmente por la masacre perpetrada este 9S de 2020 son los oficiales de menor cargo.

La Alcaldía de Bogotá, reconoció por medio del informe su responsabilidad en la «masacre policial». «¿Quién debe asumir la responsabilidad política? Yo, para empezar. Pero también la Policía y el presidente de la República (…) Eso es lo que pedí desde el primer día. A partir de ese día fue obvio que lo que sucedió fue un abuso policial y un crimen de Estado», afirmó Claudia López en la relatoría.

«Nadie dio la orden de no disparar contra nuestra juventud, esa era la orden y nadie la dio», manifestó Negret. Por su parte, Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó, «yo creo en el poder transformador de este informe (…) La ciudadanía no puede tener como enemigo a la Policía, no es viable en una Estado de Derecho y en una Democracia. Es posible restaurar esa confianza empezando por investigaciones rápidas y creíbles, sanciones contra quienes abusaron, reconociendo la verdad, a las víctimas y a sus familias. El objetivo debe ser tomar medidas necesarias para la no repetición y para sanar las heridas».

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Claudia López llevará relatoría a Juan Carlos Saldarriaga, Iván Duque y a la CIDH

La mandataria local, quien es fuertemente criticada por su actuar frente a la protesta social, reconoció su responsabilidad en los hechos ocurridos el 9S de 2020.

«Hoy, la Alcaldía de Bogotá, le ofrecemos a las víctimas un avance en sus derechos: verdad y reconocimiento (…) Tienen derecho a la verdad, en eso avanzamos hoy; tienen derecho a la reparación, en eso avanzaremos; (…) tienen derecho a la justicia (…) Es indispensable que haya justicia, que quienes cometieron un delito reciban un resarcimiento al enorme daño causado. Las víctimas tienen derecho a garantías de no repetición. Lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre en nuestra ciudad y en nuestro municipio fue una masacre policial (…) todos los ciudadanos deben ser protegidos por las armas del Estado. Acojo en su integridad las recomendaciones de este informe»

Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

La alcaldesa también pidió al defensor Carlos Negret y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, que la acompañen a llevar el documento ante el alcalde del municipio de Soacha, Claudia López llevará relatoría a Juan Carlos Saldarriaga; al presidente Iván Duque y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una solicitud de audiencia.

«Ofrezco una vez más perdón a las víctimas y a mí ciudadanía (…) Vuelvo a solicitarle al presidente de la República el reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido entre el 9 y 10 de septiembre (…) Le pedí que reconociéremos juntos la responsabilidad, y que ofrecieramos juntos perdón, no pude convencerlo y hasta hoy no he podido convencerlos, pero el que persevera alcanza».

Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Las familias víctimas fueron las primeras en recibir el informe, y su mayor clamor fue que más que actos protocolarios se conozcan quiénes fueron los responsables de los hechos que atentaron contra la vida e integridad de sus seres queridos. Nury Roja, madre de Angie Baquero, asesinada en la localidad de Suba y quien ha denunciado ser víctima de amenazas, exigió a la administraciòn local justicia por su hija.

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_{Captura de líderes juveniles. Fotografía cortesía Juliana Higuera.}

La Red de Derechos Humanos y Voluntariado en Primeros Auxilios de Nariño, denunció este 22 de noviembre la captura y allanamiento de viviendas de siete jóvenes que lideran procesos juveniles en Paipa y Sogamoso, Boyacá. Los detenidos son Juliana Higuera, Sergio Forero, Julián Baron e Iván Ayala.

Según la organización, los jóvenes fueron sorprendidos por las autoridades tras participar en la Primera Asamblea General Nacional de la Juventud Humana. La detención se dio en horas de la mañana, tras la orden de la Fiscalía General de la Nación, y de acuerdo a la denuncia existieron irregularidades y «violación del debido proceso».

La Red de DD.HH., también afirmó que los jóvenes han liderado varios procesos comunitarios en sus barrios y municipios en los que se busca defender los derechos humanos y empoderar a las juventudes. Juliana, además es feminista y ha trabajado por los derechos de las mujeres en su departamento.

