En Colombia hay cinco conflictos armados: CICR

Foto: CIRC
27 Dic 2018

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en Colombia existen 5 conflictos armados internos en los cuales aplicaría el Derecho Internacional Humanitario (DIH); además, en 4 ciudades del país se presentan situaciones de violencia regidas por el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos.

Según el Comité el vacío de poder generado por la salida de las FARC de los territorios, ha provocado disputas entre grupos armados, quienes luchan por tomar el control en diferentes zonas. Esta situación ha obligado al CICR a hacer una evaluación sobre los nuevos conflictos armados no internacionales (CANI’s) que se presentan en el país, y están afectando a la población, así como la propia labor del Comité.

La identificación de estos conflictos resulta útil para aplicar el DIH, en tanto tiene implicaciones sobre el uso de la fuerza que se emplea para combatir a los grupos alzados en armas, así como las normas para respetar a la población civil y miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s). (Le puede interesar: «Los retos humanitarios para 2018 según el CICR»)

En el caso de la CICR, los criterios que deben cumplirse para que se reconozca la existencia de un CANI son: Que «las hostilidades alcanzan un nivel mínimo de intensidad», lo que incluye una duración, número de personas que participan en los enfrentamientos y armas utilizadas, entre otras; y que los grupos armados que «participan en los actos de violencia están suficientemente organizados», es decir, que tienen una estructura jerárquica, con cadena de mando capaz de «planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares».

En cuatro CANI’s está involucrado el Estado 

Para determinar si una acción violenta obedece a un CANI no es necesario que el grupo perpetrador del ataque tenga motivaciones políticas, económicas, étnicas o religiosas; por esta razón, el Comité de la Cruz Roja considera que hay 4 conflictos «entre el Gobierno del país y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz».

Según el informe sobre «Conflictos armados focalizados» 2017-2018, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), las acciones del ELN afectaron durante el primer semestre de 2018 a 136 municipios, las del EPL a 9, las de las AGC a 225, y las del Bloque Sur-Oriental a 20. (Le puede interesar: «18 grupos narcoparamilitares operan en Colombia»)

El informe de INDEPAZ utiliza el término de «Grupos Posdesarme de las FARC», para agrupar a las disidencias, grupos Rearmados para Negocios Ilegales (RNI) y Grupos de Seguridad del Narcotráfico y Mafias (GSNM); de allí la diferencia en denominaciones respecto al CICR, que por su parte, identifica únicamente al Bloque Oriental, en sus Frentes 1,7 y 40, como parte de un CANI.

El Conflicto Armado No Internacional en el que no interviene el Estado

En la región del Catatumbo, ubicada en Norte de Santander y limítrofe con Venezuela, tiene la presencia de al menos 3 actores armados (ELN, EPL y Fuerza Pública), presenta realidades de desplazamiento (interno y externo desde Venezuela), situaciones que se suman a la presencia de cultivos de uso ilícito y desigualdad percibida por sus habitantes, en términos de acceso a oportunidades de salud, vivienda y educación.

Es en esa región que el Comité de la Cruz Roja ha identificado un quinto CANI entre el ELN y el EPL, o los denominados Pelusos. Estructuras que se enfrentan para lograr el control territorial de esta importante región, para lograr el dominio sobre los negocios ilegales que operan en la zona. (Le puede interesar: «Asesinan al líder social José Antonio Navas en Catatumbo»)

Adicionalmente, la CICR menciona otras situaciones de violencia «que no alcanzan el umbral de un conflicto armado», pero en las cuales tiene competencia la acción humanitaria que realiza, entre ellas, destaca las situaciones de violencia urbana que sufren Medellín, Buenaventura, Cali y Tumaco, «así como el uso de la fuerza durante protestas sociales, como en el caso de paros agrarios o manifestaciones que se tornan violentas» en el país.

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