En la Cámara de Representantes se ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado de América Latina y el Caribe que busca afianzar los procesos de acceso a la información y participación de las comunidades, o todos los actores en la toma de decisiones ambientales, además de brindar las garantías de acceso a la justicia para los defensores ambientales.

Con 119 votos a favor y uno en contra, la plenaria de la Cámara aprobó en último debate, el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú firmado en diciembre de 2019, el cual no había podido entrar en vigencia por falta de ratificación por parte del Congreso de la República.

Esta es una ley vital para la ciudadanía de Colombia y lo hemos hecho en un trabajo conjunto entre el Congreso, el Gobierno y la ciudadanía. El cambio político trajo un cambio que no se había podido hacer en tres años y es la ratificación del Acuerdo de Escazú

Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Una plenaria controvertida

Durante la votación para la ratificación del acuerdo, el representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar, denunció un supuesto acto de brujería que se estaba realizando en el segundo piso del recinto, hecho que suscitó una gran polémica en redes sociales, pues en el video se podían apreciar tejidos, velas y un muñeco de la caricatura creada por RTVC «Frailejón Ernesto Pérez».

Ante el hecho se pronunció Liliana Novoa, ambientalista propietaria de los artículos, y quien afirma que no estaba haciendo ningún tipo de brujería, en su lugar se encontraba tejiendo un mandala y acompañando la votación con costumbres ancestrales de los pueblos muiscas. Sin embargo, muchos medios de comunicación prefirieron priorizar este debate y no la trascendencia del Acuerdo que ahora vincula a Colombia.

«Estaba acompañado el proceso como muchos ciudadanos. Soy tejedora. Siempre llevo conmigo el tejido. No estábamos haciendo brujería, estábamos acompañando. Nosotros siempre ponemos un precedente y es que estamos acompañados de los elementos de la tierra».

La noche también se vió marcada por la ausencia de las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical, quienes se retiraron durante el debate, pues aseguraron que no se dió un debate profundo. También, durante la plenaria sugirieron nuevamente aplazar el debate, a lo que muchos percibieron como una estrategia para dilatar aún más la ratificación.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, lamentó la actuación de los partidos opositores, pues los esperaba más «deliberantes» durante el debate

¿Por qué es relevante Escazú?

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe; entró en vigor el 22 de abril de 2021 y tiene como objetivo «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.» Así lo expone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Escazú es un paso importante para la protección de líderes y defensores medioambientales. En Colombia se acumulan más de dos terceras partes del total de defensores asesinados por su trabajo en la protección ambiental, y es el segundo país con el mayor número de asesinatos a líderes, por ello se pretende que con el acuerdo se fortalezca la protección a los defensores del ambiente.

Como parte de la implementación del acuerdo, se podrán asignar partidas presupuestales, por ejemplo, para que haya mayor acceso a la información ambiental. Esto es muy importante para que sea realmente asequible a toda la población, entonces se podrán hacer, por ejemplo, guías para que el acuerdo sea comprensible para todas las poblaciones

Carolina Giraldo, representante a la Cámara por el departamento de Risaralda

Posibles impactos del acuerdo

Con la simple ratificación del acuerdo no se cambia nada, es un logro que tiene mayor valor simbólico que tangible; pero con él si se abre una ventana de oportunidad para hacer gestiones en temas muy concretos, como la ejecución de políticas públicas en términos de acceso a la información; y de protección y cuidado de los defensores ambientales.

Según expertos podría impactar en temas fundamentales, como la transparencia, al facultar a los ciudadanos para acceder a información de proyectos extractivistas; en el área judicial se implementarían órganos judiciales especializados en materia ambiental; en tema de derechos humanos, el medio ambiente sería catalogado como derechos fundamental sin necesidad de acudir a otros derechos fundamentales para establecer conexión. De igual forma el acuerdo pretende profundizar en la responsabilidad civil por actividades contaminantes, así como se transformaría la gobernanza del medio ambiente, facultando al tribunal de justicia u otros tribunales para que interpreten el tratado en caso de desacuerdos.