La Comisión de Justicia y Paz y otras organizaciones también han alertado de que estos casos se tratan de una persecución y montajes judiciales en contra de los jóvenes que se movilizan en contra del actual Gobierno Nacional.

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_{Monumiento a la Resistencia. Pachito Galbana / Instagram.}

Tenía que empezar hoy la primera audiencia de imputación contra cargos oficiales de la policía por los hechos del 3 de mayo 2021 en Siloé, Cali. En ese día, en el marco de las jornadas de protesta del paro nacional, una incursión del Esmad y de grupos especiales de policías y militares produjo una masacre que acabó con las vidas de tres jóvenes e hirió, por lo menos, otras 24.  

Kevin Agudelo, José Ambuila y Harold Rodríguez son los nombres de los jóvenes asesinados. Una nota positiva había sido el planteamiento de la primera audiencia con tan poco tiempo. Sin embargo, la defensa solicitó al Juez Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali que se aplazara el proceso hasta el 1 de diciembre. Lo que ha sido aceptado por el juez.

Los tres futuros imputados son un coronel, un teniente y un patrullero de la Policía. La audiencia se aplazó porque dos indiciados presentaron excusas para presenciar: uno de ellos alegó que su abogado estaba incapacitado por cuestiones médicas y no se podía defender. Otro afirmó estar de viaje por una misión de trabajo y no poder asistir.

Este aplazamiento ocurrido ya en la primera audiencia genera reflexiones. Actualmente se está haciendo una persecución bastante arraizada contra los jóvenes quienes participaron en una u otras formas en estas dinámicas de protestas. No es raro escuchar hablar de montajes o procesos que empiezan con un material probatorio muy escaso.

Estas actuaciones judiciales (i.e. contra jóvenes) avanzan muy rápido: se judicializa y prontamente se empieza el proceso penal con pruebas nulas. Mientras que en proceso policiales como el mencionado hay aplazamiento en la primera audiencia. La diferencia está bien marcada. Los procesos policiales también tendrían que ser agiles, así como se adelantan actuaciones de manera rápida en temas de criminalización del derecho a la protesta social.

Lo bueno generado en haber prontamente planteado la audiencia no tiene que ser opacado por acciones que se conviertan en algo dilatorio en el futuro. Lo que comprometería el avance de la diligencia, la solución de la investigación y el derecho de las victimas a la verdad, justicia y reparación.

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_{Niño de 14 años herido en Usme. Fotografía cortesía.}

Este 28 de octubre y como es costumbre desde el mes de abril, decenas de jóvenes se movilizaron para rechazar la situación de pobreza y las pocas garantías económicas y laborales de sus barrios. En Bogotá, las localidades de San Cristóbal, Kennedy, Suba y Usme, registraron protestas en las que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, intervino y realizó confrontaciones en contra de los manifestantes.

En Usme, jóvenes y la comunidad en general denunciaron ante CONTAGIO RADIO la fuerte represión vivida en el barrio Yomasa, cerca al Puente de la Dignidad y donde dos niños fueron agredidos por el ESMAD. Una de las victimas es Haiber Hernández, un niño de 16 años que como confirma Paula Layton, su madre, no formaba parte de la movilización de los jóvenes.

«Mi hijo no estaba en las protestas, él iba para la casa después de entrenar en la escuela de fútbol a la que pertenece. Cuando iba para la casa, se encontró con las protestas y un policía disparó un gas lacrimógeno que le impactó en la cara», expresó Paula Layton.

Por otra parte, en vídeo quedó registrado otro ataque en el que un niño de 14 años fue impactado directamente en el cuerpo por una munición de un agente del escuadrón antidisturbios. El menor fue identificado como Jeison Castro y según el testimonio de su abuela y su madrastra, al igual que Haiber se encontraba en el lugar de los ataques para asistir a un juego de fútbol.

