La guardia indígena retuvo a 9 sujetos fuertemente armados y con prendas militares luego de que 62 indígenas pertenecientes a 17 familias se vieran obligados a salir de su territorio por ataques.
En la tarde del lunes, el senador Feliciano Valencia hizo pública una denuncia en la que aseguró que indígenas pertenecientes al resguardo doce, Quebrada Borbollón, fueron desplazados, al parecer, por una «incursión paramilitar» en el Chocó.
El hecho resultó en el desplazamiento forzado de este grupo indígena hacia Carmen de Atrato, Chocó.
«Se registra el desplazamiento de 17 familias (62 personas). La comunidad teme por la vida del gobernador y otras personas que pudieron resultar heridas»
Senador Feliciano Valencia en su cuenta de Twitter
Ante esta situación, el 8 de Marzo, el Gobernador indígena Alfonso Queragama, convocó a la guardia para verificar la presencia extraña de un grupo armado. Este grupo indeterminado, desde hacía 3 días estaba con una actitud sospechosa.
Los hechos que cuestionan la autonomía territorial indígena, en cabeza del Ejército, conllevaron a la guardia a actuar en defensa de la vida de las familias Embera Katío.
«Cuando la guardia indígena decide retener a 9 sujetos, fuertemente armados y con prendas militares, es cuando el ejército en la zona, acepta y reconoce ante las autoridades territoriales que estas personas hacen parte de las fuerzas del Estado, la Guardia procede entonces a verificar la identidad de estas personas como mecanismo de protección y defensa de los bienes jurídicos y de la vida de las comunidades indígenas»
Señala ONIC en un comunicado
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Para ONIC llaman la atención varios hechos
A través de un comunicado, la Organización Nacional Indígena de Colombia cuestionó abiertamente el accionar de las fuerzas militares.
El territorio en el que estaban haciendo presencia los militares hace parte de la jurisdicción de una comunidad indígena, sin embargo, no se solicitó el permiso para operativos militares, como está consagrado en la normatividad colombiana frente a los Pueblos Indígenas
Los militares no portaban la indumentaria y demás elementos de identificación para que los indígenas tuvieran claro que se trataba de fuerzas armadas legítimas y constitucionales.
En ese territorio, se ha denunciado la presencia de grupos paramilitares, por lo que la reacción de las autoridades indígenas es legítima de cara a la protección de la vida y de la autonomía territorial de los Pueblos.
Para la ONIC, esto evidencia una grave violación al DIH y genera «zozobra y confusión frente a la actuación del Ejército Nacional».
Por su parte, el Ministro de Defensa Diego Molano, cuestionó a través de un tweet el proceder de la guardia indígena y aseguró que se trató de un «secuestro de soldados».
De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, en 2021 se han dado 26 casos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 casos de desplazamiento masivo rural.
4.062 familias (11.150 personas) se han visto afectadas por los desplazamientos. El 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano.
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