Foto: Comité Santurbán

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), dio a conocer que se archivaría el trámite administrativo que evaluaba la licencia ambiental para el proyecto Soto Norte en el páramo de Santurbán. Sin embargo, se debate si la decisión es motivo de aplaudir o si no corta de raíz el problema de la minería. (Le puede interesar: «ANLA no tomó decisión de fondo sobre la licencia ambiental de Minesa»)

En el programa de Otra Mirada sobre la incansable lucha en defensa del agua y del páramo estuvieron Luis Álvaro Pardo, economista especialista en Derecho Minero- Energético, Diego Fernando Jaimes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y Camilo Mayorga, abogado del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. 

A raíz de la decisión de la ANLA, los invitados comparten que « la decisión de archivar es una buena noticia pero no una muy buena noticia, archivar no es negar. La amenaza de megaminería en Santurbán seguirá latente hasta cuando la ANLA decida negar la licencia ambiental» .

Por otro lado, explican cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo en términos jurídicos y señalan cuál es la diferencia entre lo que ha venido presentando la ANLA a lo desde las comunidades se ha venido presentando en cuanto a posibles riesgos. A la vez, sostienen que el proyecto no va a generar desarrollo y describen cuales son realmente las realidades que viven las comunidades que habitan en Santurbán.

Además, señalan que el problema de fondo no es solo Minesa, si no el cúmulo de solicitudes que rondan al páramo de Santurbán. (Le puede interesar: Si hoy se realizara el plebiscito los resultados serían más favorables: comunidades)

También, comentan cómo hacer que los temas ambientales sigan siendo propiedad en los debates de los gobiernos y cuál es el reto de las futuras generaciones para generar un cambio en contra de la minería que pretende afectar el ambiente y las comunidades. (Si desea escuchar el programa del 5 de octubre: Otra Mirada: Plebiscito por la paz: Cuatro años después)

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Foto: Las 2 Orillas

El 2 de octubre de 2016, se realizó el Plebiscito para aprobar los acuerdos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, en el que con un 50,2% ganó el NO. Ante esto, al país llegó la incertidumbre de qué podría pasar con la paz y con el esperado fin del conflicto armado. (Le puede interesar: FARC- EP reconoce ante la JEP la verdad sobre 6 homicidios, entre ellos el de Álvaro Gómez Hurtado)

En el programa de Otra Mirada, reflexionando y compartiendo sobre lo que ha pasado a cuatro años del plebiscito, hicieron parte del panel Gustavo Arbeláez, dirigente del Partido FARC Valle del Cauca, María Miyela Riascos, lideresa del Paro Cívico de Buenaventura y Sebastián López, director del departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana.

Los invitados inician comentando cuál fue la sensación, sobre todo desde los territorios afectados por la violencia y desde el partido FARC, ese 2 de octubre al saber que el país le decía No a la paz y señalando que a cuatro años de la firma, los cambios lamentablemente no han sido muchos y continúa la violación a los derechos de los pueblos.

Por otro lado, resaltan la importancia de educar y pedagogizar a los ciudadanos a la hora de tomar decisiones, con el fin de evitar ser engañados.

Además, agregan qué sucedería si el plebiscito se volviera a convocar en estos momentos y explican que el acuerdo sentó una línea que debe continuar para llegar a la paz. 

Finalmente, señalan que aún se mantienen las esperanzas para que se ponga fin a los conflictos armados y llegue la paz al país. (Si desea escuchar el programa del 2 de octubre: Otra Mirada: El legado de Quino)

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Foto: Forjando Futuros

Lejos de mesurarse y reducirse los riesgos que corren los hombres y las mujeres reclamantes de tierras, los peligrosos, las amenazas y secuestros siguen aumentado, sin haber garantías que les permitan volver y vivir en sus territorios con tranquilidad. (Le puede interesar: 19.402 procesos de restitución de tierras siguen frenados en Antioquia)

En el programa de Otra Mirada, sobre la situación de los reclamantes de tierras, hicieron parte del panel Gerardo Vega, abogado, director de Forjando Futuros, Juan Carlos Posada, reclamante de tierras del Magdalena Medio y Blanca Irene López, directora de la Corporación Jurídica Yira Castro.

Los invitados explican cuál es la situación actual de los reclamantes de tierra ahora que la pandemia ha limitado en gran medida el avance de los procesos. Además, comentan cuáles son los riesgos que se han venido identificando tanto para reclamantes, como para líderes y quienes defienden los derechos de las víctimas. (Le puede interesar: Tras cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, la deuda más grande es con el campo colombiano)

Asimismo, señalan que algunos de los actores responsables de muchos despojos son empresas ganaderas y bancos en departamentos como el Magdalena y agregan lo preocupante de la burocracia con la que se está manejando la Unidad Nacional de Protección -UNP -.

