Suspensión de audiencia virtual un paso en la lucha contra el glifosato

Suspensión de audiencia virtual un paso en la lucha contra el glifosato

Ante una tutela interpuesta por la Asociación de Cacaocultores del municipio de Policarpa, Nariño, una jueza ordenó la suspensión de audiencia virtual que definía términos para la retoma de aspersión con glifosato en Colombia.

La orden fue interpuesta por el Juzgado Primero de Familia del circuito de Pasto, luego de que el pasado 14 de mayo la asociación campesina demandara a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) por convocar a una audiencia virtual en la que se manejarían temas claves en el retorno del las glifosato sin tener en cuenta a los principales afectado.

La audiencia, que estaba agendada para el 27 de mayo, pretendía discutir el plan de manejo ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el glifosato (PECIG), una decisión respaldada por la Policía Antinarcóticos.

Entidad que ante las posibles respuestas que podría traer esta decisión en las comunidades, puso al servicio de las comunidades mecanismos comunicativos como la emisora, pretendiendo que iban a ser suficientes para promover y garantizar la participación de las poblaciones rurales, principales afectados por las posibles aspersiones.

Jennifer Mojica abogada especialista en derecho procesal e integrante de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, organización que junto a otras 88 presentaron este lunes una acción de tutela con el mismo objetivo, ordenar a la ANLA suspender la realización de esta audiencia; señaló qué, «este es sólo el primer paso para que el Gobierno entienda la ineficiencia del uso del glifosato«.

¿Que hay de fondo tras la audiencia virtual?

Según la abogada detrás la medida, está toda la historia que tiene Colombia frente a la erradicación con glifosato, «una historia que desde los años 70, ha registrado el daño al ambiental y a la vida de las personas que son fumigadas».

Asimismo agrega que desde el año 2015, el entonces Ministerio de Salud «demostró con pruebas científicas los efectos dañinos del glifosato en la salud y la vida de las personas como, cáncer , malformaciones y enfermedades respiratorias crónicas de las generaciones actuales y futuras».

Fue en ese años que la Corte Constitucional decidió suspender la fumigación aérea con glifosato, aceptando la clara evidencia del Ministerio ante los efectos del uso de este pesticida.

Mojica añade, que posterior a ello la Corte ha venido presentando diferentes argumentos bajo los cuales se puede reactivar esta actividad, «condiciones como una licenciamiento ambiental riguroso y respaldado por pruebas científicas, un proceso que debe ser claramente participativo y dado mediante las audiencias públicas»

Asimismo otro de estos requisitos para la activación es la ejecución de un plan para la lucha contra las drogas que vaya de la mano en lo planteado en el proceso de paz de la Habana, el cual prioriza la sustitución voluntaria y a las comunidades cultivadores de coca marihuana y amapola, «todo esto está de fondo pero nada se ha cumplido a la fecha».

«Un paño de agua tibia al proceso de sustitución voluntaria»

Para la abogada lo presentado en los últimos días simplemente señala que se suspende la audiencia de mayo, pero esto no representa aún una respuesta final sobre lo que se está tutelando.

«La ANLA supone que estos procesos de participación virtual se pueden hacer a partir de mecanismos electrónicos, pero esto no es cierto, en la zona rural colombiana la cobertura de internet es muy baja, sumado a que más de la mitad de la población del país no tiene acceso a un compuador»

Destacando que por ahora, no hay indicios de que el Gobierno desea evaluar su programa de lucha contra los cultivos de uso ilícito, a pesar de ser denominado como fallido, la abogada señala que el paso a seguir es esperar a que haya una respuesta a las diferentes tutelas que han sido presentadas por parte de las comunidades.

«Lo que sigue es que los jueces tengan que fallar sobre estas peticiones que hemos hecho, seguramente llegará a la Corte Constitucional, sabemos que esta es una lucha jurídica muy larga pero la seguiremos dando en protección de las comunidades»

Escuche aquí al entrevista completa con Jennifer Mojica. Abogada especializada en derecho procesal. Integrante de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas STI-CNTI