En medio del fuerte rechazo al decreto mediante el cual el gobierno pretende volver a la aspersión con glifosato en el territorio nacional, son varias las voces que se manifiestan en contra de esta imposición, entre ellas las de comunidades rurales qué le han apostado a la paz.
En una nueva misiva una serie de comunidades de diversos territorios en el chocó y Antioquia aseguran que este decreto atenta contra miles de vidas pues produce contaminación, destrucción de especies vivas y afecciones directas e indirectas contra la salud humana.
Además señalan que la represión que este tipo de operaciones implica erosiona aún más el «Estado socioambiental de derecho» y profundiza la marginalidad y la exclusión de lo rural.
Invertir en fumigaciones con glifosato deja un saldo negativo
Para estás comunidades, otro de los asuntos importantes, es que estas inversiones militares no se necesitan y dejan saldos negativos en cuanto a violaciones de Derechos Humanos corrupción y complicidad con la dinámica del narcotráfico que invaden varios territorios.
También señalan que las fumigaciones aéreas con glifosato, los monocultivos como la palma de aceite, la minería y los proyectos petroleros madereros y ganaderos han representado una amenaza constante para las vidas.
Comunidades temen que las fumigaciones dañen lo que han podido recuperar en sus territorios
A pesar de ello señalan que sus formas de vida y sus maneras de interactuar en el territorio ha permitido la recuperación de muchas especies sin embargo este decreto es una amenaza para esos avances. Le puede interesar: Aspersión aérea: una estrategia fallida que se repite.
Vale la pena resaltar que una de las principales críticas a este decreto, y qué ha sido replicada por organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales, es que el porcentaje de resiembra luego de la aspersión con glifosato supera el 40%, encontraste con el 1% cuando se habla de planes de sustitución voluntaria. Lea también: Fuerte oposición a decreto que retorna el glifosato
Por último, comunidades y procesos hacen un llamado al diálogo y a la escucha por parte del gobierno para que comprenda integralmente el problema de los cultivos de uso ilícito y pidieron revocar este decreto como una muestra de compromiso y coherencia con los compromisos ambientales qué ha firmado el Estado ante instancias internacionales.
