La Corte Suprema de Justicia revisó un recurso que presentó el oficial para tumbar la condena de 40 años de prisión que emitió en su contra el Tribunal Superior de Bogotá al hallarlo responsable por la desaparición forzada de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridas entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Redacción Contagio Radio.

Bogotá. El 16 de marzo de 2023 la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 40 años de prisión en contra del coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, el entonces capitán Óscar William Vásquez Rodríguez y tres exintegrantes del B-2 del Ejército Nacional como los coautores de la desaparición forzada de varios sobrevivientes de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

En la providencia que fue adoptada por la Sala de Casación Penal se dejó en firme la sanción contra Sánchez Rubiano y Vásquez Rodríguez; como también se ratificó la sentencia contra los sargentos Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña.

La decisión se registró porque dichos miembros del Ejército serían los responsables particulares en las desapariciones del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera; el mesero Bernardo Beltrán Hernández y la señalada guerrillera Irma Franco Pineda.

La Corte Suprema de Justicia también confirmó que el puesto de mando instalado en la Casa del Florero estuvo bajo las órdenes de los sargentos Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña, que omitieron realizar el registro de las víctimas, por lo que nunca se conoció el paso de las tres personas por el primer piso de la edificación, lo que, según el pronunciamiento de la Corte, fue esencial para la desaparición forzada de Rodríguez, Beltrán y Franco.

En el documento, la Corte Suprema también confirmó que Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández salieron con vida del Palacio de Justicia, y que su desaparición se planeó desde el momento en que se implementó el operativo para retomar del Palacio.

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_{Víctimas de las comunidades en el plantón frente a la Corte Suprema de Justicia. Fotografía Contagio Radio}

En la mañana del jueves 7 de abril comunidades campesinas, afro e indígenas acompañadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz realizaron una rueda de prensa y un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia, en rechazo al aval de la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel».

Los integrantes de las comunidades, víctimas afectadas por las operaciones militares y paramilitares en la región del Urabá y el Bajo Atrato Chocoano, señalaron su consternación por la decisión de la Corte Suprema. La extradición de “Otoniel” es un fracaso para todo el país, pues sus conocimientos sobre el conflicto no serán escuchados y las víctimas no podrán obtener verdad.

Una vez más nos damos cuenta para que están hechas las instituciones de este país, para favorecer al poder victimario. El aparato asesino del Estado siempre está por encima de la dignidad. Eso a nosotros día a día nos incrementa más el dolor porque una institución como la Corte Suprema, lo máximo que hay en este país en el marco jurídico, está a favor de ocultar la verdad a las víctimas. ¿Ante quién recurrimos entonces? ¿Cómo vamos a saber la verdad?

Intervención de un integrante de las comunidades

Con el fallo de la Corte las comunidades afirmaron que la verdad es sepultada, mientras la impunidad es fortalecida. Organizaciones de Estados Unidos se declararon dispuestas a recibir cartas y preguntas de las víctimas para intentar esclarecer las verdades que ellos buscan y que la extradición oculta.

Otoniel es un pulpo, la historia detrás de él es inmensa: las FARC, los paras y otros movimientos armados. Él sabe quién le mandaba, sabe cómo se conjugaban del escritorio las acciones que hacían en los territorios. La verdad de quiénes fueron, cómo lo hicieron, quiénes son los culpables se pierde para las víctimas.

Intervención de una víctima

Las víctimas también publicaron en el mismo día una carta abierta respaldada por numerosas comunidades y organizaciones de defensa de derechos humanos rechazando aún más el fallo de la máxima entidad jurídica colombiana y criticando también el comportamiento de la JEP, la cual debía presionar la Corte para impedir la extradición de “Otoniel”, por lo menos hasta que hubiera aportado con la verdad.

No hemos aprendido las lecciones del pasado. A las víctimas y a la sociedad colombiana se le oculta la verdad real y procesal. Unos pocos se benefician de la verdad en los Estados Unidos, que solo es de tráfico de drogas, y de entrega de dineros y de rutas. Y acá, nos seguimos quedando con mentiras que hacen que todo sea peor.