El mayor impacto que se espera que el acuerdo genere es poder contar con más seguridad para líderes ambientales y que puedan hacer uso de una jurisdicción ambiental desarrollada, unos jueces especializados, un fortalecimiento de las capacidades de autoridades ambientales y una delegación permanente en fiscalía para la protección de líderes y lideresas ambientales.

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_{Imagen: Secretaría de Educación}

En el marco de la Pontificia Universidad Javeriana, en articulación con la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ), tienen lugar del 6 al 9 septiembre una serie de conversatorios acerca de los movimientos territoriales por la paz. En el segundo encuentro, el día 7, se habló sobre la situación actualizada de la sustitución voluntaria de cultivos por los campesinos según las recomendaciones de la CEV.

Los invitados para discutir de este tema fueron Valeria Jaramillo, miembro del equipo para la no-repetición de la Comisión de la Verdad, y Alejandro Reyes, consejero territorial de paz del departamento de Nariño. El conversatorio abarcó los problemas del narcotráfico, de la corrupción, del apoyo del Estado y el daño del medioambiente.

En particular, Alejandro Reyes comentó:

La visión de la Comisión es una visión que responde a lo que la comunidad y los territorios necesitan. Una visión que parte de reconocer que este conflicto necesita humanizarse, que la lucha contra las drogas debe humanizarse. Que allí donde algunas instituciones y personas líderes políticos ven solo cifras, hay personas. Hay seres humanos llenos de necesidades, hay comunidades con necesidades básicas insatisfechas.

En su experiencia en los 64 municipios de Nariño, Alejandro Reyes aseguró que tuvo la oportunidad de acercarse a territorios maravillosos que están sufriendo. También pudo experimentar la importancia de los espacios de profundización de la democracia para la construcción de paz territorial.

De eso vive la gente, si hubiese otra alternativa. A la gente no le gusta sembrar coca, no le gusta cultivar coca, y comercializar coca. Pero toca. Porque tengo cuatro o cinco hijos en mi casa que dependen de mí y no tengo otra alternativa económica. Si eso no se transforma y las necesidades básicas satisfechas no se cumplen, no hay plan premiado que podemos tener que vaya a funcionar.

Valeria Jaramillo recuerda el reto grande que dejaron a su equipo las directrices del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno Santos y las FARC. El reto de hablar sobre el presente y de sentar una base para el futuro en medio de una conversación que no se ha tenido sobre lo que se ha venido pasando en Colombia; el reto enorme de acercarse no solamente a las víctimas sino también a los victimarios, a las comunidades y a quien de cualquier manera ha visto y vivido el conflicto durante.

Se necesita plantear el problema del narcotráfico y encontrar caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida tanto a nivel nacional e internacional que permitan avanzar el problema de las drogas. Esto es uno de los factores más relevantes que han alimentado la durada del conflicto en la nación, causando un enorme impacto también social y ambiental. En lo inmediato urge adoptar un enfoque de derechos humanos y de salud pública en la política frente al cultivo, el consumo y la racionalización de las acciones penales frente a los eslabones más débiles de la cadena que permiten, entre otros, superar los problemas estructurales de pobreza, exclusión y estigmatización.

Los dos interventores observan que es fundamental ponerle el foco tanto a las causas y no a las consequencias, como a un mercado internacional de cocaína, que es lo que dinamiza una demanda sustancial que se instrumentaliza alrededor de las necesidades de las personas y las comunidades. Cuando esto sucede, cuando hay esa visión, hay la posibilidad de empezar a trabajar ahí.

Además del apoyo del Estado en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, se necesita conversar con todos los grupos armados, no solamente algunos.

La escucha de todos los actores es lo que se necesita. De los campesinos y las dificultades que lleva sustituir el cultivo voluntariamente para cultivar otro tipo de productos que son legales; porque no pueden salir de sus territorios para venderlo en otros, entonces no tendrían rentas. ¿Vamos a escuchar qué tienen que decirnos? Un enfoque hacia los derechos humanos, hacia entender que esto es una problemática socioeconómica actual. ¿Entonces, qué está pasando para que la droga salga tan rápido, y la yuca y la papa no?

Valeria Jaramillo, del equipo para la no-repetición de la CEV.