Según Rosiris Rodríguez, abuela de Jeisson, el menor habría sido impactado por un cartucho de gas que como se observa en vídeo no fue lanzado hacia el piso como establecen los protocolos del ESMAD, sino enviado directamente al cuerpo del niño. Los familiares del joven también describieron el hecho y contaron que al momento del recibir el impacto el niño sangró y cayó desmayado como consecuencia de un hematoma en su cabeza.

Jeisson permanece en el hospital de Meissen, donde su familia proveniente de Cartagena y quienes hace dos meses residen en Bogotá, esperan que se logre recuperar ante la gravedad del golpe. La señora Paula Layton, también denunció que el menor de 17 años que debe ser asistido de manera quirúrgica no ha recibido una atención médica idónea y presenta fuertes dolores en su rostro.

Por su parte, la Policía Nacional lamentó la agresión en contra del menor. El mayor General, Carlos Ernesto Rodríguez Cortés afirmó que el miembro señalado de la agresión fue suspendido durante tres meses mientras se esclarecen los hechos.

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_{Misión S.O.S Colombia evidencio tratamiento de guerra en la protesta social. Fotografía ilustrativa AP.}

Este jueves 7 de octubre, la Misión internacional de verificación S.O.S Colombia, presentó el informe final de su visita. El documento de más de 80 paginas se da tras la labor de observación y escucha de testimonios de 41 comisionados de 14 países que visitaron a Colombia entre el 3 y 12 de julio de este año.

Con el apoyo de la Comisión de Justicia y Paz, la Fundación Forjando Futuros, el Centro de Investigación y Educación Popular – Programa Por la Paz (CINEP-PPP), la plataforma de DD.HH. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y otras organizaciones que hicieron el llamado a los y las comisionadas de la Misión, los verificadores recorrieron 11 regiones del país y recopilaron más de 180 testimonios de víctimas de la Fuerza Pública.

En el informe final se da cuenta de el tratamiento de guerra empleado por el Gobierno Nacional frente a la protesta social. Según la Comisión de observación, las motivaciones de los ciudadanos se fundamentan en los reclamos frente a la pobreza extrema, la inequidad, la violencia y el incumplimiento del Acuerdo de Paz que casi cumple cinco años.

Dentro de los elementos que impulsaron la movilización, los y las comisionadas internacionales resaltaron las «demandas emergieron de forma específica al calor de la propia coyuntura. Es el caso de la exigencia de oportunidades laborales, educativas y hasta existenciales para las juventudes populares».

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«Se utilizaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil»: Misión S.O.S Colombia

Desde presentaciones anteriores, los y las comisionadas han resaltado que el manejo de la protesta social en nuestro país, ha sido emplear prácticas utilizadas en contra de grupos armados ilegales, pero contra los y las ciudadanas. El comisionado español, Félix Ovejero, afirmó que «se utilizaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno».

Dentro de los hallazgos de la Misión están once estrategias de tratamiento de guerra para la protesta social que corresponden al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza; la utilización de armamento con municiones no permitidas y el uso indebido de municiones para causar mayor letalidad; métodos de persecución a manifestantes, brigadas de salud, defensores de DD.HH. y prensa alternativa; montajes judiciales, suplantación de pruebas o abuso de poder con la judicialización; acciones de terror y control social con toques de queda, infiltración de uniformados en las protestas; paramilitarismo y presencia de civiles armados; violencias basadas en género contra los cuerpos de las mujeres; discursos clasistas y racistas en contra de indígenas, afros y jóvenes de sectores populares; aprovechamiento de la noche para perpetrar violaciones de DD.HH. ataques y ordenes de altos mandos de la Fuerza Pública y del Gobierno en contra del marco legal de la protesta y la competencia de autoridades departamentales.

Dentro de los métodos de victimización encontrados por la Misión, están también los homicidios selectivos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencia basada en género, tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos, estigmatización y señalamientos. Los y las comisionados también señalaron como responsables a la Policía Nacional, Ejército Nacional, Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), Ministerio de Defensa, Gobierno Nacional y civiles armados que actuaron convenientemente con Fuerza Pública.