Carta abierta 7 de abril

Un cambio real de las instituciones, una “depuración”, es lo que además pidieron las comunidades. Instituciones que sepan crear diálogos entre las partes, para así verdaderamente llegar a una paz duradera y estable:

Es imposible creer que sin diálogos entre las partes, con garantías de no repetición, en Colombia se obtenga una paz duradera de lo concreto. Nunca la va a haber porque tal poder opositor sigue impidiéndolo. Está claro que es favorable para Colombia el tema del conflicto armado, el tema del narcotráfico. Si no se radica el tema de la posibilidad de oportunidades para la gente menos favorecida nunca va a haber paz y siempre va a haber coca en todos los territorios colombianos.

Una víctima

El evento se llevó a cabo a dos días del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que verá nuevamente las delegaciones del Urabá y el Bajo Atrato Chocoano pedir justicia, verdad y paz, lo que la Corte Suprema no ha promovido con su decisión.

El en vivo del evento:

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Yolanda Zabala excombatiente de las Farc, de 22 años y su hermana Reina de 17 años, fueron asesinadas este 1 de enero en el municipio de Briceño, departamento de Antioquia. Zabala avanzaban en su proceso de reincorporación, en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de la Plancha en Anorí. Con ella la cifra asciende a 250 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz.

El partido FARC lamenta esta terrible noticia e insiste en que los asesinatos no cesan y el Estado Colombiano no ha tomado medidas efectivas para que paren estos ataques contra los excombatientes y contra el proceso de paz firmado en la Habana.

Según el tercer informe del Monitoreo de Paz de Justice for Colombia «existe una alarma generalizada en Colombia y a nivel internacional sobre el estado actual de la implementación» La seguridad en diferentes regiones del país ha colapsado a tal punto que se puede decir que es el principal obstáculo para avanzar con el proceso de paz.

Tanto el partido de las FARC como las diferentes organizaciones sociales insisten al gobierno de Duque que genere iniciativas y acciones contundentes para que paren las masacres y los asesinatos a excombatientes y a líderes sociales en Colombia.

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Foto: Contagio radio/ Dilmer Leiva, Abelardo Muñoz y Hector Cardenas (izquierda a derecha)

En el marco del VI Festival de las Memorias en San Antonio de Inzá, Cauca; se llevó a cabo el conversatorio “Experiencias de vida y hallazgos sobre las distintas formas de eliminación” en el que participaron intervinientes del conflicto armado, pertenecientes a las extintas FARC y a las Fuerzas Militares.

Abelardo Muñoz, excombatiente de FARC, señaló sus motivaciones para sumarse a las filas de la insurgencia y explicó que una golpiza que le propinaron unos soldados, apenas saliendo de su adolescencia, creó en él un resentimiento que justificó en ese momento su ingreso a las FARC.

El coronel (r) del Ejército Nacional, Carlos Velásquez, afirmó que durante su carrera militar fue testigo de conductas contrarias al mandato constitucional de proteger a la población civil al interior de las tropas, y que ello, lo apartó de muchas de las directrices impartidas en el Ejército.

Desde Inza, intervino Dilmer Leiva, exmilitar del Ejército, quien afirmó que la política de “seguridad democrática” implementada por parte del expresidente Álvaro Uribe, fue la que propició el actuar delictivo de muchos de los integrantes de las Fuerzas Militares.

Leiva, agregó que la directriz operacional en la que sólo servían las bajas, llevaron a que brigadas compitieran por cuál tropa conseguía mejores cifras para conseguir condecoraciones, ascensos, descansos, recompensas económicas o por el contrario sanciones o hasta la desvinculación de la Fuerza.

Todo esto, según Leiva, llevó a que las metas de las brigadas se encaminaran erradamente y se desvirtuara su deber, lo que desembocó en el tristemente célebre episodio de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

Desde Inzá, el exmilitar Hector Cardenas víctima de su propio Ejército

En el panel también participó el exsoldado del Ejército Nacional, Hector Cardenas; quien narró su experiencia de vida en las Fuerzas Militares y explicó que al tiempo que tenia su papel como militar, también era víctima del Ejército, el cual, asesinó a su suegro y cuñado en uno de los muchos casos de ejecuciones extrajudiciales.