Al final de un conversatorio, que contó con más de cien participantes desde todo el país, tanto en línea como presencialmente, Alejandro Reyes y Valeria Jaramillo eligen apostar por las comunidades y los pueblos, para que se empiece un camino de educación y inclusión de la gente común, con un una óptica realista y objetiva para analizar el futuro de manera sustentable y justa.

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_{La UIA registra 238 hechos de grave afectación al medio ambiente. Fotografía ilustrativa Jaime Moreno / El Tiempo.}

La violencia en Colombia continúa, y una víctima silenciosa sigue padeciendo el accionar de los grupos armados. Se trata del medio ambiente, que según el informe ‘El ambiente como víctima silenciosa: un diagnóstico de las afectaciones en el posacuerdo de paz’ de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), completa un total de 238 hechos de grave afectación.

De acuerdo a la información de esa sección, los casos reportados incluyen «graves contaminaciones de fuentes hídricas y cuerpos de agua, así como daños al suelo, la flora y la fauna en varios territorios del país». Lo anterior se debe principalmente a atentados contra la infraestructura petrolera, la minería ilegal, la tala masiva e indiscriminada de árboles, las actividades asociadas a la producción de base de coca y los incendios que afectan la cobertura vegetal.

El estudio de este informe contempla el periodo de 2017 y mayo de 2022, analizando los datos arrojados por el Sistema de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz «relacionados con las afectaciones que han continuado ocurriendo en el marco del conflicto armado en 12 zonas donde se ha reactivado».

La UIA también informó que estas afectaciones se registran en 177 municipios de 21 departamentos. Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Santander son los más afectados. «Los años 2019 (56) y 2021 (136) fueron los que más registros presentaron de violencia contra el medio ambiente», señala la JEP.

Afectación a la infraestructura petrolera, registra 41 casos de los 238 hechos de grave afectación al medio ambiente

Según la UIA, los atentados en contra de l infraestructura petrolera reportan 41 casos, de los cuales la mayoría se presentaron en Norte de Santander, Arauca y Nariño, y en el año de 2019.

«La Unidad alerta sobre los daños que estos hechos ejercen sobre las fuentes hídricas en las que se derrama el crudo. Algunos grupos armados usan estos derrames para almacenar el petróleo y venderlo para financiar sus estructuras».

JEP.

140 afectaciones han sido causadas por la minería ilegal

Según los datos recopilados por el ente especial, la minería ilegal ha sido la mayor causa de afectaciones con unos 140 casos registrados. Está practica además ha perjudicado a 66 municipios de 17 departamentos que han visto como la naturaleza y parte de sus territorios han sido destruidos.

«La mayor concentración de estos hechos se da en el Bajo Cauca antioqueño y en Chocó. En 2021 este tipo de afectaciones se disparó, principalmente por el accionar del Clan del Golfo».

JEP.

«La tala masiva e indiscriminada de árboles, actividad que ayuda a soportar las
economías ilegales»: UIA

La UIA manifiesta que la tala indiscriminada ha presentado un aumento desde la firma del Acuerdo. Incluso se denuncia que en el 2021, «el número de actividades registradas creció en 900% y 2022 ya es el segundo año con mayor cantidad de registros».

«La deforestación golpea especialmente a la Amazonia, donde se concentró 72% de las afectaciones (…) En el 20% del total de Parques Nacionales Naturales persisten grupos armados al margen de la ley que, además de cometer acciones directas contra el territorio, también han impedido la labor de funcionarios, líderes y lideresas ambientales», aseveró el ente especial.

La JEP también expresó que ha reconocido a algunos territorios como víctimas, sin embargo, «estos lugares han sido nuevamente desarmonizados debido a las graves afectaciones que se han presentado contra el medio ambiente».

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_{Es preocupante la perdida de hectáreas de bosque en Colombia. Fotografía ilustrativa de GS Noticias.}

Cada día son más las noticias de los daños ambientales que afectan y afectarán gravemente a nuestro planeta, sin embargo, muy pocos países han asumido responsablemente estos fenómenos y siguen lamentando la perdida de grandes partes de sus ecosistemas.

