En un comunicado emitido el 2 de marzo, la JEP expresó que los esfuerzos de protección de las entidades del Estado son insuficientes para evitar los asesinatos de los excombatientes y firmantes del Acuerdo de Paz.
Según la JEP, más de 250 excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz. En lo que va del año, la Indepaz registra 10 asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz.
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No hay articulación entre las entidades para proteger la vida de los excombatientes
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP emitió órdenes a los ministerios de Defensa y del Interior, al Comisionado de Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización, a la Fiscalía y a otras entidades para que adopten medidas necesarias que protejan de manera integral a más de 9.000 excombatientes, quienes se encuentran en proceso de reincorporación.
La JEP resaltó que los fallos de las entidades gubernamentales se encuentran en la desarticulación, ausencia o escasez de una respuesta pronta y eficaz de las autoridades competentes para mitigar el riesgo de las personas que están en peligro.
Además, la JEP resaltó que los espacios interinstitucionales no son eficaces para la protección de los excombatientes, tampoco se detectan herramientas o instrumentos que sean adecuados para medir los resultados de las acciones que emprenden estas entidades gubernamentales.
En el comunicado, la JEP determinó que al interior de la Defensoría del Pueblo carece de una dependencia que coordine de manera general las garantías de derechos de los excombatientes.
Agrega la JEP que es muy bajo el acatamiento de las recomendaciones que hace el Ministerio de Interior.
Así mismo, añade que no hay acciones judiciales o disciplinarias en contra de las autoridades para asegurar el cumplimiento de protección a excombatientes.
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Es fundamental el trabajo conjunto entre las entidades gubernamentales
El 26 de febrero la JEP emitió tres autos judiciales (resolución judicial mediante la cual un juzgado o tribunal se pronuncia sobre peticiones de las partes), en las que ordenó que el Ministerio de Defensa apoye a la Fiscalía para avanzar en las investigaciones donde la entidad no ha podido trabajar por el alto riesgo de algunas zonas.
También ordenó al Alto Comisionado para la Paz que en 15 días, después de la fecha de emisión de los autos, envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la Política Pública y Criminal para el desmantelamiento de organizaciones criminales. Así mismo, a la Defensoría del Pueblo le ordenó tomar medidas para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas.
También se le pidió al Ministerio de Interior el seguimiento a la Comisión Intersectorial para que la respuesta de las Alertas Tempranas tenga una reacción inmediata y mejore su respuesta a las situaciones de riesgo que sean advertidas.
Dentro de sus órdenes, la JEP involucró a la Unidad de Investigación de la Fiscalía para que informe los avances de las investigaciones de 19 excombatientes que fueron asesinados y habían denunciado amenazas.
Al Consejo Superior de la Judicatura se le pidió que informara mensualmente sobre los procesos que tienen en su base de datos y que están relacionados con los delitos que se cometieron contra excombatientes desde diciembre del 2016.
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Las medidas que ha tomado el gobierno no son efectivas.
En 2020 la Misión de Verificación de Naciones Unidas hizo un llamado de atención al Gobierno colombiano por la seguridad a los excombatientes, que según los informes de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en ese mismo año hubo 73 homicidios a firmantes del Acuerdo de Paz, que por consideración de la organización, ha sido uno de los años más violentos junto al 2019, el cual registra 77 homicidios a excombatientes.
El desacierto de las instituciones en materia de protección a excombatientes que menciona la JEP y la ONU, no solo se ve reflejado en estas cifras sino en la historia de las mismas personas asesinadas. El 7 de enero, el excombatiente Diego Yule, fue asesinado en Cali mientras se desplazaba con medidas de seguridad.
Esta es la tercera vez que la JEP ha denunciado la mala gestión del Gobierno colombiano para defender la vida de los excombatientes.
En 2020 la JEP ya había ordenado a la Fiscalía y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación que tomaran medidas de protección para asegurar la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz.
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