Según Indepaz en lo corrido del 2023 se han presentado 28 masacres en el país. El saldo es de 94 homicidios y 88 víctimas contabilizadas. Por su parte Human Rights Watch (HRW) aseguró que, durante los primeros tres meses del año en Colombia, han sido asesinados 33 líderes/as sociales. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Comisión de Justicia y Paz, han hecho denuncias sobre asesinatos en las regiones. Cifras que no dan tregua a ningún Gobierno.

Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio

Bogotá. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) alertó que en lo corrido del 2023 se han presentado 28 masacres en el país, siendo la más reciente la del 1 de abril en Bogotá, en la localidad de Fontibón. El saldo es de 94 homicidios, 88 víctimas contabilizadas al 24 de marzo, a las que se añaden las cuatro registradas el primer día de abril.

Por su parte, El subdirector de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, explicó en su cuenta oficial de Twitter, que en Colombia se han registrado en el primer trimestre del 2023 la muerte de 33 líderes/as sociales. En enero se perpetraron 12 homicidios, en febrero la cifra descendió a 8, y para marzo ascendió a 13. El reporte da cuenta que departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño han sido los más golpeados. Indepaz reportó una cifra de 35 líderes sociales en el mismo periodo de tiempo.

Asimismo, varias organizaciones han hecho reportes, entre ellas la Comisión de Justicia y Paz, alertando sobre diversos asesinatos. El más reciente ocurrido el 21 de marzo en área rural del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, en la comunidad de Jerusalén, corredor San Pedro Arizona. “El martes 21 de marzo (…) hombres armados asesinaron a Diego Jair Orbes y Luis Fernando Malpud. Diego de 32 años, padre de dos hijos, era comunero Nasa afilado al cabildo Selva Hermosa y actualmente ejercía como Fiscal de la JAC de la comunidad de Jerusalén; Fernando era un reconocido finquero de la zona y compañero sentimental de la ex presidenta de la JAC de la comunidad de Jerusalén”, aseguró la Comisión de Justicia y Paz en su página oficial.

Es de recordar que en esta zona del país hay presencia de la estructura armada Comandos de Frontera – Ejercito Bolivariano CDF-EB, y el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las FARC, en medio de la fuerte presencia militar de la Brigada XVII de Selva del Ejército Nacional. “(…) Los pobladores rurales expresaron su preocupación por la presencia de ambas estructuras armadas ilegales. Urge acciones institucionales que esclarezcan los hechos y garanticen la vida e integridad de las comunidades rurales de Puerto Caicedo. Las comunidades siguen llamando a los actores armados a respetar y demostrar gestos de paz real en los territorios”, aseguró la Comisión de Justicia y Paz.

“En los primeros tres meses de 2023, hemos documentado 33 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, dice el trino del funcionario quien se tomó la tarea de documentar caso uno por uno. En enero, por ejemplo, quedó en evidencia que un líder sindical, un campesino, un indígena, un miembro de la comunidad LGTBI, tres comunales y cuatro comunitarios fueron asesinados.

Aunque para febrero la cifra descendió en cuatro personas, no cesaron. Los afectados vivían en Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Magdalena, Valle del Cauca y Arauca. El panorama para marzo fue desalentador ya que ascendieron las cifras llegando a 13 y superando los primeros dos meses del año. Entre ellas: un líder juvenil, un afrodescendiente, un funcionario de la Defensoría del Pueblo, dos comunitarios y cuatro comunales. Las muertes ocurrieron en Nariño, Cesar, Valle del Cauca, La Guajira, Atlántico, Cauca, Chocó, Putumayo, Boyacá y Nariño.

La cifra revelada por el organismo refleja que los homicidios a líderes sociales se cometen en gran parte del país y que ese flagelo no le da tregua a ningún Gobierno. Durante 2022, la Defensoría del Pueblo informó que 215 líderes/as sociales fueron asesinados. En este mismo periodo Indepaz reportó 189 líderes/as sociales y 32 firmantes de paz asesinados. Según esta ONG desde la firma de los Acuerdos de Paz al 31 de marzo del 2023 van 1444 líderes/as sociales y 353 firmantes de paz asesinados.

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Somos génesis, colectivo que agrupa más de 180 procesos sociales, envío carta al presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, en la cual le manifiestan su apoyo en la búsqueda de la Paz que el país anhela e invitan al presidente y al Comisionado a visitar los territorios el próximo 18 de abril para compartirles sus propuestas de paz.

Por Redacción Contagio Radio.

Bogotá. “Es el tiempo de la Paz, el tiempo de vida, de continuar desde el amor a la humanidad construyendo la paz global que anhelamos”, así se titula la carta que Somos Génesis, colectivo que agrupa más de 180 procesos sociales, envió la presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, en la que dan su apoyo a la paz total e invitan al Gobierno y a los grupos armados a no desfallecer en los caminos que conducen a la paz.

“Sabíamos que la Paz, como valor supremo para nuestra sociedad, no sería una tarea fácil, los últimos acontecimientos así lo demuestran, lo importante ahora es insistir y continuar explorando los acercamientos que permitan des-escalar la intensidad del conflicto armado y de las distintas formas de violencias que impactan nuestras vidas en los territorios rurales y urbanos”, dice la carta.