«Pese a existir un marco normativo que reconoce los derechos de las víctimas para acceder a las tierras, lo que ellos están recibiendo es violencia y amenazas».

Blanca Irene López

Por otro lado, señalan cuáles son los proyectos e iniciativas que se están planeando desde las organizaciones y las personas que esperan volver a su territorio algún día; finalmente, comparten qué los motiva a seguir cuando muchas veces parece más peligroso continuar. (Si desea escuchar el programa del 29 de septiembre: Otra Mirada: El silencio de la guerra de cuarta generación)

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Foto: Colprensa

Este fin de semana, además de haberse perpetrado 2 masacres en Chocó y en Soacha, también se registró la pérdida de vidas indígenas, mujeres hombres y niños, en el resguardo Inda Sabaleta en Tumaco, Nariño. Indígenas de la comunidad Awá siguen desaparecidos y otros perdieron la vida durante los enfrentamientos del grupo armado “Los Contadores” y el frente “Oliver Sinisterra”. (Le puede interesar: 5 personas muertas y 40 secuestradas en enfrentamientos en Inda Sabaleta, Tumaco)

En el programa de Otra Mirada sobre la violencia que se viene viviendo la comunidad Awá y el olvido estatal en el territorio nariñense, hicieron parte del panel Juan Orlando Moreano, consejero de Guardia Indígena Pueblo Awá -Unipa, Rosa María Mateus, abogada del CAJAR y Jorge García, coordinador de la Casa de la Verdad – Costa Pacífica Nariñense. 

Durante el programa, los invitados e invitadas señalan que esta crisis se da por el olvido estatal y por la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz. Además, comentan que la presencia del Gobierno solo se percibe a través de las fuerzas militares. (Le puede interesar: Tras cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, la deuda más grande es con el campo colombiano)  

Asimismo, explican que uno de los elementos clave para entender la guerra en los territorios es que estos son puntos estratégicos para los grupos armados en que el punto central es el manejo de rutas del narcotráfico.

También añaden que el sentimiento que hoy vive la comunidad es de temor de denunciar y por un posible desplazamiento.

Finalmente, comparten qué tan difícil es el acceso para llegar a la verdad que están exponiendo las comunidades en los territorios. (Si desea escuchar el programa del 25 de septiembre: Otra Mirada: Defender la paz: Cuatro años de la firma del Acuerdo de la Habana)

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Foto: Contagio Radio /Andrés Zea

Este 21 de septiembre varios sectores del país salieron a las calles nuevamente a movilizarse y protestar en contra del abuso por parte de las fuerzas públicas y por los diferentes sucesos que han venido azotando al país; el asesinato de líderes sociales, las masacres, la falta de implementación del Acuerdo de Paz y la deficiente gestión del Gobierno durante la pandemia. (Le puede interesar: Duque expresó «el desprecio que siente por la ciudadanía», Ángela Robledo)

En el programa de Otra Mirada sobre la reactivación de las movilizaciones y protestas en el país estuvieron Daniel Libreros, analista y profesor de la Universidad Nacional, Francisco Marín, defensor de DD.HH. e integrante de Juventud Rebelde y Óscar Ramírez, abogado de CSPP e integrante de Defender la Libertad.

Durante el conversatorio, los invitados hicieron un balance de la jornada a nivel nacional y compartieron cómo se vivió la situación en Bogotá y Nariño. Por otra parte, a pesar de que se anunció que la fuerza pública no usaría armas de fuego, 13 personas resultaron heridas, por lo que los invitados señalan lo preocupante de las actuaciones, prácticas y procedimientos de la fuerza pública durante las protestas. 

Además, comentan que a pesar de que se sabe que el estallido social va a ser más fuerte este año, es preocupante que el gobierno esté “diseñando un entramado de fortalecer el terror de estado”.

En materia de acciones, señalan qué se debe hacer desde los diferentes ámbitos de la sociedad y comparten la importancia de salir a marchar teniendo unos argumentos claros.

