Aunque la ONU reconoció los avances del Gobierno nacional y su enfoque en los derechos humanos, destacó que la violencia continúa afectando a las comunidades, siendo indígenas, afrodescendientes y campesinos en las zonas rurales las personas más afectadas.
Por Redacción Contagio Radio
Bogotá. Este 15 de agosto la representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Julliette Rivero, presentó un análisis de la situación de derechos humanos en Colombia. “Nos preocupa la expansión de los grupos armados y las estrategias violentas de control social que utilizan contra la población civil y las organizaciones de base, a pesar del proceso de diálogo ofrecido a ellos”.
Si bien es cierto el organismo internacional reconoció el enfoque de derechos humanos del Gobierno Petro, aseguró que las cifras siguen siendo muy altas. Durante su intervención Rivero resaltó que en el primer semestre de 2023 hubo una disminución del 19% de los casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en comparación con el semestre anterior de julio a diciembre de 2022, el Gobierno sigue en deuda.
En el primer semestre de 2023 la ONU verificó 46 casos de homicidios de personas defensoras, de las cuales 39 eran hombres y siete mujeres. 11 eran indígenas, nueve afrodescendientes y 15 campesinos. La representante del Alto Comisionado de la ONU dijo que el 35% de las personas asesinadas que defensoras de derechos humanos eran integrantes de juntas de acción comunal.
Juliette De Rivero, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su preocupación en este informe debido al aumento de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el Cauca. 12 homicidios han ocurrido en este departamento tan solo en el primer semestre de 2023. Los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca también mantienen altas cifras.
Desplazamientos forzados, confinamientos y masacres
Sobre desplazamientos forzados, la ONU destacó que hubo una disminución del 33% de los casos de desplazamiento en comparación con el semestre anterior. También dijo que hubo un aumento del 2% de los casos de confinamiento. Del mismo modo, denunció que hubo dos casos menos de asesinato de excombatientes durante el mismo periodo.
La ONU también observó un aumento del 11% de masacres en comparación con el segundo semestre de 2022. Según este organismo, hasta la fechan han observado 52 masacres en lo que va de 2023. Los departamentos más afectados fueron el Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Juliette De Rivero rechazó también el aumento del reclutamiento infantil, como lo han denunciado las comunidades: “Exhortamos a incluir desde un primer momento el cese del reclutamiento infantil y la protección de la niñez en los diálogos o negociaciones con grupos armados”, dijo De Rivero.
Según el Organismo Internacional, en el primer semestre del año recibió 57 denuncias por reclutamiento de menores y aclaró que existe un enorme registro de reclutamiento, uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. La ONU confirmó que en lo que va de 2023, van 48 casos de menores de edad y nueve se encuentran en proceso de verificación.
De igual forma, indicó Rivero que de los 48 casos verificados, 25 son niñas y niños indígenas y dos menores son afrodescendientes.
Entre las causas aparece, la inseguridad alimentaria y la falta de satisfacción del derecho a un nivel de vida adecuado. De igual forma, la desprotección frente a las violencias basadas en género y la pérdida cultural de los pueblos étnicos por el impacto que tiene el conflicto, ya que generan una mayor vulnerabilidad de la niñez frente a estas prácticas abusivas, indicó la representante de la ONU.
Otras voces
Camilo Umaña, Viceministro de Justicia, señaló que a pesar de las mejorías en las cifras en ciertas zonas, estas no resultan del todo satisfactorias. “Tenemos que reconocer como gobierno nacional que la muerte de un solo defensor o una sola defensora de derechos humanos, el confinamiento de una sola comunidad, el reclutamiento de una sola persona menor de edad es absolutamente inaceptable”, dijo.
Por su parte, Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, aseguró; “Este es un gobierno que reconoce todas las cifras que se vienen construyendo en materia de agresiones a líderes sociales. Respetamos todos registros y estos demuestran que la situación sigue siendo grave, así tengamos una leve disminución cercana al 19 por ciento.”
El pasado 11 de agosto, Human Rights Watch denunció que en lo que va del 2023, cien líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. Las regiones con mayor número de defensores y defensoras de derechos humanos, así como líderes y lideresas sociales, lo encabezan el departamento del Cauca con 21 casos, Antioquia con 10, Nariño con 10, el Valle del Cauca con 10, en Arauca cinco casos. Bolívar, Cesar, Córdoba y Norte de Santander con cuatro casos.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz (Indepaz) quien lleva un conteo permanente de los actos de violencia contra la población, así como contra los líderes y lideresas sociales, confirma la gravedad de las cifras. Según Indepaz, hasta el 8 de agosto 2023 han sido asesinadas 185 personas en 57 masacres ocurridas en todo el país. Hasta el 31 de diciembre de 2022 hubo 94 masacres con un saldo de 300 personas asesinadas. En 2021 ocurrieron 96 masacres y 338 víctimas.
Indepaz también confirmó que hasta el pasado 13 de agosto, en el 2023, fueron asesinados 105 líderes y lideresas sociales en Colombia, y que en el presente año han sido asesinados 24 firmantes de paz, 380 desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC.