Asimismo, reconocen los avances que este nuevo Gobierno, en sus ocho meses de mandato, ha hecho en la protección de la vida y reafirmaron su propuesta de Acuerdos Humanitarios Parciales en todo lugar donde la violencia persista, y profundizar una Paz Global Territorial con todo actor generador de violencia.

“Seguimos convencidos que la paz debe ser incluyente, y debe mostrar el camino para la salida a través del diálogo con los diversos actores armados. Comprendemos que cada grupo a partir de sus motivaciones, naturaleza y origen deberá tener un tratamiento diferenciado. Los invitamos a todos ellos, para dar pasos certeros hacia la paz”, dice la misiva.

Territorios para la paz

La red Somos Génesis se solidarizó con los familiares de las víctimas mortales del ataque del ELN en la vereda El Carmen, municipio de Villanueva, en el Catatumbo, el pasado 29 de marzo. “No queremos que ninguna persona muera por culpa de la violencia sociopolítica”, aseguran.

El Gobierno por su parte llamó a un cese al fuego con la Guerrilla del ELN. “Creemos que con cese o sin el, se debe seguir allanando el camino hacia la Paz, para esto desde nuestra Red nos hemos declarado como Territorios Facilitadores de Paz, los territorios colectivos de la Cuenca del río Jiguamiandó, las Zonas Humanitarias Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida en la Cuenca del Río Cacarica, en el Bajo Atrato chocoano, el Consejo comunitario de Cabeceras en el Bajo san Juan Valle del Cauca, en el Resguardo Humanitario de Pichimá Quebrada en el Litoral San Juan en el Chocó”.

Asimismo, le hacen una invitación al Presidente y al Alto Comisionado de Paz para que lleguen a los territorios, iniciando por Jiguamiandó, el próximo 18 de abril para que conozcan sus propuestas de paz, y de esta manera se continúen construyendo mecanismos de Paz por medio de Encuentros.

“Nuestras Zonas Humanitarias, Resguardos Humanitarios Ambientales, Zonas de Biodiversidad, Eco Aldeas de Paz, Refugios Temporales Humanitarios en armonía con la naturaleza, disponen de experiencia en la construcción de Paz y ofrecen las condiciones de seguridad necesarias para que el alto gobierno, la sociedad civil y los grupos armados que hacen presencia en estos lugares, busquemos salidas y alivios humanitarios en beneficio de la vida”, aseguran.

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Arrancando la Semana Santa un grupo de organizaciones sociales envío una carta abierta a los grupos armados haciendo un llamamiento por la paz y pidiendo muestras concretas de voluntad de Paz. Piden cese al fuego para aliviar la crisis humanitaria. Este llamado se une a la petición de cese al fuego hecha por el presidente Gustavo Petro luego de la reunión que sostuvo este viernes 31 de marzo con su equipo negociador con el ELN y los países garantes y acompañantes.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. Los pueblos Indígenas, Campesinos, Afrodescendientes, movimientos y organizaciones sociales de la Orinoquia Amazonía y del nivel nacional hicieron un llamado al diálogo y a la construcción de Paz. “En esta semana de pascua llamamos a cesar todas las agresiones, a plasmar las intenciones de paz con expresiones y hechos tangibles. Exigimos a todos los actores armados incluyendo la Fuerza Pública, que escuchen el clamor de la población y paren la guerra, mostrando una voluntad real y verificable”, dijeron en comunicado público.

Aseguran que el peso de la guerra es insoportable.  “¿Hasta cuándo esta guerra? Preguntamos con insistencia a los actores armados. Queremos aprovechar estos tiempos de pascua para llamar a recobrar el valor de la vida, la necesidad de respetar la palabra, los acuerdos y los pactos, a cuidar al otro, a la otra y a garantizar la permanencia de la vida en los territorios y el respeto a los principios humanitarios que son imperativos éticos y políticos”, dice el comunicado.

Las comunidades más apartadas de los centros urbanos han sido atravesadas por la guerra y están agotadas de la continuidad de la violencia. Quieren que llegue la paz a sus territorios para poder vivir tranquilos.

“Queremos superar el miedo, el terror que genera la confrontación armada, somos responsables con la historia y queremos sembrar en nuestros hijos e hijas la semilla de la paz con justicia social estable y duradera”.

Asimismo, sienten la violencia estructural derivada del abandono del Estado por lo que en el comunicado la población hace un llamado para que “se brinden garantías para la exigencia de derechos, para que la movilización social siga promoviendo cambios, que no se nos niegue el derecho al disfrute de los espacios religiosos, del ocio y de vacaciones en tranquilidad y armonía, no en tristeza, dolor y miedo”.

Por último solicitaron a los diversos actores armados que anuncien y cumplan un cese al fuego que contribuya a aliviar la crisis humanitaria que padecen quienes sufren la guerra. “Hagamos de este momento una oportunidad para que el diálogo político, participativo, incluyente, vinculante y transformador, sea el camino para superar las injusticias que son causas estructurales de los conflictos de Colombia incluyendo el conflicto armado. Cobijemos nuestros territorios con actos de paz, de esperanza, de solidaridad, comprensión y reconciliación entre unos y otros”, dice la misiva.

