Nuevamente se abre el debate de la erradicación de la hoja de coca en Colombia. El 1 de marzo, Estados Unidos certificó nuevamente a Colombia en su lucha contra las drogas y anunció que un 20% del aporte anual del país norteamericano ha sido liberado, es decir cerca de 25 millones de dólares serán destinados para contribuir con las labores de erradicación.
Según el Departamento de Estado de EEUU, el gobierno colombiano «logró resultados sorprendentes» y necesita de una «estrategia integrada de erradicación que incluya una fumigación aérea dirigida» para alcanzar la meta de reducir los cultivos al 50%.
Según la Corte Constitucional en su sentencia T-236 de 2017, está prohibido continuar esta actividad hasta no ofrecer las garantías requeridas, sin embargo existe la preocupación de que el gobierno retome esta práctica en el mes de abril, como lo ha manifestado el Ministro de Defensa, Diego Molano.
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¿Cómo avanza el proceso de erradicación actualmente?
Según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno colombiano, 43.711 hectáreas de cultivos ilícitos fueron erradicadas de manera voluntaria, mientras que 130.000 hectáreas fueron destruidas por medio de la erradicación forzada en 2020.
Sin embargo campesinos, líderes sociales, comunidades y expertos han manifestado su descontento con esta manera de enfrentar la lucha contra la droga, pues no contempla una verdadera producción en el campo y los cultivadores se ven afectados al no poder comercializar dignamente los productos que remplazan la hoja de coca.
En entrevista con Contagio Radio, Eduardo Díaz, promotor de la sustitución voluntaria del Acuerdo de Paz, dijo que, el gobierno de Joe Biden e Iván Duque promueve nuevamente la erradicación manual forzosa y la aspersión aérea sin ver la verdad y la realidad.
Pues además de no ser efectiva en la lucha contra las drogas, afecta directamente a los campesinos, que son sometidos por los narcotraficantes, que se lucran en medio de las prohibiciones y la ausencia del Estado.
“El problema de la erradicación forzosa es que tiene una resiembra del 70%… Los campesinos vuelven a sembrar coca, porque están endeudados con los narcotraficantes. Mas allá de las dudas que ahí en las cifras, hay una resiembra altísima… Lo que hoy quitan mañana lo vuelven a sembrar”.
Eduardo Díaz, promotor de la sustitución voluntaria en el Acuerdo de Paz.
Eduardo Díaz también alertó de los daños ambientales que causa la resiembra al extenderse a otro territorios y manifestó que el Gobierno actúa torpemente en su lucha contra las drogas, pues no contempla los costos de la erradicación forzada de manera terrestre o aérea y los de la erradicación voluntaria.
Según Díaz se debe cumplir el Acuerdo de Paz, dialogando con los campesinos y dando el apoyo de un salario mínimo hasta por un año que se estableció y que ayudaría a remplazar los cultivos y contribuir a la creación de proyectos productivos que mejoren la calidad de vida de la comunidad que ahora se enfrenta con las fuerzas militares.
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¿Qué reacciones hay sobre la erradicación aérea?
Uno de los comentarios que llamo la atención el día de la certificación, fue el del alcalde de Cali Jorge Ospina, quién manifestó su desacuerdo con esta practica de erradicación.
Las familias que dependen del cultivo de coca han manifestado a la Comisión de Justicia y Paz la violación por parte de las fuerzas militares que desconoce la autoridad territorial de pueblos como el Nasa, que ahora se encuentra en un proceso de erradicación donde hay un desconocimiento también la «ancestralidad y el derecho de consulta para ingreso al territorio».
En Catatumbo por otro parte, líderes sociales y alcaldes han dicho que se sienten preocupados por la posibilidad de volver a una erradicación aérea y manifiestan su descontento ante el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (Pecat).
“Estamos muy preocupados con la erradicación porque siempre que se ejecuta se reanudan los problemas de orden público, ya se registró una acción violenta contra la Fuerza Pública en la vereda Monte Tarra, allí se vieron afectadas las viviendas de varias familias campesinas de la localidad por los disparos de arma de fuego en la zona”
Deivy Bayona, alcalde de Hacarí, en la región del Catatumbo.
