Alberto Fujimori. Fotografía GEC.
Después de casi treinta años miles de mujeres en Perú podrán por fin ver reconocido su derecho a la justicia. La misma que vienen reclamando desde que el Gobierno peruano las obligó a una esterilización masiva, con el objetivo de reducir la natalidad en el país para promover el crecimiento económico.
El pasado 11 de diciembre, tras nueve meses de audiencias, el juez Rafael Martínez anunció que será procesado el expresidente de Perú Alberto Fujimori, mandatario entre 1990 y 2000, que ya había sido condenado en 2009 a 25 años de reclusión por crimines de corrupción, abuso de derechos humanos y lesa humanidad.
Junto a él serán investigados algunos de sus colaboradores y ministros. Entre ellos, Alejandro Aguinaga, médico personal de Fujimori, ex ministro de Salud, y congresista del partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente.
Diecinueve años de batalla legal y las aberrantes cifras de víctimas
Llega así a su fin una batalla legal que ha durado diecinueve años y que marca una primera victoria para miles de víctimas, tanto hombres como mujeres, que han luchado durante años para tener la posibilidad de que los responsables de esos horrores fueran llevados ante la justicia. La primera investigación se abrió en 2002 y el caso estuvo al borde de ser archivado cuatro veces.
A lo largo de los años se han presentado unas 1.317 denuncias por esterilizaciones forzadas, ocasionadas entre 1996 y 2000.
Sin embargo, según la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas – AMPAEF, y según reportes recogidos por la Defensoría del Pueblo, se estima que fueron alrededor de 270.000 las mujeres indígenas obligadas a someterse a la ligadura de trompas en el marco del “Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”.
Conforme a las cifras oficiales, al menos 18 mujeres han muerto durante estas operaciones.
El obstáculo legal de Chile
Para que el juicio empiece oficialmente, sin embargo, hay que superar un obstáculo legal: Chile tiene que avalar el proceso; los acuerdos de extradición entre ambos países no incluyen, de hecho, este tipo de cargos.
Fujimori, en efecto, fue extraditado a Perú desde Chile en 2007, pero, como ya explicado, la extradición no incluía las esterilizaciones forzadas. Se cree que el nihil obstat podría tardar hasta un año.
Un gran enemigo del Alberto Fujimori presidente fue el grupo paramilitar Sendero Luminoso, que él reprimió con balas y sobornos. Para derrocar a la organización comunista de inspiración maoísta, Fujimori suspendió durante su mandato la función del congreso, declarando el estado de emergencia en el país. Lo que por muchos fue explicado como un “autogolpe”.
Produce curiosidad que posteriormente el político peruano de origen japonés utilizó, a pesar de las diferencias ideológicas y de método, las mismas medidas de China para contener la natalidad en el país. Aunque con una disciplina más brutal e inhumana.
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