Reunión en Palacio

Los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continuarán. Esa fue la principal conclusión tras la reunión que se desarrolló este viernes 31 de marzo en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro, su equipo negociador y representantes de los países garantes y acompañantes del proceso de paz.

El encuentro de emergencia se dio tras el ataque que perpetró esa guerrilla el pasado miércoles contra una unidad militar en la vereda Villanueva del municipio de El Carmen (Norte de Santander). El atentado dejó nueve uniformados muertos y otros nueve heridos.

La principal instrucción que el jefe de Estado le dio a su equipo negociador fue la de pactar, durante el tercer ciclo que se cumplirá en La Habana, un cese al fuego y de hostilidades y acordar el mecanismo de participación de la sociedad civil en el proceso. Aún no hay fecha para el inicio de esa tercera fase, pero se da por descontado que se desarrollará un preciclo para afinar detalles que permitan avanzar en la concreción de esos acuerdos.

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Durante una sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), el pasado 28 de marzo, funcionarios de la Alcaldía de Puerto Asis, no permitieron la entrada a los delegados de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA). Contagio Radio intentó contactar a algún funcionario de la Alcaldía para pedir una explicación, pero no fue posible recibir respuesta.   

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. El pasado martes 28 de marzo, hacia las 9:00 a.m., en el centro urbano de Puerto Asís, funcionarios de la Alcaldía negaron la participación en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR, a los delegados de la ZRCPA, la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica.

Es de recordar que los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) son procesos de participación ciudadana que fueron establecidos en la Constitución Nacional y están reglamentados por la Ley 101 de 1993, y Ley 1876 de 2017, entre otras.

Según los funcionarios, en explicaciones dadas a los delegados de la ZRCPA, la participación en dichos espacios es por corregimiento o inspección desconociendo de facto, que la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica fue constituida sobre el territorio del corregimiento Perla Amazónica.

Estos consejos son una herramienta muy importante de apoyo para el diseño y ejecución de la política agropecuaria, con el propósito de mejorar las condiciones del sector rural y la calidad de vida de los campesinos.

Sin embargo, y pese a existir un acta de Asamblea General del 13 de junio de 2022 en donde la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), organización que representa legalmente la ZRCPA, delegó las personas para asistir a dicho espacio, hasta este momento no ha sido posible garantizar su participación en dichos escenarios.

En Según la Comisión de Justicia y Paz “No se entiende porque en la administración del alcalde, Fernando Castillo, se han puesto trabas a la participación de la ZRCPA, si en el pasado reciente los delegados por Asamblea General de ADISPA han sido aceptados sin ningún inconveniente”.

Asimismo, indicaron que “los funcionarios públicos desconocieron la figura legal de la ZRCPA, contemplada en la ley 160 de 1994 y los decretos reglamentarios 1777 de 1996 y el deber legal de las alcaldías municipales de impulsar, concertar y dinamizar el plan de desarrollo de las ZRC (Zonas de Reserva Campesina)”.

El informe de la Contraloría Agraria del año 2014, sobre las ZRC reconocía que precisamente el desconocimiento por parte de autoridades locales y regionales era el mayor obstáculo para el impulso y desarrollo de esta figura fundamental para el campesinado colombiano. Hoy casi diez años después de dicho informe, se siguen presentando los mismos impedimentos por parte de funcionarios locales que siguen desconociendo la ZRCPA.

Mientras organizaciones nacionales e internacionales y comunidad en general, felicitan el trabajo de la ZRCPA representado en la reciente nominación de su representante legal, la lideresa Jani Silva al premio nobel de paz, las comunidades siguen enfrentando obstáculos para su efectiva participación.

La Comisión de Justicia y Paz aseguró que “Urge que las instituciones competentes actúen en derecho y garanticen el derecho de participación de las comunidades de La ZRCPA representadas legalmente por ADISPA”.

“No hay que tener miedo, vivir así, no es vivir” – Contagio Radio

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Tras el ataque con explosivos la madrugada de este miércoles 29 de marzo a una base del ejército en el Catatumbo, zona cocalera en la frontera con Venezuela, que dejó 9 oficiales muertos, el jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, confirmó que se reunirá el próximo lunes con el presidente Petro y exigirá a esa guerrilla el cese al fuego y de hostilidades.

La zona ha estado históricamente controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua del país. Aunque el presidente Gustavo Petro no atribuyó el ataque al ELN, llamó a consultas a su equipo negociador y repudió el hecho. El jefe del ejército y el comisionado de paz sí lo atribuyeron al ELN, mientras que Álvaro Uribe, expresidente y ficha clave de la oposición, lamentó «que Colombia hubiera abandonado la seguridad».

En un comunicado público Otty Patino, jefe del equipo negociador, aseguró que su posición en la reunión que sostendrá con Presidencia el próximo lunes, es “la de hacer prioritaria la exigencia de cese al fuego y hostilidades como condición necesaria para adelantar la participación de la sociedad civil en este proceso y el desarrollo de alivios en zonas donde el ELN pudo interferir”.

