Presentación «Ellos sabían ¿Dieron la orden?». Fotografía @asociacionminga.
En la mañana de este jueves 5 de mayo, diez organizaciones de DD.HH. pertenecientes al Espacio de Litigio Estratégico, presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe “Ellos sabían ¿Dieron la orden?: De la violación del principio de distinción a la barbarie”. Dicho documento contempla las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “Falsos Positivos” perpetrados en el periodo de 2006 – 2008.
Dentro de las organizaciones están la Asociación Para la Promoción Social Alternativa, MINGA; el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda; la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ; la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, CAJAR; la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP; la Corporación Jurídica Libertad; la Corporación Jurídica Yira Castro y Humanidad Vigente Corporación Jurídica.
La audiencia de presentación se realizó en la Universidad Santo Tomás en Bogotá y contó con la presencia de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de diferentes departamentos del país, organizaciones de DD.HH. y magistrados de la JEP.
Víctimas y organizaciones piden que se amplié la búsqueda de responsabilidades
Pilar Castillo, abogada de la Asociación Minga señaló que “desde el Espacio de Litigio Estratégico han observado que hay una dificultad con la metodología que decidió aplicar la JEP para el caso 03, la cual consistió en investigar de abajo hacía arriba. Consideramos que hasta el momento, tanto en el llamado a versiones voluntarias como en los autos de determinaciones de hechos y conductas, la JEP sigue concentrándose en los militares que ya habían sido vinculados en la justicia ordinaria, incluso en algunos que ya tenían condenas penales en su contra, lo cual no aporta a lo que creíamos desde el inicio sería el valor agregado de la Jurisdicción de ir tras aquellos comparecientes militares que, por el fuero para ser investigados, no habían sido llamados por la jurisdicción ordinaria”.
En medio de la presentación, organizaciones afirmaron que la Seguridad Democrática tuvo mayo impacto entre el 2006 y 2010, lo que refleja una responsabilidad no solo de altos mandos militares, sino también de la Presidencia y la Vicepresidencia.
Por lo anterior, se pide que se investigue la responsabilidad de: Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón como ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal como ministro de Defensa, Sergio Jaramillo Caro durante su desempeño como viceministro de Defensa, el general Fredy Padilla de León como comandante de las Fuerzas Militares, el general Mario Montoya Uribe como comandante del Ejército Nacional, el general Oscar González Peña como comandante Séptima División, el mayor General Carlos Lemus Pedraza como inspector general Ejército, el mayor general Carlos Orlando Quiroga Ferreira como inspector general del Ejército y al Coronel Roberto Pico Hernández como comandante del Batallón Pedro Nel Ospina.
Dentro de los argumentos de las organizaciones, están los «discursos de odio» que habría realizado el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, que sirvió como «autorización» de los crímenes perpetrados por miembros del Ejército Nacional.
«Hay indicios, pruebas, de que hay conocimiento de que el Estado recibió denuncia de la práctica, es decir que habría conocimiento», señaló Manuel García, abogado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. García, también enumero diversas reuniones en las que los temas centrales eran el aumento de las ejecuciones extrajudiciales, en las que se recalcaría la importancia de informar al jefe de Estado de ese momento, y en donde también habrían llamados de entes internacionales.
Víctimas no cesan de clamar verdad sobre los “Falsos Positivos”
“Ni un solo departamento se salvo de las Ejecuciones Extrajudiciales”, fue una de las frases que se repitieron durante la audiencia. Sonia Cifuentes, de la Asociación Minga, afirmó que “todo el país se ha visto manchado de sangre (…) Ningún departamento de los 32 se salvó de las Ejecuciones Extrajudiciales, ni siquiera San Andrés”.
Muchas víctimas afirmaron que sienten desconfianza e insatisfacción respecto al papel de la JEP, pues ha recogido lo que entes ordinarios ya han analizado, pero invitaron a los magistrados a trabajar por la justicia, que según los relatos, no ha llegado en décadas.
«Las víctimas de Arauca nos sentimos excluidos», era algunas de las frases de una víctima de ese departamento, quien agregó «uno quisiera decir tantas cosas en estos espacio, pero realmente lo que queremos es que este país cambia a una verdadera democracia».
Jesús Morales, víctima de Putumayo manifestó que «el Putumayo también es Colombia, hemos tenido mucho abandono del estado. A nosotros también nos han maltratado (…) El 23 de mayo del 2007 el Ejército asesino a mí hermano y lo hizo pasar por guerrillero, nosotros creíamos en la justicia y que la Fiscalía no iba ayudar, han pasado 15 años»
La víctima también se refirió a la denuncia actual sobre «falsos positivos», «así como el Ejército fue a hacer daño a nuestros territorios, ustedes como magistrados vayan hasta allí y conozcan nuestras preocupaciones, y ojala pronto porque se está repitiendo lo de los falsos positivos (…) Es muy triste escuchar a un abuelito de 80 años que diga que no quiere morir sin conocer la verdad, y hace dos años murió, era mi padre y no ha pasado nada».
«Los de Putumayo no somos guerrilleros, el Putumayo es muy bonito y ojala todos vayan y lo conozcan», afirmó Morales.
Por su parte, Claudia Barrientos, de la región del Catatumbo en Norte de Santander, expresó «estoy en representación de mi hermano Javier Barrientos, víctima de falsos positivos en 2007 (…) 10 militares y un civil reconocieron responsabilidad, sin embargo no ha sido suficiente porque no ha ofrecido verdad. Queremos pedirle a la JEP que no quite el subcaso del Norte de Santander».
Dentro de las solicitudes realizadas está revisar los archivos presidenciales y ministeriales para confirmar si existió conocimiento previo de lo que pasaba en todo el país. El magistrado scar Parra, afirmó que «sabemos que hay tristeza, sabemos que hay dolor y rabia», pero ven en este espacio la oportunidad de fortalecer su trabajo.
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