Fotografía Hocol.
Los pueblos pijaos que habitan el municipio de Ortega en el sur de Tolima, siguen sufriendo los daños ambientales y sociales causados por la empresa petrolera Hocol S.A. Según el defensor de DDHH, Julián Viña, desde hace años, el resguardo indígena Ortega y otras comunidades de municipios aledaños expresaron su rechazo e inconformismo con el extractivismo en la región, sin embargo han sido víctimas también del abandono del Gobierno y las entidades encargadas que parecen no querer escuchar sus múltiples denuncias.
Con una Minga permanente que completa más de cinco años, la comunidad ha reclamando el daño ambiental causado por el vertimiento de aguas contaminadas, la deforestación, que también afectó gravemente al cerro Abechucos y la contaminación auditiva que impide el desarrollo adecuado de las clases de los niños y niñas de la región.
Según Julián Viña, las comunidades actualmente han seguido siendo testigos de los derramamientos de petróleo en el Pozo 4, que pertenece a la empresa Ecopetrol y es operado por Hocol, que además presenta un desgaste de su maquinaria y malos procedimientos que afectan acuíferos, aljibes, ríos y quebradas que suministran el consumo de agua de los resguardos del sector.
Julián Viña, también afirmó que en la zona se percibe un fuerte olor, que incluso es desagradables y sale por medio de los gases de la empresa y empeora con los químicos que estaría utilizando Hocol.
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Indígenas desplazados de su propio territorio
Las comunidades indígenas han realizado manifestaciones frente a la empresa Hocol, sin embargo han sido intermitentes y no afectan las labores de la empresa, sin embargo la Fuerza Pública ha hecho presencia en el territorio, intimidando a los y las personas que se encuentran expresando sus reclamos. Para Julián Viña, la Fuerza Pública termina siendo «la seguridad privada de la empresa».
Funcionarios manifestaron a la comunidad que darían solución a la situación que atraviesan, sin embargo pidieron que se levanten los bloqueos, lo que no genera confianza pues la población nunca ha sido escuchada por las instituciones «llevamos más de cuatro años y hemos asistido a muchas reuniones y siempre llegamos a lo mismo (…) Año tras año dándole prologas y nunca han hecho una sanción real contra la empresa frente a las gravísimas afectaciones. Estoy seguro que todas las comunidades están contaminadas de metales pesados y la gente lo esta evidenciando», agregó Julián Viña.
Además del abandono, Julián Viña rechazó el desplazamiento al que pueden ser sometidas las comunidades que viven cerca a las plataformas de la empresa y que fueron advertidas de que si continuaban su movilizaciones tendrían que ser desalojados por la Fuerza Pública, que incluso ha realizado sobrevuelos en helicópteros, causando mayor zozobra en las comunidades. «La procuradora les dijo que tenia que levantar para conversar o entraban a desalojarlos, los van a desalojar de sus propios territorios, los van a desplazar», aseveró Julián Viña.
Por ahora se han realizado audiencias públicas, pero la comunidad y las organizaciones ambientales que acompañan el proceso se muestran desconfiadas, pues aseguran que las entidades encargadas de proteger el medio ambiente han dado más tiempo a las petroleras para evadir sus responsabilidades, de hecho estás no han querido entablar acuerdos conjuntos con las comunidades.
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