Por otro lado, Patiño aseguró que además de este ataque, “en los últimos días el ELN ha incrementado el hostigamiento contra la población civil en Cauca, Arauca, Chocó y Nariño, con una violación flagrante a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que dicen acatar”.

“Ello lastima la confianza de la ciudadanía en la voluntad de paz del ELN y lacera profundamente la cordialidad en las conversaciones y en la implementación de los acuerdos”, dijo el jefe negociador en el comunicado abierto a la opinión pública.

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A un año de la masacre Congresistas estadounidenses piden explicaciones por tratarse de una acción militar ejecutada por un batallón que recibe apoyo de ese país.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. Ocho congresistas de la Cámara Baja de los Estados Unidos emitieron una carta dirigida a Antony Blinken, secretario de Estado de ese país, en la que manifiestan su preocupación por el apoyo que ha dado Estados Unidos a las unidades militares colombianas del Comando Contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (CONAT). “Estamos particularmente preocupados por el asesinato de 11 personas en el pueblo de Alto Remanso el 28 de marzo 2022, por una unidad de la fuerza pública colombiana que ha recibido apoyo militar de los EE.UU.”, dice el documento.

El comunicado también advierte que “investigaciones de prensa revelaron evidencias convincentes de que los militares intentaron manipular el escenario de los asesinatos, colocando ropa militar y armas encima de los cuerpos posteriormente. Esta alegación hace eco al modus operandi del escándalo ‘falsos positivos’ en Colombia”.

Frente a ello, plantearon varias preguntas al secretario de Estado de Estados Unidos, entre las que se destacan “¿cómo es la relación entre los militares de los EE.UU. y el Batallón contra Narcóticos #3 en particular y el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) en general?; ¿qué apoyo han recibido estas unidades militares desde el 28 de marzo del 2022?; ¿cuál es la evaluación del departamento de Estado sobre si estas unidades militares cometieron graves violaciones de DD.HH., como ejecuciones extrajudiciales, en Alto Remanso?”, entre otros cuestionamientos.

Los congresistas estadounidenses aseguraron que no conocen avances significativos en las investigaciones ante la Fiscalía ni Procuraduría. Cabe destacar que uno de los generales que salió a dar partes después del operativo fue, justamente, Édgar Rodríguez Sánchez, comandante del Comando Conjunto No. 3 Suroriente, un militar con 32 investigaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionadas con 56 casos de falsos positivos que habrían sido cometidos bajo su mando entre el 7 de julio de 2006 y el 9 de julio de 2007, cuando operaba como comandante del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, en Pitalito (Huila).

El 28 de marzo de 2021, a las 7:30 de la mañana, el Ejército inició un operativo militar, supuestamente, contra los ‘Comandos de Frontera’, también conocidos como ‘Los Sinaloa’, en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo.

El objetivo era capturar a dos de sus integrantes, conocidos con los alias ‘Bruno’ y ‘Managua’, encargados del tráfico y la comercialización de drogas. En el lugar de los hechos los pobladores realizaban un bazar para recaudar fondos para sus actividades comunitarias. Sin embargo, en lo operativos no fue ni abatido, ni capturado ninguno de los dos objetivos.

Entre las 11 víctimas mortales que dejó el operativo estarían Pablo Panduro Coquinche, Gobernador Indígena Kichwa, del resguardo Bajo Remanso; el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarrias Barrera; Brayan Santiago Pama Pianda (menor de edad); Rubén Peña; Óscar Oliva; Luis Guerrero; Enuar Ojeda; José Peña; Alexander Peña y Jhon Jairo Silva. Este último era firmante de Paz, según confirmó la Agencia Nacional de Reincorporación.

En el momento, oficiales militares Colombianos afirmaron que todos los fallecidos en Remanso eran miembros del grupo armado ilegal Comandos de la Frontera. Rápidamente, esta versión de los eventos chocó con testimonios de testigos locales – recolectados por organizaciones de derechos humanos y periodistas Colombianos respetados – los cuales indicaron que por lo menos cuatro de las personas asesinadas eran civiles sin armas.

Según el medio Colombiano Semana, el operativo fue ejecutado por el 3a Batallón Contra-narcóticos, el cual forma parte del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT). En una entrevista a la prensa publicada el 14 de septiembre del 2021, el Brigadier General del Ejército de Colombia Juan Carlos Correa Consuegra, comandante del CONAT, dijo que, “Con los Estados Unidos tenemos una amistad y una alianza de muchos años. Estados Unidos nos sigue apoyando en entrenamiento y equipamiento, lo que nos ayuda a fortalecer nuestras capacidades distintivas del CONAT.”

En un comunicado privado a Amazon Watch, se elaboró, “Le exigimos al Estado Colombiano y a la Fiscalía, que nos muestren resultados de la investigación de la masacre en la vereda Remanso, municipio Leguizamo. Desde la masacre no sabemos nada, no sabemos cómo va la investigación, no sabemos quién es el responsable, no han dado nombres. Así que le exigimos al Estado Colombiano y a la comunidad internacional, que nos ayude a esclarecer estos actos de violencia contra el pueblo Leguizameño.”

