El 7 de septiembre a las 9 am, se presentό un informe titulado «Colombia. Laberintos del cambio: Derechos Humanos, Paz y Democracia, un año de avances y desafíos.» por coaliciones de derechos humanos que reúnen a 500 organizaciones de la sociedad civil. Este informe marca un hito al ser el primero lanzado bajo la administración progresista, que en su campaña se comprometió con la promoción de derechos humanos y la protección del medio ambiente.
Por Beatrice Follesa, Redacción Contagio Radio
Desde su inicio en agosto de 2022, la administración del presidente Gustavo Petro ha implementado diversas estrategias para abordar la violencia en las regiones y buscar la reconciliación con grupos armados ilegales del país. Sin embargo, la situación de los derechos humanos sigue siendo crítica y presenta desafíos significativos.
Estos hechos se reflejan en el informe «Colombia. Laberintos del cambio: Derechos Humanos, Paz y Democracia, un año de avances y desafíos.», el cual fue publicado este jueves por la Coordinación Colombia Europa EE.UU., la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, así como la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia de Colombia.
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El contenido del informe
El informe consta de cinco secciones que cubren la herencia del Gobierno anterior de Iván Duque y los desafíos que enfrenta el Gobierno actual de Gustavo Petro. También se evalúa el primer año de la administración en áreas como seguridad, paz, igualdad de género, acceso al agua y política exterior, junto con los desafíos en la gestión de la oposición. Se incluye un análisis del papel del Congreso, los órganos de control y el Sistema Integral de Paz, concluyendo con un conjunto de recomendaciones para todas las instituciones estatales.
El informe destaca las preocupaciones graves heredadas del gobierno anterior, como el alto endeudamiento (57% del PIB), la deuda social, la deteriorada seguridad y la crisis humanitaria debido al incumplimiento de los Acuerdos de Paz y al aumento del narcotráfico, con un aumento del 43% en los cultivos de drogas ilegales y otras actividades ilícitas.
La deuda social significativa heredada por Gustavo Petro se refleja en estadísticas alarmantes: al final del gobierno de Duque, el 54% de la población carecía de alimentos diarios garantizados, 500,000 niños menores de 5 años padecían desnutrición crónica, la pobreza afectaba al 39.3% de la población y el 23.6% de los jóvenes colombianos no podían estudiar ni trabajar.
En términos humanitarios, el informe señala que durante el gobierno de Duque se produjeron 315 masacres con 1,199 víctimas registradas, así como aproximadamente 850 casos de desaparición forzada, un delito cuyos índices aumentaron de manera constante. Además, más de 254,000 personas fueron desplazadas forzadamente y más de 300,000 quedaron confinadas en sus áreas de origen.
También se destaca la falta de progreso en la llamada guerra contra las drogas, con un crecimiento del 43% en los cultivos de coca en 2022, que llegaron a 204,000 hectáreas. La producción potencial de cocaína alcanzó las 1,400 toneladas, la cifra más alta en 22 años, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, lo que coincide con una expansión significativa de actores armados ilegales en ciertas regiones del país.
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La situación actual
El informe, a pesar de analizar el pasado, se centra en la política de derechos humanos durante la administración de Gustavo Petro. Se destaca que las divisiones en la coalición de gobierno, tanto en el Congreso como dentro del propio partido gobernante, han llevado a una parálisis en la agenda legislativa. Muchas reformas sociales enfrentaron obstáculos debido a la falta de mayorías parlamentarias, y el gobierno recurrió a prácticas cuestionables, como el uso de incentivos para ganar votos.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos reconocen el compromiso del Presidente en la defensa de los derechos humanos. Se señalan logros como la regularización de grandes extensiones de tierras, la aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo colaborativo, una reforma tributaria con elementos progresivos que proporcionan recursos para reformas sociales y la implementación de un programa de renta básica ciudadana para los más necesitados.
El seguimiento de la Paz total
El informe se centra en la «Ley de Paz Total» de 2022, una iniciativa ambiciosa de Gustavo Petro para pacificar el país y tratar con grupos armados activos. Aunque esta política es vista positivamente por los defensores de derechos humanos, también genera un escrutinio riguroso sobre su implementación y la estrategia del presidente y sus aliados.
El informe plantea dos preguntas clave sobre la orientación del gobierno de Petro en derechos humanos: ¿Se orienta hacia un reformismo limitado por las normas del neoliberalismo o se atreve a ser un reformismo más radical? El Plan Nacional de Desarrollo (PND) incluye recursos para reformas sociales y esfuerzos para ayudar a las personas que sufrieron durante el conflicto armado.
