FLIP ha registrado 235 ataques contra la prensa en el paro nacional, la cifra más alta de la década

FLIP ha registrado 235 ataques contra la prensa en el paro nacional, la cifra más alta de la década

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre el 28 de abril y el 10 de junio de 2021 ha documentado 235 casos y 268 víctimas de diferentes tipos de agresiones que sufrieron periodistas, reporteros, fotorreporteros y medios de comunicación que han cubierto las manifestaciones en el marco del paro nacional.

 La FLIP ha aclarado que en este paro nacional se ha registrado la mayor violencia contra la prensa que se haya visto en unas manifestaciones sociales en la última década.

Con la visita de la CIDH a Colombia, la FLIP le entregó un informe que da cuenta del escalamiento de violencia que ha sufrido la prensa en las últimas semanas, aclarando que el hito en los registros ha sido histórico en la organización por los actos generalizados y acentuados en la violencia.

Infografía hecha por la FLIP

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De los 235 casos de agresiones hacia la prensa, 129 casos han sido cometidos por la fuerza pública

Aclaran que es una situación alarmante que el 55% de las agresiones hacia la prensa la haya cometido la fuerza pública, y se evidencia una intención directa para ocasionar daño a pesar de que las personas han estado identificadas con sus cascos, chalecos y demás distintivos, revelando la falta de garantías para ejercer la profesión.

Una de las mayores consecuencias que ha registrado la FLIP, es la autocensura que estos casos han generado en la prensa, sobre todo, en los medios regionales, advirtiendo que es una situación preocupante que se puede normalizar. 

La FLIP aclara que a esto se le suma el riesgo diferenciado que han tenido las mujeres periodistas, ya que tanto la fuerza pública como particulares emplean con frecuencia amenazas de violencia de género contra ellas como una estrategia de hostigamiento, ocasionando que en varios casos las periodistas desistan de su oficio. 

Por esta razón, la organización remite la responsabilidad al Estado colombiano, puesto que este no está garantizando condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico y, por el contrario, quieren controlar el debate público a través de la criminalización de las expresiones en línea, donde ellos recalcan que esta labor la acompaña el monitoreo de redes sociales y el corte y el bloqueo de internet. 

Por último, resaltan que en el informe entregado a la CIDH presentaron la documentación y explicación a estas y otras formas de agresión y obstrucción al trabajo periodístico, y donde resaltaron varias solicitudes que incluían un llamado para que se emitan recomendaciones diferenciadas para la protección de prensa. 

También recalcaron que la violencia institucional que ha recibido la prensa se ha normalizado e intensificado, encontrando un respaldo en un discurso permisivo por parte de las autoridades y un silencio cómplice frente a los abusos de la fuerza.

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Cifras de las violencias hacia la prensa en el marco del paro nacional

La FLIP registra 235 ataques contra la prensa que se dividen en agresiones físicas (77 casos), obstrucción al trabajo periodístico (16), amenazas (12), detenciones ilegales (9), robo y eliminación de material (6), hostigamiento (4), otras (3) y negación de acceso a la información (2). 

Además, agregan que los uniformados, a parte de amenazar, detener ilegalmente, obstruir y estigmatizar han atacado a las y los periodistas con agresiones físicas, donde se valen de sus armas, escudos, bolillos, teasers e incluso con su cuerpo para golpearlos. 

La fuerza pública, según las cifras de la FLIP, han atacado a miembros de la prensa con disparos directos (18 casos); patadas, puños o empujones (15), agresiones con piedras (6), acorralamientos o asediados (2), agresiones con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras (20); agresiones con bolillos, escudos de protección o motos (11), agresiones con armas blancas (3), agresiones con teaser (1) y con detenciones durante el cubrimiento (1). 

Infografía hecha por la FLIP

A estos casos se le suman los que aún no se han registrado por la organización o los que no han sido denunciados. 

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