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Hoy se conmemora un año de la masacre del Alto Remanso un operativo militar, supuestamente, contra los ‘Comandos de Frontera’ en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo. Las comunidades hacen un acto conmemorativo en el lugar de los hechos y desde el Congreso de la República un acto simbólico. La Fiscalía investiga a seis generales, pero aún no hay claridad sobre los hechos.

Por Carolina Toro Leyva

Bogotá. El 28 de marzo de 2021, a las 7:30 de la mañana, el Ejército inició un operativo militar, supuestamente, contra los ‘Comandos de Frontera’, también conocidos como ‘Los Sinaloa’, en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo. El objetivo era capturar a dos de sus integrantes, conocidos con los alias ‘Bruno’ y ‘Managua’, encargados del tráfico y la comercialización de drogas. En el lugar de los hechos los pobladores realizaban un bazar para recaudar fondos para sus actividades comunitarias.

Entre las 11 víctimas mortales que dejó el operativo estarían Pablo Panduro Coquinche, Gobernador Indígena Kichwa, del resguardo Bajo Remanso; el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarrias Barrera; Brayan Santiago Pama Pianda (menor de edad); Rubén Peña; Óscar Oliva; Luis Guerrero; Enuar Ojeda; José Peña; Alexander Peña y Jhon Jairo Silva. Este último era firmante de Paz, según confirmó la Agencia Nacional de Reincorporación.

Según la reconstrucción periodística, hecha por El Espectador, la revista Cambio y el portal Vóragine, los testimonios recogidos de los habitantes de esa comunidad afirman que los militares se identificaron como guerrilleros, por lo que la comunidad creyó que eran del frente Carolina Ramírez de las disidencias para atacar a un supuesto grupo de los Comandos de la Frontera. Además, que los hombres venían vestidos de negro y que los cuerpos de las víctimas fueron movidos por el personal militar y estuvieron bajo su custodia por varias horas.

Así mismo, no coinciden las versiones y comunicados del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía. Aunque el Ministerio de Defensa aseguró en una rueda de prensa que el operativo se había realizado en conjunto con la Fiscalía, el ente investigador confirmó que tuvo conocimiento de los hechos alrededor de las dos de la tarde, siete horas después de los combates. Además, el ministerio dice que hubo retenidos y la Fiscalía contradice esa versión.

A pesar de la complejidad de este caso, la Fiscalía arribó hasta el lugar de los hechos para comenzar las pesquisas judiciales y la toma de testimonios el 1 de abril, cuatro días después del operativo. Para entonces, la Mesa Territorial de Garantías de Putumayo, conformada por más de 10 organizaciones de derechos humanos, y algunos medios de comunicación ya habían llegado a Puerto Asís.

En su momento el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, aseguró que se trataba de un combate entre las Fuerzas Militares y las disidencias de las Farc de Comandos de la Frontera. “La operación legítima se hizo contra Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias ‘Bruno’, jefe de finanzas del frente 48 de las disidencias y que hace parte de las organizaciones criminales que trafican cocaína en la frontera con Ecuador”, aseguró el oficial. Sin embargo, él no fue abatido allí, ni fue capturado.

Por su parte, David Melo Cruz, representante jurídico de las víctimas del operativo militar e integrante de la Fundación Liderazgo y Paz del Putumayo, asegura que dará la batalla judicial para probar lo que ellos denominan habría sido una “masacre”. Por su parte la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, OPIAC, dijo que este es un caso de ejecuciones extrajudiciales, denominadas comúnmente, falsos positivos.

La Fiscalía asegura que está avanzando en el caso, en cual están siendo investigados 6 generales, pero hay muchos interrogantes: ¿Hay pruebas de que las 11 personas muertas pertenecían a las disidencias de las Farc?, ¿Por qué los militares llegaron vestidos de negro, sin insignias oficiales y presentándose como guerrilleros?, ¿Cuántos civiles murieron en la operación?, ¿por qué se movieron los cuerpos de los civiles?

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Esta es la segunda de 4 historias de vida que publicaremos en el mes de marzo sobre mujeres que de una u otra manera trabajan por un país mejor que anhela paz. A todas ellas muchas gracias. Ena Loperena es una lideresa indígena Wiwa con un fuerte liderazgo en procesos con población desplazada, inclusión de la mujer y bienestar para las comunidades. Esta es su historia.

Por Carolina Toro Leyva

Ena Loperena es una lideresa indígena Wiwa nata. Heredó su fortaleza, liderazgo y entrega por ayudar a los demás de su abuela Rosa María Loperena. “Ella era la matriarca, nuestro ejemplo a seguir, el eje de nuestra familia, de casi 80, pero trabajaba como si tuviera 20. En el 2002 los paramilitares la asesinaron, junto a mi abuelo y a mi tío (…) Ahí quedamos sin suelo, fue devastador, pero ese dolor tan grande lo convertimos en fortaleza, eso es algo que nunca se supera”, indicó.

De ella aprendió el amor y respeto por las personas mayores y la madre tierra; la sabiduría ancestral y el valor de la educación con enfoque diferencial; la identidad cultural y la esencia como pueblo originario. La etnia Wiwa está ubicada en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, hacia el sur de La Guajira, algunas cuencas del Cesar y del Magdalena.

