Fotografía de referencia de El Mundo.
La Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, ACOOC, denunció este miércoles 18 de agosto, 13 casos de reclutamiento militar irregular. De acuerdo a la información de la organización, los hechos se presentan en el Batallón de Artillería de la localidad de Usme, donde el Ejército Nacional y el BASDO 52, ha venido realizando operativos de reclutamiento en zonas aledañas.
Los jóvenes retenidos son estudiantes bachilleres y universitarios, que según la organización, habrían sido víctimas de varias inconsistencias, entre ellas, ser llevados al batallón por medio del transporte público, como TransMilenio y caminando. Además se les hizo una retención ilegal de sus documentos de identificación y se generaron citaciones para aclarar su situación militar para el mismo día en que fueron detenidos.
Otra de las graves denuncias de ACOOC es que, los jóvenes están siendo intimidados por los militares para que sus familias, quienes son acompañadas por la organización, se retiren de las instalaciones del Batallón, donde hacen presencia desde el día miércoles junto a colectivos de la localidad y Personería de Bogotá. Dentro de las amenazas del Batallón está el traslado de los jóvenes a las regiones del Meta, Arauca y Guaviare.
Ester Landy Vergara, madre de uno de los jóvenes relató para Contagio Radio, que su hijo Héctor Perdomo, fue llevado al Batallón de Artillería con engaños por parte de los militares reclutadores. Según la mujer, el joven de 19 años se encontraba acompañando a un amigo a vacunarse en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño cuando fue interceptado por los uniformados que le solicitaron su cédula y se la retuvieron.
«Yo no lo podía dejar a mi hijo allá»: madre de un joven retenido
La madre también contó que tras la detención del documento de Héctor, los militares argumentaron que para recuperarlo debía asistir a una charla en el batallón y después podría retirarse. Ester manifestó que el joven fue movilizado en un bus de TransMilenio, como cualquier otro ciudadano y al estar presente en el conversatorio establecido como condición no recibió su cédula de vuelta.
«Él por su cédula se fue con ellos (…) cuando llegó allá el trato no fue muy bueno y le decían cosas, yo lleve el certificado de estudio y dijeron que eso no servía para nada… Él se gradúa este año y yo no lo podía dejar allá, no quiere prestar el servicio militar y tampoco lo voy a obligar. Ya hubo dos de mis hijos que prestaron el servicio y no voy a dejar que el último también lo presente, porque él no quiere», expresó Ester Landy Vergara.
Héctor Perdomo logró salir del batallón el día miércoles, pues como contó ACOOC el reclutamiento tenia un carácter de ilegalidad. Ester dijo que junto a su hijo salió otro joven vecino, sin embargo aún hay muchachos que permanecen en las instalaciones del Ejército y que según el testimonio de las familias fueron llevados a través de mentiras para recuperar sus documento de identidad.
Ester también afirmó que miembros del Ejército agredieron a su otro hijo, Johan Perdomo e intentaron culparlos de portar armas blancas para justificar empujones e improperios contra los jóvenes acuartelados y sus parientes.
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Reclutamiento forzado legal e ilegal constituye una práctica que vulnera los DD.HH.
Varias organizaciones de derechos humanos manifiestan su rechazó ante el reclutamiento forzado de jóvenes ya ilegal o legal. De acuerdo a Diego Quiroga de ACOOC, la obligatoriedad del servicio militar debe ser anulada para evitar que jóvenes que no quieran participar de las filas del Ejército u otras instituciones sean forzados a hacerla por no cumplir las excepciones contempladas en la Ley 1862 de 2017.
ACOOC afirmó que para transformar a las Fuerzas Militares es necesario que sean acuartelados los jóvenes que sí quieren formar parte de ellas, por iniciativa propia y no los muchachos que son acuartelados para cumplir con las metas de reclutamiento establecidas por los convenios o tratados militares entre el Gobierno colombiano y gobiernos extranjeros.
Diego Quiroga, comentó también, que los militares se ven obligados a realizar operativos de reclutamiento para cumplir con esas cantidades mínimas de incorporados establecidas y que según el mismo Ejército Nacional, este año superan las cifras de reclutas de 200 años, con más de 20.000 incorporados.
ACOOR, también manifestó que a pesar de la prohibición de las llamadas batidas se están desarrollando practicas para el reclutamiento irregulares como movilizar a los jóvenes en buses del servicio público o a pie con el fin de que no se capte ninguna placa militar.
Diego Quiroga, explicó que el Ejército no puede requerir documentos civiles como la cédula de ciudadanía y mucho menos hacer retención de este documento. Los militares únicamente pueden solicitar la libreta militar o impartir citaciones para la situación militar, sin embargo esta debe contar con un tiempo prudente, en el que la familia pueda adquirir los debidos documentos para demostrar que hay excepciones que eviten que el joven sea obligado a prestar servicio.
Para la organización que se enfoca particularmente en estos casos, los militares tampoco tienen conocimiento del derecho a la objeción de conciencia que responde a pensamientos políticos, religiosos, etc. La Defensoría del Pueblo también advirtió de esta situación en el año 2014 y manifestó que se «registró un déficit en la protección de este derecho fundamental. Las fuerzas militares y las autoridades judiciales desconocen e inaplican este derecho, lo que obliga a quienes pretenden ser reconocidos como objetores a interponer acciones de tutela».
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