Desde el año pasado, monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, es objeto de amenazas de muerte debido a las denuncias que ha venido haciendo sobre la inseguridad que vive Buenaventura y el abandono estatal frente a esta.
El obispo de Buenaventura y su compromiso con la comunidad
Rubén Darío Jaramillo, quien ejerce desde 2017 como obispo de Buenaventura, ha denunciando en diferentes ocasiones cómo la violencia desatada por el control territorial que ejercen los grupos criminales herederos del paramilitarismo generan terror entre los pobladores.
Monseñor Jaramillo ha alertado sobre los recurrentes desplazamientos forzados, las extorsiones, las amenazas y el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes en el puerto.
«Desde junio de 2020 tuve una primera situación de amenaza. Una persona se acercó a un sacerdote en una zona difícil, para comentarle que había unos poderosos que querían atentar contra la vida del obispo. Dicen que les resulta incómodo por las declaraciones que estaba dando«
Rubén Dario Jaramillo, obispo de Buenaventura
Jaramillo asegura que la fuerza policial ha aumentado su presencia y han hecho efectivas algunas capturas de jefes delincuenciales de las bandas. A pesar de ello, considera que no es suficiente pues, según señala, es un problema estructural que va mucho más allá de esas acciones.
«A través de un WhatsApp se ha amenazado con colocar una bomba y esto se junta en una situación donde estamos denunciando la realidad que está viviendo el puerto de Buenaventura. Yo no tengo miedo, estamos trabajando junto a la comunidad acompañando los procesos sociales y manifestando una realidad que no podemos callar»
Rubén Dario Jaramillo, obispo de Buenaventura
Se recrudece la violencia en Buenaventura
En Buenaventura es una población habitada en su mayoría por comunidades negras e indígenas. Allí se han planeado 14 megaproyectos que se piensan desarrollar en lugares que controlan grupos criminales consolidados desde el desmonte paramilitar en 2006, durante el gobierno de Uribe.
«Buenaventura es una demostración del poder armado que se ha consolidado en Colombia a la vista de todo el mundo, con la ceguera y complicidad de sectores institucionales», afirmó un defensor de derechos humanos.
En los últimos años se ha recrudecido la violencia, sobre todo por disputas por el control territorial. Dicha situación ha generado una de los momentos más complicados en materia de seguridad en el municipio.
«En Buenaventura estamos siendo aniquilados y sometidos a una nueva esclavitud, acá se experimenta la discriminación y el racismo.»
Lideresa afrocolombiana
De acuerdo a datos de Indepaz, en enero de 2021 fueron asesinadas 22 personas y desplazadas cerca de 156 familias, lo que se traduce en 653 personas.
Los pobladores sostienen que las autoridades saben dónde se encuentran los mandos armados y pese a ello, no actúan. Además, defensoras de Derechos Humanos han asegurado que los resultados de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General son risibles.
«Los que están detrás nada dicen, siguen asegurando negocios ilegales como el tráfico de drogas».
Líder social de Buenaventura
Organizaciones sociales, de paz, defensoras de Derechos Humanos e incluso la iglesia de Buenaventura han denunciado altos niveles de corrupción y de vinculación por acción y omisión de estructuras policiales y fuerzas militares con el control calificado de paramilitar.
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Organizaciones defensoras de Derechos Humanos en alerta
Recientemente, se tomó la medida de protección de instalar cámaras de seguridad en el Espacio Humanitario de Puente Nayero y Punta Icaco. Una medida extrema, resultado de la violencia genereda en el territorio, lugar en que los grupos paramilitares han instalado puestos de control, circulan con libertad frente a unidades de policía y de infantería de marina.
Además, la comunidad denunció que ingresaron varias veces al Espacio Humanitario amenazando la vida y la dignidad de quienes se han resistido a la violencia.
Sin embargo, hace pocos días, la Comisión de Justicia y Paz denunció la destrucción de cámaras de seguridad en el Espacio Humanitario de Puente Nayero y Punta Icaco, lo cual ha despertado alarmas de todas las organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
La semana pasada, consejeros políticos de las Embajadas de Alemania, Francia, Irlanda y Suecia, y el Jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, se reunieron en Buenaventura para conocer la situación de inseguridad y violación a los derechos humanos de esta región.
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Obispos se reúnen para solicitar garantías
En este momento, los obispos del Pacífico colombiano están reunidos en Buenaventura, con el objetivo de analizar la situación de seguridad que se vive en el puerto, las implicaciones que tiene para la comunidad y las implicaciones que tiene para la iglesia.
La amenaza al Obispo Jaramillo, encendió nuevamente las alarmas ante la inacción del Estado para brindar garantías a la vida e integridad de quienes denuncian la delicada situación que atraviesa Buenaventura.
Así, organizaciones defensoras de Derechos Humanos, sociales, políticas y comunitarias, han hecho un llamado a todas los entes estatales para que se generen mecanismos que garanticen de manera integral los derechos de los habitantes del territorio.
En ese sentido, han exigido que se proteja la vida del obispo Jaramillo, quién, según afirman, ha sido fundamental en la articulación del movimiento social y ha trabajado arduamente por la paz del territorio.
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