Al abandonar hace 20 años su territorio por acción de los grupos armados, llegó a Riohacha, Guajira, a la Casa Indígena, un espacio que se organizó con apoyo de la gobernación de la Guajira para que cada pueblo indígena tuviera un lugar. “Hay muchos indígenas que viven en la sierra y que no tienen una casa y allí se pueden quedar, ahora tenemos también una oficina. Este lugar es para todas las comunidades y tratamos de suplir lo básico”, asegura.

Estando allí empezó a organizar a la población indígena desplazada. “Todas las familias estaban esparcidas por ahí y no existía un censo real. Yo regalé mi tiempo para recoger esa información a mano porque no teníamos como más hacerlo. (…) También ayudaba los sábados a hacer las tareas a los niños de la sierra que vivían en la Casa Indígena; fue una labor muy bonita y bastante descuidada”, señala.

Actualmente, es responsable de Equidad y Género del cabildo Shekuruma Akusha de la Sierra Nevada y la Organización Wiwa Golkushe Tayrona. Por su liderazgo en los procesos con población desplazada, de inclusión de la mujer y todo lo relacionado con la búsqueda del bienestar de estas comunidades, ha recibido amenazas contra su vida. La más reciente ocurrió en noviembre del 2021 cuando en la portería de Casa Indígena, dejaron un paquete a su nombre envuelto en papel regalo.

En su interior se encontraba una muñeca Barbie con una bala enterrada en la cabeza y una nota de papel con un escrito en lápiz. “Fue tan fuerte, que yo me reinicié, era como si no supiera leer, no entendía nada de lo que decía la nota (…) tuve que pasarle el papel a un compañero para que leyera la advertencia que me hacían para que no siguiera metiéndome, según ellos, en asuntos ajenos; que la persona que estaba antes que yo estaba tres metros bajo tierra”.

Al recibir estas amenazas la lideresa presentó la denuncia ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Desde el 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas cautelares a favor del pueblo Wiwa. En la región hacen presencia los grupos armados Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o “Los Pachenca” y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que han venido ampliando su influencia en esta zona.

Construyendo memoria

Siempre ha estado vinculada a elaborar proyectos para la población indígena en el departamento de la Guajira para que se organicen y mejoren sus condiciones de vida. Esto siempre ha sido una lucha constante al igual que ejercer su liderazgo dentro del pueblo Wiwa. “En el territorio indígena Wiwa no es fácil liderar, se debe tener muchos años para que las opiniones sean tenidas en cuenta, y el tema de género ha sido un obstáculo, no hay tantas lideresas en la Guajira o en el Magdalena y sobre todo que se mantengan”, aseguró.

Ena también está comprometida con el legado a las nuevas generaciones y sobre la importancia de la madre tierra. “Para nosotros más que el ser humano, es la madre tierra. Si la madre está bien, todos estamos bien y tenemos que curar de raíz y garantizar el bienestar de la madrea tierra (…) si seguimos de la misma forma, destruyendo la propia casa y el propio planeta, para donde nos vamos a ir”, aseguró.

Desde siempre ha mantenido su lucha por establecer un vínculo con el territorio y que no se olvide esa parte espiritual. “Hay una conexión de todo lo que hacemos, y la parte espiritual es muy importante. Al desplazarnos, nosotros no solo perdimos a seres queridos y bienes materiales, sino que nos desconectamos del territorio y sin una ayuda es muy difícil establecer el puente nuevamente. Por eso luchamos por tener en casa Indígena profesores con enfoque diferencial, porque eso aporta a esa reconexión, pero el Estado no nos ayuda en ese sentido”, señala.

Las tradiciones son importantes para ellos y quieren mantenerlas en Casa Indígena, teniendo por lo menos un ‘Mamo’ y una ‘Saga’, para los indígenas que no logren subir a los territorios, pero no tienen como hacerlo porque no hay el suficiente recurso. Asimismo, buscan desde hace más de 8 años reconstruir dos casas sagradas que se quemaron y un kiosko, pero eso tampoco ha sido posible.

El ‘Mamo’, la ‘Saga’, la Mayora y el Mayor tejen día a día la memoria de sus pueblos a través de sus conocimientos y prácticas sobre el territorio, las plantas, la educación de los niños, la lengua, la tradición y otros elementos. El desplazamiento forzado y otras causas de debilitamiento de la cultura han desprotegido este tejido de la memoria indígena.

Ena me explica que hay lugares que antes de que el ser humano existiera que son sagrados; ya todo estaba designado, ya se sabía lo que iba a pasar, el camino que iban a tomar ‘los hermanos menores’, entonces los padres ancestrales fueron precabidos y dejaron lugares a nivel de la sierra en donde se puede hacer un pagamento espiritual para subsanar los males causados y ayudar a que todo mejore.

“Nuestro llamado es escuchar a los pueblos indígenas y no tanto al conocimiento de las universidades. Antes de que ellos existieran, estábamos nosotros acá, tenemos un conocimiento inmaterial que no se puede desconocer. Nosotros queremos ayudar al Gobierno; no somos políticos, no nos gusta, pero queremos la tierra y ayudar al hermano menor. Hoy el presidente nos ha parecido que quiere un cambio y desde la parte espiritual nosotros podemos aportar”, indica Loperena. 