Todos y cada uno de los intervinientes revivieron sus memorias, se sentaron en una misma mesa, pese a que en su momento combatieron para bandos diferentes; y enfatizaron en la importancia de construir la verdad con todas las voces del conflicto, incluyendo las de los responsables, quienes también tienen algunas de las piezas para construir esa verdad integralmente.

(Aquí puede ver el video completo del IV Festiva de las Memorias: https://www.facebook.com/watch/?v=3415749461797335&extid=peIUIsIPW7uywUYQ)

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Por: Johan Higuita

Semblanza de Ernesto Ríos Arias a los 25 años de su asesinato: germina su legado.

A Ernesto lo mataron los paramilitares, pero lo han asesinado principalmente el silencio y el olvido; muchos años han pasado ya, la falta de memoria o la amnesia obligatoria cumplieron su labor de olvido.

Atrás han quedado las historias que por miedo no se atrevieron si quiera a escapar de los labios para ser contadas. Atrás parece haber quedado ese Oriente antioqueño que se convirtió en un mar de rebeldía e inundó las calles con la voz de indignación que las comunidades levantaban, para denunciar los atropellos que en la región se cometían en nombre del desarrollo.

Ernesto Ríos Arias fue otro más de esta generación de profesionales e intelectuales que se ubicó del lado del sentir de los sectores populares, que supo poner sus ideas al servicio de los más necesitados. Al lado de líderes como Ramón Emilio Arcila y Julián Conrado aportó a la organización y construcción del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño durante la década de 1980-1990.

Ernesto, oriundo del municipio de La Unión (Antioquia), tuvo el privilegio para su tiempo de asistir a una universidad, fue de los primeros profesionales en su municipio, abogado penalista de la Universidad de Antioquia formado bajo la influencia marxista de la convulsionada década de 1970 en el contexto estudiantil de las universidades públicas.

Desde muy joven se le conoció en su pueblo como líder vinculado a las luchas juveniles por la educación pública, el deporte  y la cultura.

Hacia el año 1982 se agudizó en la región la problemática que se venía presentando con la Electrificadora de Antioquia, empresa prestadora del servicio de la energía eléctrica, que compraba energía a EPM para revender en la región a costos exorbitantes –aun cuando la región era productora del 36% de la energía nacional gracias al complejo hidroeléctrico asentado en su territorio–. Habitantes de municipios como San Carlos y Marinilla venían manifestando su inconformidad y llevando a cabo movilizaciones locales frente a esta situación (esto se sumó a los reiterados paros locales que se presentaron en el Oriente hacia finales de los 70); también el municipio de La Unión empezaba a hacerle frente a ésta problemática y Ernesto, con su vocación de líder y la legitimidad de que gozaba en la comunidad, empezó a perfilarse como el gran líder del municipio pero también con grandes proyecciones como dirigente regional.

Fue de los representantes de la Junta Cívica de La Unión en la Coordinadora Cívica Regional.

Ernesto fue uno más de los dirigentes que lideró los famosos paros cívicos regionales, protestas que paralizaron por completo al Oriente antioqueño, y que incluyeron dos paros en el año 1982 y uno en 1984, a los que se refirió el gobernador Villegas Moreno como “un paro subversivo programado por doce anarquistas”. Además integró la comisión que representó a las comunidades en la negociación con la Gobernación de Antioquia, EPM y la Electrificadora de Antioquia.

Debido a esta labor, en el marco del segundo paro cívico en el municipio de La Unión, horas antes de que se llevara a cabo la manifestación programada, Ernesto en compañía de otro líder fue apresado por la policía como una forma de contener la manifestación popular, lo que desembocó en una protesta local que adelantó el paro unas horas antes de lo planeado, para exigir la liberación inmediata de líder, quien de hecho había alentado y descrito la jornada como “la gente unida, los sectores políticos, comerciales, estudiantes, amas de casa, todos en el paro hasta que no soltaran el último detenido”.