Finalmente, Daniel Libreros, habla de las falencias del actual Código de Policía y la necesidad de una reforma estructural de la Policía y en general de las Fuerzas Militares. (Si desea escuchar el programa del 18 de septiembre: Cine en resistencia)

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Foto: Contagio Radio/Andres Zea

Las protestas que se presentaron en el país, debido al asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de agentes de la policía y los demás abusos cometidos por esa fuerza y que dejaron 13 personas muertas por el accionar de la entidad al disparar contra la ciudadanía. Estos actos, además, de las afirmaciones de la alcaldesa sobre el proceder de la policía hacen que se cuestione quién dio la orden de disparar contra los civiles y a quién se le otorga la responsabilidad por los actos. (Le puede interesar: Cinco normativas que deben cambiarse para frenar delitos de la Policía)

Durante el programa de Otra Mirada sobre los abusos de poder por parte de la policia y los responsables de estos actos estuvieron Jorge Restrepo, director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo (CERAC), Alirio Uribe, abogado y defensor de derechos humanos y Heidy Sánchez, concejala de Bogotá. 

Los invitados señalaron explicaron qué tan posible es que se encuentre y se determine quién dio la orden de disparar. 

Además, con relación al rol y las declaraciones de la alcaldesa Claudia López los invitados comparten que es cuestionable la responsabilidad y el control que tiene la alcaldesa de la Policía de Bogotá, señalando que al parecer se le obedece para reprimir las protestas pero no para evitar que se dispare con armas de fuego a civiles. 

Igualmente, explicaron cómo es el uso de las armas en movilizaciones y si es legal que los policías disparen cuando lo consideren necesario.

El abogado Alirio también señala que los pasos a seguir para que no se repitan estos hechos es cambiar la doctrina de la policia, del enemigo interno y las declaraciones que pueden inspirar a los policias a violar los derechos humanos. (Si desea escuchar el programa del 11 de septiembre: Otra Mirada: Un pacto por la vida y la paz surge desde las comunidades.)

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Foto: Ang Moreno

La pandemia ha dirigido al país a una crisis económica en la que los realmente afectados han sido los sectores más vulnerables no solo de la ciudad sino támbién de las zonas rurales del país. Además, factores como la desigualdad social, el hambre, y los intereses del Gobierno Nacional se hacen más evidentes y latentes.

Durante este programa de Otra Mirada sobre las diferentes caras de la crisis económica en el país, participaron Carmenza Saldías, exsecretaría de Hacienda de Bogotá,  Jorge Cortés, primer vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y Oscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana.

Primeramente, los invitados comparten cuál es la situación de las zonas rurales a nivel económico desde que inició la pandemia, señalando que a pesar de que ya la pandemia profundizó e hizo más evidente la crisis económica, desde hace mucho tiempo ya estaba sucediendo. 

Además, explican que mientras se pretendía hacer un prestamo a la aerolínea Avianca, es preocupante el presupuesto tan bajo que se va a dirigir a sectores como la salud, educación, cultura, investigactivo y agrícola. (Le puede interesar: Sí hay recursos para Avianca pero no para sectores más vulnerables) 

Por otra parte, Carmenza comenta que durante la crisis económica son las las mujeres otro de esos grupos que se han visto afectados y explica que seguramente desde el inicio se pudo haber hecho algo para evitar los rezagos que ya está dejándo la pandemia.

Finalmente, describen cuáles son las verdaderas caras de las crisis económica y señalan que el estallido social va a ser muy grave si el gobierno nacional no toma acciones inmediatas. (Si desea escuchar el programa del 16 de septiembre: Otra Mirada: Informes de inteligencia y estigmatización vs movilización social )

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Foto: fcmpaz

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Iván Duque que en un plazo de cinco diera respuestas de fondo a las comunidades que han exigido repetidas veces un cese al fuego en sus territorios y la implementación del acuerdo de paz. (Le puede interesar: Tribunal ordena a Duque responder a comunidades que exigen cese al fuego en sus territorios)

En este programa de Otra Mirada, sobre lo que exigen las comunidades al presidente Duque, participaron Germán Rodriguez, abogado defensores de DD.HH. Comisión Intereclesial de Justicia Y paz, Jani Silva, lideresa ZRC de la Perla Amazónica-Putumayo, Luz Marina Cuchumbe, lideresa campesina de Inzá (Cauca). 

Durante el conversatorio, los invitados explicaron cuáles eran esas exigencias que llevan pidiendo mediante cartas, desde marzo tanto al Gobierno Nacional como a los grupos armados que actúan en los territorios.

Además, señalan cuáles son las dificultades que viven las regiones en medio de la pandemia en términos de atención médica; sin embargo también comparten cómo se las han arreglado en los 5 meses como comunidad haciendo frente a la pandemia y generando nuevas iniciativas.