 Agrega: “(…) Los pueblos de la sierra, el pueblo Wiwa tiene la mano levantada para contribuir a la Paz Total (…) Hacer unos pagamentos, una reconciliación con la madre tierra (…) es importante pensar cómo está la madre tierra, ella merece la reconciliación y la paz».

Asimismo, pidió para la Sierra Nevada proyectos productivos para aumentar el consumo de proteínas porque ellos no tienen casa indiscriminada. Igualmente, piden que el territorio esté libre de actores armados. “(..) para los indígenas volver con garantías implica mínimo un año sin alimentación porque vamos a sembrar y eso toma un tiempo. Acompañarnos a través de proceso productivos, un retorno digno, una vivienda digna. Que nos den una reparación colectiva pero de eso todavía nada”.

Desde el 2021 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha estado acompañando los procesos y ha hecho el acompañamiento jurídico para presentarse como comunidad ante la JEP, algo que no habían podido hacer antes. “Estamos presentando los casos de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, había mucha impunidad e invisibilización sobre ese tema”. Indica la lideresa indígena.

“Algo que para nosotros fue muy gratificante y muy lindo fue La conmemoración de los 20 años de la masacre de el Limón que hicimos el año pasado”, recuerda Ena. Esta conmemoración se hizo en el marco de los Festivales de la Memoria que lidera la Comision Intereclesial de Justicia y Paz y que se realizan desde distintos territorios. 

“Nunca antes se había hecho visibilización de la masacre y eso fue muy importante. Fue ver que no estamos solos, que aunque muy doloroso todo lo que vivimos, hay personas que han podido surgir de esas cosas malas que les pasó, que hay fuerza dentro de los daños, que podemos unirnos, que podemos acompañarnos, fortalecernos como víctimas de la una a la otra, cambiar experiencias muy fuertes, poder hablar, poder decir los que nos pasó es una terapia que nos limpia el alma”, indicó.

El pueblo wiwa no olvida la masacre de El Limón

En el año 2002, el pueblo wiwa del corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, en San Juan del Cesar, se tiñó de sangre cuando unos 200 paramilitares asesinaron a 16 de sus pobladores, arrojaron rockets y cilindros contra la población civil e incendiaron 15 viviendas.

El hecho ocurrió entre los días 30 de agosto y 3 de septiembre, cuando los atacantes llegaron a la vereda El Limón y ejecutaron a Adalberto Sarmiento Loperena, Dioselina Armanta, Gilma N. Hamilton, Héctor De Armas Martínez, Jaime Elías Mendoza Loperena, Rosa María Loperena, otras personas sin identificar y tres menores de 13, 14 y 17 años de edad.

La justicia tuvo que emitir dos sentencias a través del Tribunal Administrativo de La Guajira proferidas el 14 de diciembre de 2015 y el 29 de marzo de 2016, para que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad administrativa en esta masacre. Sin embargo, solo dos años después fue que se produjo el acto a través del cual ese mismo Estado le dio la cara a los familiares de las víctimas para pedirles disculpas públicas.

La reparación colectiva e integral aún no llega, pero ellos siguen esperando. Ena continúa su lucha por el bienestar de las comunidades indígenas de la sierra y por mantener en las nuevas generaciones la conexión con la madre tierra.

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El pasado 22 de marzo las comunidades de los nueve ríos que atraviesan Buenaventura iniciaron una protesta ante la grave crisis humanitaria que están viviendo. Denuncian persecuciones, asesinatos de líderes y lideresas sociales, y desplazamiento de sus territorios por los combates entre los grupos que operan en la zona. Dos días después llegaron a un acuerdo con el Gobierno y levantaron las protestas.

Redacción Contagio radio

Buenaventura. Con tambores y camisetas blancas las comunidades de los consejos comunitarios de los nueve ríos que atraviesan Buenaventura se tomaron las calles de la ciudad portuaria para hacer visibles sus problemáticas y exigir la presencia del Alto Comisionado para la Paz, la vicepresidenta Francia Márquez y las diferentes instancias del Gobierno Nacional y regional, para solucionar la difícil situación humanitaria que viven en la región.

Y fueron escuchados. El Gobierno nacional y las comunidades llegaron a un acuerdo para levantar el paro en Buenaventura, Valle del Cauca, una de las arterias económicas más importantes del país. Esto se produjo luego de que las partes llegaran a un acuerdo de 20 puntos.

El Gobierno nacional se comprometió a garantizar el retorno de la población en la zona rural del puerto, que se había visto afectada por las presiones de los grupos armados ilegales. Las comunidades denuncian persecuciones, asesinatos de líderes y lideresas sociales, y desplazamiento de sus territorios.

Martha Olave, de los Procesos con Negritudes, aseguró en entrevista con Colombia Informa que: “Nuestras comunidades están en hacinamiento, muchas cuencas están paralizadas sin poder moverse porque hay enfrentamientos entre grupos. Han cogido nuestros territorios para hacer sus batallas (…) pedimos un acuerdo humanitario para sacarlos de nuestros espacios para que la gente pueda hacer su vida normalmente”.