Uno de esos países es Colombia, esto a pesar de los retos que se propuso el gobierno del saliente presidente, Iván Duque. De acuerdo al Monitoreo de pérdida de cobertura vegetal de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, nuestro país perdió 40.650 hectáreas de bosque solo en un mes y medio.

“Entre el primero de enero y el 15 de febrero de 2022 el país habría perdido 40.650 hectáreas de bosque concentradas en el occidente de la región Amazónica, siendo persistentes los focos de deforestación registrados durante los últimos 4 años. Durante los primeros 46 días de este año también se registró pérdida de bosque en Antioquia y sur del Bolívar al igual que en el norte del departamento del Chocó principalmente. Para la Amazonía esta época es la más baja en lluvias lo que facilita los procesos de deforestación e incendios”.

Monitoreo de pérdida de cobertura vegetal.

Estos son los departamentos más afectados por la pérdida de hectáreas de bosque

De acuerdo al monitoreo del FCDS, Caquetá con un 13.153 hectáreas perdidas (32,36%), Meta con 11.156 hectáreas perdidas (27,45%), Guaviare con 8.382 hectáreas perdidas (20,62%) y Putumayo con 4.415 hectáreas perdidas (10,86%), son los departamentos más afectados por el daño en sus bosques, además se señala que esto es consecuencia de los cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva, la apertura de
vías ilegales, la apertura de grandes lotes para ganadería extensiva, la presión que ejercen los cultivos agroindustriales y la presencia de petroleras.

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible también señala que, Amazonas a perdido 489 hectáreas entre enero y febrero, es decir 1,74 %, mientras que Antioquia ha perdido 6,97 %. “En San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá con 221 hectáreas taladas al día se concentró la mitad de la deforestación diaria del país”.

Incendios tambien causan preocupación en el país

La FCDS tambien monitoreó las alertes de incendios que tuvieron lugar entre enero y febrero de este año. “La calidad del aire que respiran millones de colombianos resultó afectada durante enero y febrero en gran parte por cuenta de las 50.571 alertas de incendios que se registraron en los bosques colombianos en los primeros dos meses del año. Este año la concentración de incendios estuvo presente en su mayor parte en las regiones amazónica y orinocense, sobre áreas antiguas y recientemente deforestadas. Esta práctica tiene como fin preparar el suelo para actividades agropecuarias o para apropiación ilegal de tierras”, señala el informe.

Según la fundación, solo en ese tiempo se registraron 50.571 alertas de incendios, donde el departamento del Meta ocupa el primer lugar con 11.872 casos, seguido de Vichada con 8.781, Caquetá con 8.709, Casanare de 2.458 y Putumayo con 1.935.

“Esta alarmante cifra supera por mucho la cifra evidenciada en 2018, año que tenía el penoso récord con la mayor cantidad de quemas cuando con datos del INPE se registraron 36.727 de alertas de incendios en los bosques colombianos. Este año la concentración de incendios estuvo presente en su mayor parte Meta, Vichada, Caquetá y Guaviare con 34.803 alertas de incendios, lo que representó el 68,8% del total nacional. Esta práctica tiene como fin preparar el suelo para actividades agropecuarias o para apropiación ilegal de tierras”.

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.

Dentro de la información se manifestó que las alertas de incendio tuvieron espacio en 694 municipios del país, concentrando el 50% de las 50.571 alertas de incendios en ocho municipios: Cumaribo (5.796), San Vicente del Caguán (3.808), La Macarena (3.663), Puerto Gaitán (3.010), Cartagena del Chairá (2.839), San José del Guaviare (2.529), Mapiripán (2.098) y la Primavera (1.551). Todos ellos ubicados en la Amazonía colombiana.

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_{Fotografía cortesía.}

En entrevista con el periodista Miguel Estupiñán, el obispo de la diócesis de Mocoa – Sibundoy, monseñor Luis Alberto Maldonado, se declaró en contra de los intereses mineros de la empresa Libero Cobre en esta zona del Putumayo, que acabarían dañando el territorio amazónico por consecuencia de un plan de explotación programado para 7800 hectáreas.