Hizo parte de todo ese proceso de maduración del Movimiento Cívico que Ramón Emilio Arcila denominó “de la protesta a la propuesta”, haciendo mención a ese tránsito que las comunidades organizadas del Oriente antioqueño habían tenido al pasar de las movilizaciones y los paros a una propuesta política para la región, que disputara el poder a los viejos gamonales y caciques del bipartismo, como una forma de ampliar la democracia y propiciar la participación real de los sectores populares. Al respecto Ramón Emilio Arcila y el mismo Ernesto Ríos Arias, llegaron a comentar que la organización social del Oriente antioqueño era un auténtico germen de poder popular, gracias al empoderamiento  de las comunidades.

También Ernesto con su agudeza política vio como un avance significativo   la reforma política que permitió la elección popular de alcaldes a finales de la década de 1980, pues allí el Movimiento Cívico vislumbró la posibilidad de hacerse al poder en las localidades para trabajar en beneficio de las comunidades; por ello desde el primer momento encabezó la lista al concejo del municipio de La Unión por el Movimiento Cívico, y logró ser concejal durante dos períodos con una buena votación.

También llegó a la  presidente del Concejo Municipal.

Para ese momento el apoyo popular con el que contaba el Movimiento Cívico en la región y su apuesta político-electoral, le había costado fuertes persecuciones y asesinatos.

En el año 1983 fue asesinado Julián Conrado en San Carlos, un médico líder en la localidad que fue el primero en caer, a partir de allí se inició un exterminio sistemático del Movimiento de Acción Sancarlitana que era la expresión del Movimiento Cívico local en San Carlos; ya en 1989 fue asesinado el máximo referente del Movimiento Cívico, Ramón Emilio Arcila un gran intelectual y dirigente, cuando era candidato -prácticamente electo- a la alcaldía de Marinilla. Aproximadamente 200 personas entre líderes y militantes de base  cayeron asesinadas en éste genocidio político, Ernesto fue uno de ellos.  

En el municipio de La Unión el liderazgo de Ernesto ya era reconocido, logró proyectos importantes como lo es la primera política pública deportiva del municipio, documento que él mismo construyó; también junto al Movimiento Cívico se había logrado un gran avance urbanístico gracias a la autoconstrucción de vivienda que promovieron, donde a través de la organización popular se construyeron dos barrios.

Ernesto Ríos participó  dentro de la recién fundada Alianza Democrática M-19, expresión política  que nació de la negociación de paz  entre el M-19 y el Gobierno Nacional; fue un arduo activista en favor de la Asamblea Nacional Constituyente como un paso fundamental para la construcción de la paz en Colombia,  también fue candidato a la Cámara de Representantes de Antioquia en el año de 1991 por éste movimiento político, logró jalonar alrededor de 6.000 votos encausando el caudal electoral del Movimiento Cívico en la región.

El 3 de mayo de 1995 fue asesinado Ernesto a manos de sicarios en la ciudad de Medellín mientras departía en su oficina en el centro de la ciudad. Su asesinato se dio en el marco de la incursión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en la zona del Altiplano del Oriente antioqueño, éste paramilitar operó en la región a través del Bloque Metro,  financiado por sectores económicos de poder, narcotraficantes y políticos tradicionales de la región, a la par que con claras alianzas con la Fuerza Pública.

El asesinato de Ernesto, según investigaciones llevadas a cabo por los Tribunales de Justicia y Paz, se le atribuye al Bloque Metro, en el marco de la persecución a los líderes y lideresas ligados al Movimiento Cívico del Oriente antioqueño.

 Respecto a la incursión paramilitar en ésta zona del Altiplano, el mismo Carlos Castaño llegó a decir que se debía a que en éste lugar estaba asentada “la verdadera oligarquía antioqueña y colombiana” con sus fincas de recreo y veranero, lo que hace creer que hubo fuertes intereses desde sectores tradicionales de poder en la región y el departamento, que tenían en sus planes “descabezar” completamente el movimiento social en la región asesinando a sus dirigentes,  por los avances significativos que había tenido en la participación política copando espacios de elección popular  y el peligro en que esta alternativa ponían el poder político de gamonales y caciques tradicionales de la región.

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Foto: Laura Blanco/Contagio Radio

A treinta y cuatro años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, las 18 familias de las víctimas de desaparición forzada continúan exigiendo respuestas al Estado Colombiano, durante la jornada de conmemoración de este año, las personas se reunieron en la Plaza de Bolívar en donde con imáges y aregas siguen recordando a sus familiares y luchando en contra del olvido.

