Este es el segundo cese bilateral firmado por ambas partes: hubo más de 25 encuentros y tras 14 meses de exploraciones, se concretó un acuerdo basado en el diálogo y el respeto por la población.
Por Redacción Contagio Radio
Bogotá. Este 16 de octubreel Gobiernofirmó el cese al fuego bilateral entre la Fuerza Pública y el Estado Mayor Central de las Farc, que se sostendrán hasta enero del próximo año; allí se fijaron las reglas que las Fuerzas Militares y las disidencias deberán seguir para mantener los acercamientos en búsqueda de paz.
Su implementación busca proteger a la población civil que habita en los territorios más afectados por la violencia, sin embargo pese a que se deben suspender cualquier tipo de acciones ofensivas o de investigación contra el EMC, la Fuerza Pública no tendrá limitado “el derecho a la legítima defensa propia y de un tercero, así como la defensa y protección de los derechos y libertades de la población”.
Con un documento de 32 páginas, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, le explicó a los altos mandos militares cuáles son los lineamientos que cada uniformado debe tener en cuenta, con el fin de “aportar, permanentemente, a la construcción de paz”.
“Cada comandante impartirá órdenes en cuanto al inicio del Cese al Fuego entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central FARC-EP”, subraya el texto. Además de la “suspensión de operaciones militares ofensivas”, las Fuerzas Armadas deberán cumplir el Protocolo de Reglas y Compromisos que las partes acordaron en la mesa de diálogos instalada el 16 de octubre en Tibú, Norte de Santander.
En ese Protocolo, como se plasma en el documento enviado por el general Giraldo, se asume el compromiso de no afectar derechos y libertades de la población civil ni ejecutar “actos de violencia o de discriminación” contra ella.
Además, el EMC y los militares se comprometen a “no incurrir en infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, que es la rama del derecho internacional que establece reglas para los conflictos armados.
En particular, las disidencias y la Fuerza Pública establecen que no incumplirán el Protocolo II de 1977, que le sumó a los Convenios de Ginebra algunas pautas para los conflictos armados internos, los no internacionales.
Otros puntos importantes
Otro punto importante es que la información que el EMC y las Fuerzas Militares hayan tenido hasta el inicio del cese al fuego, que se puso en marcha el 17 de octubre, no puede usarse como ventaja militar.
Mientras, el Gobierno nacional —y, con ello, las Fuerzas Armadas—, se comprometió a “proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la integridad de los integrantes del Estado Mayor Central”.
La Fuerza Pública, asimismo, no detendrá su accionar en contra de las economías ilegales. Sin embargo, no podrá “restringir el flujo y suministro de víveres y medicamentos destinados a las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP”.
Ese aspecto es importante en la medida en que están por reglamentarse las zonas en las que los miembros del EMC podrán movilizarse con libertad. El Gobierno nacional tendrá que validar cuáles son las áreas en las que el EMC hace presencia, pero los subversivos, durante la vigencia del cese al fuego, no podrán permanecer en cascos urbanos, “zonas pobladas y áreas que comprometan la seguridad nacional”.
“Ante acciones o situaciones que se presenten, donde los integrantes del Estado Mayor Central FARC-EP o cualquiera de sus estructuras afecten los derechos y libertades de la población civil, las tropas deberán actuar en cumplimiento a la misión constitucional y legal”, mencionó el documento enviado a los mandos militares.
“Las Fuerzas Militares continuarán con el desarrollo de operaciones militares en todo el territorio nacional”, se lee en el texto. El general Giraldo expresó que, aunque no se pueden desarrollar operaciones ofensivas contra el EMC, “sí se debe planear y ejecutar operaciones defensivas, de estabilidad y de apoyo a la defensa de la autoridad civil”.
Principalmente, en función del plan Ayacucho, las operaciones militares incluyen “acciones que debiliten las capacidades de la amenaza, especialmente, las de otros Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto con las cuales no hay Cese al Fuego vigente”.
“Se debe continuar con las operaciones militares en todo el territorio nacional contra la Segunda Marquetalia, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Coordinadora Guerrillera del Pacífico y Comandos de Frontera”, precisa el documento, que apunta que cada comandante debe llevar un registro diario de las actuaciones de esos grupos.
Así mismo, “se reitera que las Fuerzas Militares actuarán en una situación de flagrancia, de violación de DDHH (derechos humanos) e infracción al DIH (Derecho Internacional Humanitario)”. En ese sentido, al advertir sobre acciones de las disidencias “que vulneren los derechos y libertades de la población civil”, los uniformados deberán “actuar, informar inmediatamente al escalón superior e interponer las denuncias ante la autoridad competente”.
“Se debe continuar con las operaciones militares, terrestres, fluviales, marítimas y aéreas contra el narcotráfico, la extracción ilícita de yacimiento minero y en general la explotación ilícita de recursos naturales, el secuestro, la extorsión, reclutamiento de menores, contrabando, tráfico y porte ilegal de armas y demás”, establecen las órdenes para las Fuerzas Militares.
Las Fuerzas Armadas seguirán “bloqueando corredores de movilidad y puntos nodales utilizados por los diferentes actores generadores de amenazas”, y las misiones de inteligencia y prevención, por su parte, se mantendrán. Las órdenes contemplan un llamado a fortalecer la articulación entre las Fuerzas Militares y otras autoridades judiciales, como la Fiscalía General de la Nación, y el deber de dar cumplimiento a las órdenes de captura vigentes.
“La inacción de las Fuerzas Militares puede implicar el incumplimiento de su misión constitucional y de las obligaciones derivadas de su posición de garante, que devienen de los fines esenciales del Estado”, concluye el documento enviado por el general Giraldo. En caso de que un miembro de las Fuerzas Militares interfiera con el cese al fuego, el acto “deberá ser informado de manera inmediata al escalón superior”.
El general Giraldo concluyó que “se requiere entender la situación actual del país”. Por eso, es necesario “capacitar a los hombres y mujeres” bajo el mando de cada comandante de cada unidad militar.