La empresa está acusada de hacer regalos a las comunidades parroquiales, aprovechándose del factor religioso, para ganar consenso en la población en un territorio donde tiene interés, lo que ha sido denunciado en marzo en el Vaticano por la red Iglesia y Minería.

Específicamente, el medio de comunicación Religión Digital, para el que el periodista Miguel Estupiñán es corresponsal en Colombia, denunció el pasado 12 de mayo que Libero Cobre donó material de construcción para la capilla Divino Niño de Mocoa a través de la Junta de Acción Comunal, es decir sin tomar en consideración la opinión de la autoridad religiosa, el padre Álvaro Luna, quien posteriormente se declaró contrario a la donación invitando a sus a sus feligreses a “evitar dineros y ayudas de economías ilícitas, politiqueras y multinacionales, que cada día nos empobrecerán más”.

Fue la misma empresa Libero Cobre quien dio conocimiento de su donación a través de sus redes digitales:

El Putumayo, como señalado por Julio Fierro, integrante de la Corporación Geoambiental Terrae, sigue siendo una zona de conflicto que carece de las garantías mínimas de seguridad, como testimoniado en el reciente caso de “falsos positivos” en Puerto Leguízamo, por ello no debería autorizarse ninguna actividad minera en esta región, ya que tampoco se puede garantizar el respeto del derecho a la consulta previa de las comunidades.

La opinión del obispo

El monseñor Luis Alberto Maldonado aseguró en la entrevista que su posición en el tema se fundamenta en el documento “Querida Amazonía” de Papa Francisco, que promueve la defensa del territorio amazónico, “una totalidad plurinacional interconectada, un gran bioma compartido por nueve países”.

Si se ve que hay 7.800 hectáreas que van a ser lastimadas en función de la minería, yo creo que, lógicamente, unos entes nacionales departamentales y municipales deberán intervenir.

El obispo manifestó, además, su contrariedad ante las donaciones de Libero Cobre: “cuando hay una empresa minera que es una amenaza para el medio ambiente, tenemos que discernir la respuesta que hay que dar. (…) Si están ofreciendo dinero en ayuda, es una manera de ir ganando terreno; y, ante eso, debemos estar alerta. De parte de la Iglesia no hay permiso para recibir dinero de empresas que vayan a afectar el medio ambiente”.

Denunció, por otro lado, los riesgos ecológicos vividos por el territorio amazónico, que la ausencia estatal contribuye a ampliar: “hay más cosas que están afectando la Amazonía: la minería entre comillas legal, la minería ilegal, la tala indiscriminada de la selva para siembra de cultivos de uso no ilícito. Y esto me parece que afecta grandemente una región tan importante como la Amazonía”.

Finalmente, lanzó un llamamiento al próximo presidente de Colombia: “yo le pido al futuro gobernante que mire al Putumayo con interés, porque siempre queda uno desconcertado ante el hecho de que al Putumayo le estén sacando el petróleo hace más de 60 años y las vías estén en las condiciones en que están, los pueblos estén sin acueducto, las escuelas y la educación tengan tantas falencias”.

Tumban tutela que suspendía proyectos pilotos de fracking en Puerto Wilches, Santander

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_{Fotografía cortesía.}

El lunes 6 de junio la Mesa Ambiental de Puerto Wilches, juntamente con las organizaciones que la conforman, anunció acciones de protesta pacífica en el municipio santandereano para rechazar el fallo que tumbó la tutela interpuesta por la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches, que suspendía momentáneamente los proyectos piloto de fracking Kalé y Platero.

El Tribunal Administrativo de Santander estableció, el pasado 2 de junio, que la empresa Ecopetrol S.A no tiene la obligación de realizar consultas previas con las comunidades afro. Anuló, de esta manera, lo sentenciado por el Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja el 21 de abril, cuyo fallo de tutela había detenido la realización del proyecto hasta se realicen las consultas previas con la población de Puerto Wilches.

“Alzamos nuestras voces por nuestros hermanos y hermanas de Afrowilches a quienes se les desconoció su derecho a la consulta previa, por las compañeras que debieron salir desplazadas de este municipio para proteger su vida e integridad ante las amenazas que sufrieron. Alzamos nuestras voces por las ciénagas y humedales, por el Río Grande de La Magdalena, por el manatí y el jaguar, la pesca artesanal, la producción agrícola, nuestras costumbres y tradiciones ancestrales. No permitiremos que la ambición de unos cuántos destruya el futuro de nuestros hijos y nietos”.