Sin embargo, el informe señala un desafío importante: la falta de mayorías parlamentarias necesarias para aprobar leyes clave. Esto ha obstaculizado áreas como la «Paz Total», que no ha avanzado debido a la falta de apoyo en el Congreso.
A pesar de los desafíos, el informe reconoce logros en la política de paz, como el diálogo con el ELN y la disidencia de las FARC, así como iniciativas de paz en áreas urbanas. No obstante, también expresa preocupación por el continuo asesinato de líderes sociales, la relación entre agentes de la fuerza pública y el narcotráfico, y la transformación del ESMAD en UNDMO sin una participación real ni una estructura adecuada.
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Los avances en los derechos humanos
En el capítulo dedicado a los derechos de las mujeres, se resaltan logros como la igualdad de género en el gabinete, la inclusión del capítulo «Mujeres Potencia del Cambio» en el Plan de Desarrollo, la creación de la Política Nacional de Cuidado y la distribución de tierras a 5,677 mujeres rurales.
También se menciona el Plan Nacional de Acción de la resolución 1325 de Naciones Unidas y la participación de algunas mujeres en los diálogos con el ELN. Sin embargo, se subraya la importancia de incorporar de manera integral el enfoque de derechos de las mujeres, equidad de género y enfoques diferenciales en las propuestas de reformas sociales.En cuanto a la legislación, se destacan logros como la aprobación de la reforma tributaria y la ley de Paz Total. Además, se señala el aumento de curules para partidos que promueven los derechos humanos (46 nuevas) y la reducción de curules para partidos tradicionales (55 menos, excepto el Partido Conservador que aumentó en siete).El informe analiza cómo las reformas enfrentaron desafíos debido a la variabilidad en la coalición de gobierno y de algunos partidos aliados, así como la influencia clientelar de los partidos tradicionales, que se considera un obstáculo importante, incluso más que los partidos en oposición. Para las organizaciones de derechos humanos, es fundamental que las reformas sociales y las iniciativas legislativas avancen de manera efectiva, transparente y pública en busca del progreso de los derechos. También se enfatiza la necesidad de llevar a cabo una reforma política de acuerdo con las recomendaciones de la Misión Electoral Especial (MEE), promover la paz y la justicia social en las regiones y realizar una reforma completa del sistema de justicia para garantizar su independencia y accesibilidad para todos. En el ámbito internacional, se destacan logros como la reactivación de las relaciones con Venezuela, la atención a la crisis climática en la agenda internacional, la designación de Colombia para presidir la CELAC en 2025, el cambio en la política antidrogas del país y la aprobación de resoluciones tanto en la ONU como en el Consejo de Seguridad para fortalecer los derechos humanos y promover la construcción de la paz en Colombia.
El informe también critica el papel de ciertos funcionarios judiciales, como el fiscal Francisco Barbosa, la Procuradora Margarita Cabello y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quienes se han involucrado en actividades políticas, obstaculizando y desacreditando la Ley de Paz Total y frenando las reformas.
Desafío y recomendaciones para Petro
Desde que asumió el cargo, el gobierno de Gustavo Petro ha enfrentado la preocupante cifra de 168 líderes sociales y 34 excombatientes de las FARC asesinados. Esto se atribuye a vínculos persistentes entre agentes de la fuerza pública y el narcotráfico, así como a la transformación del ESMAD en UNDMO sin una participación significativa ni una estructura adecuada.
El contexto para los líderes y lideresas sociales es confuso. A pesar de los esfuerzos conjuntos que han contribuido a reducir la deforestación, las amenazas, la persecución y los asesinatos continúan. Las organizaciones que respaldan este informe argumentan que esta violencia persistirá hasta que se desmantele o desmovilice a las estructuras criminales que atentan contra sus vidas y libertades. La Fiscalía tiene un papel importante en esclarecer estos crímenes y desmantelar las estructuras responsables.
El informe también resalta la importancia de promover y proteger el liderazgo de las mujeres, así como de integrar de manera efectiva el Sistema Integral para la Paz. Se hace hincapié en la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana en los territorios para prevenir asesinatos y redirigir el gasto público hacia la seguridad ciudadana en lugar de la violencia armada.
El informe concluye con una serie de recomendaciones al gobierno en áreas clave, incluyendo la paz, la democracia y los derechos sociales. Se insta al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de 2016, la reforma política de acuerdo con las recomendaciones de la Misión Electoral Especial, la promoción de la paz y la justicia social en las regiones, y una reforma integral del sistema de justicia.
En materia de democracia, se recomienda garantizar la participación ciudadana, impulsar reformas contra la corrupción y reformar las fuerzas armadas para superar la autorreforma y el desmonte del ESMAD. También se propone una ley estatutaria de garantía de la protesta social.