Duván Felipe Barros fue uno de los casos que más conmocionó a los y las comisionadas de la Misión, quienes recibieron el testimonio de Dolores, medre de Duván y quien había emprendido una búsqueda de su hijo, quien desapareció al parecer por miembros del ESMAD y quien fue hallado murto el pasado 12 de julio.

De acuerdo a los datos recibidos por la Comisión Internacional, son más de 3.600 las víctimas de detenciones que según la Misión fueron «masivas y violentas y estuvieron acompañadas de torturas». El comisionado Ovejero, también mencionó el caso de una mujer que fue abusada sexualmente por 4 agentes de ESMAD en Pereira, evidenciando los ataques sufridos por mujeres manifestantes, abogadas, médicas y periodistas.

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Comisionados insistieron en la obligación del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH

La misión de Observación presentó más de 40 recomendaciones al Gobierno Nacional, en la que invita a que cesen los señalamientos y amenazas, que se detenga el uso de municiones de impacto cinético para el control del orden público y de manifestantes, que se derogue definitivamente la asistencia militar y se liberen a los jóvenes detenidos de manera arbitraria.

Los 41 comisionados y comisionadas también manifestaron que la comunidad internacional debe restringir el financiamiento para la Fuerza Pública colombiana, la venta de armamento y la cooperación internacional para jóvenes que exigen garantías de vida, educación y trabajo.

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Puede ver la presentación del informe aquí.

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_{Jimmy Alexander Moreno. Fotografía Congreso de los Pueblos.}

Este martes 5 de octubre, el líder del Congreso de los Pueblos y del Comité del Paro Nacional, Jimmy Alexander Moreno, fue dejado en libertad tras haber sido detenido el pasado 28 de septiembre por miembros de la Policía Nacional. Moreno, quien se ha destacado desde hace más de diez años como líder comunal del municipio de Floridablanca en el departamento Santander y como líder ambiental del Páramo de Santurbán, recibió el apoyo de varios colectivos de abogados y organizaciones defensoras de DD.HH. que rechazaron su arresto.

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Aunque Jimmy Moreno fue judicializado por supuestamente tener nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estar presuntamente involucrado con alias «Fabián», el Congreso de los Pueblos y plataformas de DD.HH. manifestaron que esto se trataría de un nuevo montaje judicial en contra del liderazgo de Moreno.

Voceros del Congreso de los Pueblos, reiteraron que la liberación se da ante la existencia de pruebas contundentes que corroboren el delito de rebelión por el que querían juzgar a Moreno. “Me han dado la libertad, gracias a una excelente defensa y de demostrar que ser líder social en el país no es ningún delito”, expresó el líder dejado en libertad.

“Después de un proceso de persecución en mi contra como líder social y defensor de derechos humanos, una vez más queda demostrado que la Fiscalía hace un montaje judicial para criminalizar el movimiento social popular colombiano”, agregó Jimmy.

A las movilizaciones en apoyo y solidaridad con el líder ambiental y comunal, se suma la celebración por la libertad de Moreno, quien en otras oportunidades también ha sido víctimas de procesos judiciles en su contra.

Vea la audiencia de Jimmy Moreno.

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_{Fotografía tomada de Infobae.}

La familia de Daniel Stiven Sánchez sigue siendo víctima de la violencia en Siloé, Cali. Tras el asesinato del niño de 16 años y el hallazgo de su cuerpo incinerado en un establecimiento local de Dollarcity, los familiares de Daniel han sido perseguidos e intimidados por miembros de la Policía Nacional y civiles armados.

De acuerdo a la Corporación Justicia y Dignidad, la familia Sánchez, ha padecido una intensa persecución desde el 30 de mayo, luego de denunciar públicamente el crimen cometido en contra de Daniel. La familia, además ha sido desplazada tres veces de manera forzada y aún así sigue siendo víctima de amenazas de hombres armados en motocicletas de alto cilindraje y de allanamientos por parte de la Policía.

El pasado viernes 21 de agosto, la familia conoció que se planea realizar un atentado en su contra, lo que los obligó a desplazarse de su residencia por cuarta vez y además, a separar su núcleo familiar. La Corporación Justicia y Dignidad también manifestó que tanto familiares como representantes de las víctimas han sido víctimas de una interceptación ilegal de teléfonos y aunque existe una orden judicial aún no son incluidos en programas de seguridad.