De acuerdo con Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, desaparecido del Palacio de Justicia, ya han pasado tres generaciones de familiares que han acogido la búsqueda de las y los desaparecidos y son los nietos los que están recibiendo la misión de mantener viva la memoria de los hechos y la esperanza por saber qué sucedió con sus víctimas los días 6 y 7 de noviembre de 1985 (Le puede interesar: 34 años del Palacio de Justicia: Para nunca olvidar, para no repetir )

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Foto: @constanzavieira 

El 17 de septiembre de 2004 fue asesinado Alfredo Correa de Andréis, pensador y académico. Quince años más tarde, el Estado colombiano pide perdón por el crimen que acabó con la vida del profesor y que estuvo organizado por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Alfredo Correa, nacido en Ciénaga, Magdalena, trabajaba por la defensa de los derechos humanos, enfocándose durante sus últimos años en investigar sobre el fenómeno del desplazamiento forzado en la región. Debido a su vinculación con las comunidades desplazadas, fue detenido y acusado de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero posteriormente fue liberado. Dos meses después, era asesinado a manos de los paramilitares.

Un perdón que llega quince años después

El Consejo de Estado condenó este año a la Nación por la detención injustificada del sociólogo y profesor universitario. Ahora, tras 15 años de su asesinato, el Gobierno pide públicamente disculpas en un acto en el que se instaló una placa en su memoria. El acto contó con la presencia del director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, y autoridades del orden nacional, departamental y local.

Ante este hecho, Magda Correa, hermana de Alfredo Correa, manifiesta que «las disculpas del gobierno nunca se debieron dar porque nunca debieron acusar injustamente a Alfredo, ni mucho menos asesinarlo. Las disculpas no llegan tarde ni temprano porque nunca debió suceder lo que pasó».

Actos conmemorativos

En el transcurso del día se realizaron actos en las dos universidades en las que Correa dio clases en Barranquilla para rendirle homenaje: la Universidad Simón Bolívar y la Universidad del Norte. Fue en ésta última donde el Estado colocó la placa conmemorativa.

Paralelamente, la organización Colectivo Sentipensante en Ciénaga, Magdalena, realizó un taller que le rindió homenaje: “Sentipensando los territorios desde el pensamiento de Alfredo Correa de Andreis”, Asimismo, Magda, su hermana, espera que este episodio  sea «una lección aprendida, por el bien y el futuro de Colombia. Que esto no siga sucediendo y que otras familias no tengan que pasar por lo que ha pasado la mía».

Al conmemorarse 15 años del crimen de Alfredo Correa De Andréis, el Estado pedirá perdón e instalará una placa en memoria del sociólogo. #SinOlvido pic.twitter.com/cKEF1R3Joq

— Sin Olvido (@SINOLVIDO) September 17, 2019

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María Tila Uribe nació en Bogotá en 1931, hija del líder del Partido Socialista Revolucionario Tomás Uribe Márquez y Enriqueta Jiménez y sobrina de la primera mujer líder sindical del país María Cano Márquez.

Pionera en impulsar los primeros congresos obreros del país en los años veinte; educadora popular vinculada al proyecto alfabetizador del Padre Camilo Torres, a grupos comprometidos con las luchas de emancipación de las mujeres y co-fundadora del “Frente Unido Femenino”.

Durante más de 30 años María Tila Uribe ha investigado y recogido testimonios que la motivaron para escribir el libro “… les regalamos el minuto que falta” reflexiones sobre la masacre de las bananeras que espera llevar a las nuevas generaciones para evitar que el sangriento capitulo en la historia de Colombia caiga en el olvido. (Ver:«Los empresarios son los que están detrás de los asesinatos»: líderes del Bajo Atrato y Urabá )

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Así se conmemoró la semana de la memoria universitaria, un espacio que  busca reivindicar y conmemorar 35 años de una serie de sucesos violentos contra estudiantes, profesores y trabajadores universitarios, particularmente los ocurridos en 1984.

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A 29 años del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, revivimos junto a su hija María José, el legado de un hombre que apostó por la paz a costa de su propia vida. #SinOlvido

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