Cifras causan preocupación en Colombia, a tan solo unos días de que termine el segundo mes de este 2021 ya se registraron más de 20 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos. Según el último informe de Indepaz ( Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) cada dos días asesinan a un líder social.
Adicionalmente, han sido asesinados firmantes del acuerdo de paz y se han presentado 14 masacres con 55 víctimas fatales en 13 municipios del país.
¿La solución que plantea el gobierno es ocultar las cifras de líderes asesinados?
Por otra parte el Gobierno Nacional informó el día de hoy que las cifras de los líderes sociales asesinados el año pasado corresponde 66 personas, cifra que no concuerda con los 310 casos que registró Indepaz en 2020.
Además la organización insiste en la importancia de tener en cuenta en los 840 líderes y 131 lideresas que han sido asesinados desde 2016 después de la firma del Acuerdo con las Farc.
Varios sectores de opinión señalan que el gobierno no reconoce la magnitud de los hechos, lo cual se evidencia en una de las reacciones por parte de Nancy Patricia Gutierrez que aseguró que se está protegiendo a la mitad de los líderes del país.
“La Unidad Especial de Protección cobija a 3.768 líderes y defensores con medidas especiales, que constituye el 50 por ciento del total de protegidos”.
Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos.
Leer también Capturaron a defensor de Derechos Humanos y líder social en Casanare
Las salidas
Según Indepaz no hay una acción concreta por parte del gobierno para que cesen los crímenes contra los líderes y lideresas en Colombia, incluso afirma que existen muchos casos donde los hechos no han sido esclarecidos.
“Este 2021 ha empezado de manera trágica… Sigue la violencia desbordada, no hay un replanteamiento suficiente, se requieren medidas de urgencia, que funcione la política y se atienda la emergencia humanitaria que se está presentando, de una manera real no con formulas repetidas que no tiene resultados”.
Camilo González, director de Indepaz.
Según varias organizaciones de DDHH se necesita presencia del Estado en toda su institucionalidad en los territorios, no solamente las FFMM sino la Fiscalía con resultados concretos frente a la alto porcentaje de impunidad en estos crímenes.
Por otra parte, una política antinarcóticos que no ataque a los campesinos cultivadores sino que se dirija a otros eslabones de la cadena del narcotráfico como la venta y la exportación podría aliviar la situación en los territorios al mismo tiempo que adelantar el debate sobre la legalización de las drogas.
La protección integral de los territorios es otra de las salidas planteadas. No se trata de aportar un esquema de protección a cada líder amenazado, se trata de atender las necesidades integrales de los territorios con educación, salud, y atención de las necesidades básicas de la población.
Por último, organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas aseguran que es necesario que se implemente de manera integral el Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC y que se pongan en marcha los mecanismos allí previstos para el desmonte de las estructuras paramilitares.