Un llamado fue dirigido a los candidatos presidenciales que se enfrentarán en segunda vuelta el 19 de junio, especialmente al santandereano Rodolfo Hernández, para que asuman el compromiso de suspender definitivamente el proyecto en Puerto Wilches y, además, prohibirlo en toda Colombia, ya que se prevén “explotar hasta 19 mil pozos de fracking en el Magdalena Medio”.

“Invitamos a toda la comunidad, a las organizaciones, Juntas de Acción Comunal, estudiantes, amas de casa, palmeros, pescadores, comerciantes, trabajadores del sector público, empresarios y docentes, a acompañar las acciones de protesta pacíficas convocadas para hoy, y las que se realicen en las próximas semanas para defender nuestros derechos y la pervivencia en este territorio”.

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_{Fotografía Alianza Colombia Libre de Fracking.}

El Tribunal Administrativo de Santander revocó, el jueves 2 de junio y en segunda instancia, la tutela solicitada por la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches que buscaba suspender la realización de dos proyectos pilotos de fracking, denominados Kalé y Platero, previstos en Puerto Wilches, Santander.

El pasado 21 de abril el Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, Blanca Judith Martínez, había suspendido la licencia ambiental del proyecto hasta se realicen las consultas previas con la población afrodescendientes de Puerto Wilches, pues la Corporación Afrocolombiana había denunciado que la empresa Ecopetrol S.A y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no habían garantizado en el proceso de decisión la participación de la comunidad.

Sin embargo, la tutela fue anulada bajo el argumento que Ecopetrol S.A no tiene la obligación de realizar consultas previas con las comunidades, puesto que “no puede establecerse la afectación clara y directa que el proyecto piloto de investigación pudiera llegar a causar, que bajo la naturaleza de perjuicio irremediable imponga analizar y definir si debió surtirse el trámite de la consulta previa, siendo pertinente destacar que el fin de los Proyectos Piloto de Investigación Integral precisamente establecer los reales riesgos de la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales conocida como Fracking”.

De inmediato la Alianza Colombia Libre de Fracking, una de las asociaciones que conforman la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches, rechazó a través de un comunicado la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, culpable de violar “los derechos de las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches”. Comunicó, por lo tanto, que seguirá una solicitud de revisión del fallo “por parte de la Honorable Corte Constitucional”.

Así mismo, llamó a los candidatos presidenciales que se enfrentarán en segunda vuelta, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, a que “se comprometan sin dobles discursos a suspender los pilotos de fracking como una de sus primeras demonstraciones de su compromiso con el agua de Santander y Colombia”.

El fracking, también denominado fracturación hidráulica, es una técnica que permite extraer el llamado gas de esquisto a gran profundidad. El principal riesgo que genera es la contaminación del agua tanto por aditivos químicos como por fugas de metano, el gas que se extrae de la roca de esquisto, y también la ocurrencia de sismos.

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_{El filósofo estadounidense Noam Chomsky. Fotografía Associated Press.}

Faltan solo diez días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia. En el punto más álgido de la coyuntura actual, las fórmulas presidenciales siguen recibiendo el apoyo de distintos sectores y hoy el Pacto Histórico obtuvo el respaldo de personalidades internacionales, reconocidas en diversas áreas.

El anuncio se realizó por medio de la carta abierta ‘Colombia Sin Fósiles, hacia una propuesta desde el sur global para abandonar las energías fósiles’, en donde se resaltó la propuesta ambiental y de transición energética de Gustavo Petro y Francia Márquez.

«La extracción de combustibles fósiles en Colombia ha sido fuente de contaminación (afectando valiosos ecosistemas en el segundo país más biodiverso del mundo), corrupción, erosión cultural y conflictos socioambientales, derivando en violencia, amedrentamientos y asesinatos de defensoras y defensores del ambiente. La necesidad de superar esta condición, resultado de décadas de inversión en una economía extractiva, implica también atender el llamado del momento histórico, decisivo tanto en materia ambiental como climática, mediante el replanteamiento de nuestra relación con la energía mediante una transición energética que deje atrás los hidrocarburos».