«A la fecha y pese a que existen orden judicial las víctimas no han sido incluidas en ningún programa de protección y se encuentran a merced de la violencia generalizada de persecución a víctimas, testigos y manifestantes luego de las jornadas del paro nacional».

Corporación Justicia y Dignidad.

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Daniel Stiven Sánchez no hacía parte de las manifestaciones ni de la Primera Línea de Siloé

La familia de Daniel Stiven Sánchez, afirmó que el niño no pertenecía a la Primera Línea de los puntos de resistencia en Cali, ni formaba parte de las manifestaciones que se dieron de forma pacifica en la glorieta de Siloé, y fueron reprimidas por el Escuadrón Antimotines, ESMAD y del Escuadrón GOES de la Policía Nacional.

De hecho, los familiares expresaron que el joven trabajaba con ellos y estaba al pendiente de su novia, quien sufre una una patología terminal, lo que le impedían participar de las jornadas de protestas. Sin embargo, según la organización, el 28 de mayo, Daniel, «fue detenido arbitrariamente por efectivos del ESMAD, cuando caminaba por el sector, golpeándolo en forma brutal y siendo subido por la fuerza a una tanqueta de la policía».

«Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante y reiteraba pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas y la detención arbitraria, intentaron rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD dispararon en contra de la brigada, impidiendo su acercamiento».

Corporación Justicia y Dignidad.

La organización también informó que no se realizo el seguimiento correspondiente del protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia, pues el menor intento ser ayudado por habitantes del sector y luego fue conducido a un centro médico y posteriormente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Cali.

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El cuerpo de Daniel «fue entregado en condiciones deplorables» por Medicina Legal

Aunque se esperaba que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ayudará a esclarecer lo sucedido con Daniel Stiven, los familiares del joven afirmaron que su cuerpo fue entregado en condiciones deplorables luego de
la autopsia. El niño tenía «cortes extensos de piel y musculo que no corresponden a prácticas tradiciones de exámenes forenses, justo en áreas donde familiares y testigos habían percatado la presencia de golpes contundentes».

La organización también contó que se tuvo que realizar una manifestación para reclamar la entrega del cuerpo, que aunque se encontraba reconocible y fue identificado por la familia Sánchez, permanecía en las instalaciones de Medicina Legal y quería ser pasado como un cadáver no identificado ante falta de huellas dactilares o ADN que «comprobaran su identidad».

Los representantes de la familia también denunciaron que solo con una acción de tutela fue posible tener el informe de necropsia del cuerpo y que este no cuenta con anexos correspondientes a fotografías, videos, exámenes de laboratorios, radiografías entre otros, lo que para la corporación indicaría que estos no fueron realizados.

Antes de entregarlo (informe de necropsia), las conclusiones fueron divulgadas públicamente en rueda de prensa por el director seccional de Fiscalías de Cali, Dr. Encinales, sin que estuviera presente ningún funcionario de Medicina Legal, en un acto totalmente ilegal. El dictamen es contradictorio a los testimonios que los familiares han obtenido sobre los hechos (…) no entendiéndose unos cortes de piel y musculo realizado por medicina legal en las partes donde se habían visto signos de golpes, considerándose que se alteró el estudio forense en favor de los responsables de la detención del menor. Para medicina legal la causa de muerte del menor fue la inhalación de vapores calientes».

Corporación Justicia y Dignidad.

La Corporación Justicia y Dignidad también aseveró que, la apertura de la investigación penal por homicidio sólo se realizó por parte de estas instituciones luego que los familiares del menor acudieran en vía de tutela en garantía del acceso de justicia y que es evidente que la fiscalía 13 seccional de Cali busca el archivo o preclusión de la investigación, por lo que exigieron a la Fiscalía General de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una unidad que investigue graves violaciones a los DD.HH. pues «no existen garantías de justicia en la seccional actual.

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