Fotografía: Fundación Forjando Futuros
Después de un largo proceso legal, en el cuál familias exigían ser reconocidas como víctimas de despojo de 32.5 hectáreas de terrenos (que hoy pertenecen a la empresa portuaria), finalmente se promulgó sentencia por parte del Juzgado de Restitución de Tierras de Apartadó, que da vía libre al convenio firmado entre las víctimas y la empresa que va a construir el puerto en el municipio de Turbo (Antioquia).
En el fallo se reconoce la calidad de víctimas de los accionantes y ordena se les titule un predio en las mismas condiciones de cuando fueron despojados y en la zona donde ellos lo crean conveniente. Además se ordena la creación de una política de acompañamiento desde la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y la Alcaldía de Turbo.
El Convenio alcanzado es pionero en acuerdos de reparación integral
Cabe recordar que el convenio entre las victimas y la compañia encargada del Puerto Pisisí fue concertado en mayo del 2021, con el acompañamiento de la Fundación Forjando Futuros y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Dicho acuerdo es de alta relevancia nacional, por ser el primer convenio que firman empresarios y victimas, en un acto de reconocimiento de las afectaciones generadas, y con el fin de construir propuestas para la no repetición.
Este proceso se caracterizó por ser una de las primeras experiencias de acuerdo entre víctimas y empresarios responsables de desplazamiento forzado que fue posible gracias al acompañamiento de organizaciones de DDHH.
Víctimas y responsables acordaron que los predios en disputa quedarían para el proyecto, independientemente de lo que fallara el juez; además se estipuló que la compensación a los reclamantes se daría si el proyecto portuario se realizaba y por el tiempo que dure la concesión del puerto, aproximadamnete, 28 años. Gerardo Vega, el entonces director de la Fundación Forjando Futuros (ahora director de la ANT), resaltó la importancia de este acuerdo para las víctimas.
(El acuerdo) Incluye la creación de una empresa asociativa para las víctimas que generará empleo y ellos mismos podrán organizar el tema del empleo para la región. De allí, del producto de esa empresa, se pagará una pensión a esas personas, víctimas directas que son seis familias, por el tiempo que dure la concesión del puerto, que esperamos que sea de 28 años
Gerardo Vega, ex director de la Fundación Forjando Futuros
A pesar de llegar a este acuerdo, el proceso legal no se detuvo, pues en primer lugar, no es posible retractarse en un proceso de restitución de tierras, y por otro lado, y el más significativo para las víctimas, es el requerimiento de reconocimiento y reparación de forma integral.
Las víctimas podrán seguir en el proceso de restitución de tierras para lograr la compensación y el reconocimiento por parte del Estado y de los jueces como víctimas, para que de verdad haya justicia, verdad, reparación y dignidad para ellos
Fundación Forjando Futuros
El proceso legal
En el año 2015, seis familias campesinas empezaron a presentar solicitudes de restitución de predios, ubicados en la vereda Casanova, de Turbo (Antioquia), pues aseguraron que malvendieron sus terrenos debido al miedo que impusieron grupos armados, y a las persecusiones violentas de las cuales fueron víctimas. Estas solicitudes frenaron el proyecto de la empresa Sociedad Portuaria de Urabá (Pisisí S.A.), pues lo terrenos por lo cuales reclamaban las víctimas, se encontraban dentro de lo que sería el proyecto portuario, por lo tanto la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), no podían dar el aval para iniciar el megaproyecto.
Finalmente, por medio de la resolución RDGD número 00003 del 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), aceptó la solicitud de las seis familias e inició la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), de los terrenos pertenecientes a José de La Rosa Palencia Zúñiga, María Bergenet Rubio Gómez, María de los Angeles Cuvidez Ramírez, Elis José Cerpa Ávila, Visitación Pedroza Escobar, Luz Elena Blandón Medina.
Por medio de este documento, la ANT aseguró que estas seis parcelas ubicadas dentro de la construcción del puerto, fueron despojadas a campesinos en medio de violaciones de derechos humanos.
Se acreditó que los seis solicitantes sufrieron daños por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, lo cual derivó en el abandono y posterior despojo de los fundos solicitados
Resolución 00003 del 31 de diciembre de 2020
También se menciona que estas personas llegaron a los predios en un proceso de «recuperación de tierras», bajo iniciativa de los señores Hoover Antonio Quintero Román, Luis Eduardo Cubides y Candelario Pérez de La Rosa, reconocidos líderes del partido político Unión Patriótica (UP) en el municipio de Turbo, hoy muertos por causas violentas.
El asentamiento en estos terrenos se dió frente a la necesidad de acceder a tierras productivas, por lo cual se dieron a la tarea de tomar, de manera pacífica, y en compañía de seis familias, la posesión de una extensión de terreno, que se encontraba abandonada por su legal dueño hacía más de 20 años.
Hechos victimizantes
Cuando inició la persecución y exterminio a los miembro de la UP en el municipio de Turbo, fue asesinado Candelario Pérez de la Rosa, esposo de la reclamante Visitación Pedroza. Candelario fue presidente del partido de la UP en el municipio. A raíz de este crimen, las presiones y constreñimiento en contra de Hoover Antonio y Luis Eduardo se intensificaron.
Posteriormente, en 1993 fue asesinado Hoover Antonio Quintero; ante este hecho, las familias que se encontraban asentadas sobre el predio, deciden desplazarse de sus respectivas parcelas, pues se sintieron expuestos a las dinámicas de estigmatización, persecución y exterminio de la que fueron víctima los dos lideres asesinados. Finalmente, en enero de 1996, tras ser objeto de persecución por parte de grupos paramilitares, fue asesinado Luis Eduardo Cubides, también lider de la UP.
Con esto se desestima todas estas campañas de desprestigio que suelen crearse, erróneamente, en torno a los reclamantes de Urabá. Fueron delitos muy graves, que sucedieron dentro del marco del exterminio de la UP y con esto la unidad le da la validez a dichas solicitudes
Gerardo Vega
De acuerdo con la resolución expedida en diciembre de 2020, en este caso se cometieron también delitos de violencia sexual, tortura, amenaza, desplazamiento y persecución política, porque varias de estas víctimas pertenecían a la Unión Patriótica.
Aunque estos terrenos fueron adquiridos bajo el marco legal por la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisí S.A, la cual funje hoy en día como la propietaria de estos predios, y quien no tiene resposabilidad alguna en los casos de despojo, también se ha visto afectada en la ejecución de la construcción, pues no habia logrado iniciar las obras a causa de los procesos que se adelantaban.
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