Carta de apoyo internacional.

La misiva fue firmada por 27 intelectuales de reconocimiento mundial, dentro se los que se encuentran Naomi Klein, Noam Chomsky, Omar Masera Cerutti y Alberto Acosta, quienes destacaron las oportunidades de Colombia como un ejemplo regional ante el cambio que plantea el progresismo.

«Se propone una transición gradual, justa y con suficientes salvaguardas a los sectores económicos y laborales que dependen hoy en día de la extracción de combustibles fósiles. La propuesta implicaría no solo cambios en la matriz energética, sino la oportunidad para impulsar la diversificación y descentralización económica de Colombia».

Carta de apoyo internacional.

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_{Fotografía cortesía.}

El colectivo MOVICAAP – Movimiento Campesino, Cocalero, Agrario y Ambiental del Putumayo, denunció públicamente las condiciones sufridas por las comunidades campesinas del Piñuña Negro, Puerto Ospina, y del Corredor Puerto Asís- Alea- Piñuña Blanco de Puerto Asís, que se encuentran en manifestación contra la erradicación de los cultivos de coca y la ausencia estatal que permiten las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

“Desde el pasado 30 de abril de 2022 nos encontramos en protesta social pacifica en consecuencia de la grave problemática que vivimos en los territorios generado por la erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca, abandono del estado y sistemática violación a los derechos humanos”.

En el comunicado el colectivo sostuvo que desde el pasado 6 de mayo, tras una reunión con instituciones como la Gobernación y la Alcaldía, “bajo el acompañamiento de la Personería Municipal y Defensoría del Pueblo”, permanecen desde entonces en Asamblea Permanente en la espera de diálogos con el Gobierno Nacional.

La dificultad en acceder a respuestas gubernamentales hizo que los campesinos se manifestaran, en un plantón pacifico, que recibió la llegada del ESMAD el día 11 de mayo.

“Las comunidades manifestantes, por tal razón seguimos desconcertados frente a la solicitud de ser escuchadas por el Gobierno Nacional no hay respuesta rápida, pero sí de manera inmediata somos amenazadas las comunidades con represión con la llegada del ESMAD desde muy temprano el día de hoy 11 de mayo”.

Por estas razones, las comunidades campesinas llaman a que las organizaciones defensoras de derechos humanos ayuden en la “protección y prevención a cualquier tipo de agresión por parte del gobierno y su aparato militar”, para que sus derechos a la alimentación y a la vida sean respetados.

“Exigimos una fecha de manera oportuna para dialogar sobre los problemas que nos aqueja. No se vulnere los derechos de los que han y siguen buscando el dialogo para en una mesa campesina, dirimir los conflictos sociales, pero que hoy el gobierno envió fue el ESMAD es prueba de la falta de voluntad política y es el trato que siempre ha dado a las comunidades campesinas y al pueblo en general”.

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_{Fotografía cortesía Suroestesinmineria.}

La Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó Antioquia denunció, en un comunicado, la presencia de algunas personas en el corregimiento de Palocabildo, Jericó, quienes realizaron trabajos de exploración minera sin autorización previa.

El hecho ocurrió el lunes 2 de mayo, cuando unos campesinos de la zona sorprendieron a las personas, empleados de la multinacional sudafricana Anglogold Ashanti, tomando relevaciones en el predio Lusitana.

El predio es un área destinada a la protección ambiental por las “fuentes de agua que abastecen acueductos del corregimiento”. Además, la organización afirma que la multinacional no tendría las autorizaciones para la puesta en marcha del proyecto minero.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA ha negado dos veces la licencia ambiental para el proyecto. La última de ellas ha sido notificada el pasado viernes 29 de abril, señaló la organización.

“La administración del alcalde David Toro debe aclarar debidamente la presencia de esas personas cuya actividad en el predio municipal de protección ambiental resulta injustificada para los campesinos que cumplen el deber constitucional de defensa del patrimonio ecológico del municipio”.

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