El presidente Duque tiene plazo para responder a las regiones hasta el 2 de septiembre, por lo que los panelistas comparten qué camino se tomará si el presidente no responde a las exigencias del Tribunal. 

«Deseamos que se llegue a un acuerdo para el cese del fuego, pero inmediatamente porque lo que está pasando es preocupante».

Jani Silva, Lideresa ZRC de la Perla Amazónica- Putumayo.

Finalmente, llaman al presidente a no delegar las funciones que le corresponden como mandatario pues de él depende que las cosas cambien en los territorios. (Si desea escuchar el programa del 28 de agosto: Otra Mirada: En peligro la autonomía de la comisión Interamericana de DD.HH. )

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Foto: Corte Suprema de Justicia

Desde que la Corte Suprema ordenó medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe por delitos de soborno y fraude procesal, varias han sido las veces en que se ha tratado de entorpecer la continuidad del proceso por medio de pronunciamientos y tutelas que piden la libertad del expresidente.

Además, después de que Álvaro Uribe renunció a su curul en el Senado, su partido político y allegados han pedido diversas veces que el caso pase a manos de la Fiscalía, intentando generar polarización y presión sobre los magistrados.

Por si fuera poco, tanto la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría General de la Nación quedaron en manos de funcionarios del gobierno copando así todos los entes de control.

En este programa de Otra Mirada sobre la decisión de la Corte y la posible pérdida de equilibrio de poderes estuvieron Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Gregorio Hernández, docente y exmagistrado de la Corte Constitucional, Gustavo Gallón, director y fundador de la Comisión Colombiana de Juristas. 

Durante el conversatorio los expertos afirmaron que se debe permitir obrar a los magistrados respetuosamente y con relación al caso Uribe, explican si es legítimo que por parte de los partidos políticos y del mismo presidente se ejerza presión a las altas cortes. (Le puede interesar: Colombia debe respetar a sus Magistrados y sus decisiones)

Debido a que el mismo expresidente Uribe ha revelado lo que dice el expediente, describen qué implicaciones tiene esto al entenderse que se estaría violando la reserva del sumario.

Además, explican qué peso tiene lo que dijo la Procuraduria sobre trasladar el caso a la Fiscalía, qué intereses podrían haber para que se esté pidiendo esto y hablan de la pérdida de equilibrio de poderes en los órganos de control. (Si desea escuchar el programa del 25 de agosto: Otra Mirada: La aspersión aérea no es la respuesta) 

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Foto: El Tiempo

Carlos Trujillo, ministro de Defensa, señaló que Colombia se encuentra lista para reiniciar la aspersión con glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito. Además indicó que la presencia de cultivos de uso ilícito tiene relación directa con la violencia que actualmente vive el país.

Sin embargo, son muchos los sectores que cuestionan si el regreso de la aspersión con glifosato es realmente el camino para terminar con la violencia, incluso han señalado que una política para evitar las masacres no debe estar relacionada con más violencia para los territorios y sus pobladores.

Analizando esta posibilidad, estuvieron en el programa de Otra Mirada Jhenifer Mojica, abogada en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Franklin Cortés, vocero nacional de la Coccam, Alirio Uribe Muñoz, abogado defensor de derechos humanos y  Ricardo Vargas, investigador asociado del Instituto Transnacional – TNI.

Quienes integraron este panel comparten su opinión al gobierno querer escudarse en las masacres para justificar el reinicio de las aspersiones.

“Es lamentable que se tienda una cortina de humo sobre las fumigaciones para atender la crisis humanitaria que se ha generado en torno a las masacres en distintas partes del país”

Jhenifer Mojica

Siendo el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos un punto acordado en el acuerdo de paz, señalan que el trabajo del gobierno en implementarlo ha sido deficiente.

Además, cuando se reinició la conversación sobre la aspersión se mencionó que se realizaron una serie de modificaciones para evitar afectar a las comunidades y al ambiente; sin embargo, los invitados ponen en tela de juicio la efectivamente de estas.

Aún así, el abogado Alirio aclara que por el momento el gobierno no puede poner en marcha la aspersión pues hay ciertos requisitos sin cumplir. (Le puede interesar: Comunidades le recuerdan al Gobierno que acudir a aspersión aérea sería ilegal)

Finalmente, comparten cuáles son las acciones que desde las organizaciones se pueden hacer para que no se desconozcan los pronunciamientos y las decisiones judiciales. (Si desea escuchar el programa del 24 de agosto: Otra Mirada: Ante la violencia: Reactivar la movilización social)

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