Asimismo, los manifestantes le piden al Gobierno que se siente y converse. “(…) Ya se han hecho muchas reuniones, caravanas humanitarias, pero los resultados en vez de mejoran empeoran; la gente está desesperada. Además, en los enfrentamientos siempre quedan muertos de la comunidad y eso también nos tiene muy preocupados”, afirmó Olave.

“Exigimos un corredor humanitario para hacer poder desarrollar normalmente nuestras actividades. Hay un cese bilateral, pero hemos sentido todo lo contrario; se ha incrementado la violencia”, comenta Alicia Olave y agrega: “están haciendo retenes ilegales, marcando todo el territorio. No permite que la gente haga lo que tienen que hacer frente a su supervivencia”.

Por su parte, Mario Ángulo de Renacientes y vocero de la movilización aseguró en su cuenta de twitter que le exigen al Ministro del Interior y al Alto Comisionado de Paz que cuando se hagan acuerdos con los actores armados en los territorios se tenga en cuenta la realidad que vive la población como y se compartan estos actores armados en los territorios.  

Asimismo, pidió se revisen estos acuerdos y se establezca un proceso de seguimiento sobre los mismos para ver cómo se están llevando a cabo porque la violencia en vez de disminuir se ha incrementado en esta zona del país. También, solicitó el acompañamiento de las Naciones Unidas, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de las Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos, entre otras entidades.

https://www.facebook.com/watch/?v=666041048657902

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En un acto simbólico las comunidades de la cuenca del Río Cacarica, que salieron desplazadas durante la operación génesis, entregaron a la delegación de Gobierno, que estuvo precedida por la vicepresidenta, Francia Márquez, una vela encendida como muestra de la esperanza que tienen puesta en que casi después de 10 años de dictada la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado cumpla. Este acto de reconocimiento y perdón, que se realizó el 21 marzo, fue el primer paso.

Por Carolina Toro Leyva

Tu historia es una llama de fuego enclaustrada en el sombrío reflejo del mar, viviste sintiendo y sentiste siendo. Fuiste el principio del hoy y el ayer, el despertar de nuestra resistencia, tu memoria es la esperanza dicha en verso, el cambio, una salida, tu memoria es un crucifijo en donde nuestra libertad vuela.

En memoria de Marino López.

ZH Nueva Esperanza en Dios. La Comunidad de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica (CAVIDA) y la Asociación de Familias Desplazadas por la Violencia de Río Sucio, Chocó (CLAMORES), con la asesoría de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, recibieron en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Dios a la comitiva del Gobierno, en un hecho histórico, para dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena al Estado colombiano asumir su responsabilidad y realizar un acto público de perdón por los hechos ocurridos hace 26 años en la operación génesis.

En este acto de reconocimiento y perdón participaron las comunidades de la cuenca del río Cacarica, conformada por indígenas, afros y mestizos, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y un gabinete de diversas instituciones del gobierno nacional, como el ministerio del Interior, del Diálogo Social y de Agricultura. También asistieron las embajadas de Suecia e Irlanda.*

Es de resaltar que la vicepresidenta Francia Márquez y el Comisionado de Paz Danilo Rueda, escucharon a CAVIDA y a CLAMORES asumiendo el compromiso de iniciar con prontitud el seguimiento al cumplimiento de la propuesta de reparación colectiva para que el acto de reconocimiento y perdón no quede solo en el discurso sino que sea una realidad.“(…) Esperamos que todo lo que vamos a plantear aquí, usted (vicepresidenta) sea la garante y pueda hacer cumplir (las peticiones) porque es nuestra esperanza”, aseguró Ledys Patricia Orejuela, lideresa de la organización CAVIDA.

Las comunidades, le hicieron llegar a la vicepresidenta, a través de su equipo de protocolo, presentes representativos de su región. “Tenemos la esperanza de que las cosas ahora si van a logarse. Este es el primer paso y una muestra de la voluntad que tiene el Gobierno de hacer las cosas. (…) No nos sentimos reparados, pero estamos muy felices porque creemos que este es el camino para conseguir la reparación colectiva que venimos luchando desde hace más de 20 años”, aseguró Jeison Mena, líder de la organización CLAMORES.

Debido a la agenda que debió correrse varias horas por rumores sobre algunos hechos de orden público en la zona, solo se contó con la delegación unas horas en la tarde, pero con el compromiso por parte del Gobierno, de volver a reunirse el próximo 13 de abril con funcionarios de alto nivel para discutir los cinco puntos propuestos por CAVIDA y CLAMORES dentro de la reparación colectiva que son: paz global, seguridad territorial y justicia; memoria para la reparación moral; Tierras y Territorio; Desarrollo Rural con enfoque territorial; y gestión ambiental del recurso forestal.

Durante su intervención la vicepresidenta, Francia Márquez, reiteró su compromiso por servir de mediadora con los diferentes gabinetes para darle trámite a las propuestas de reparación colectiva que presentó la comunidad, y afirmó que el gobierno tiene la intención de trabajar con fuerza y compromiso para que la complicidad y colaboración de miembros del Estado con grupos armados no se repita. “Nos corresponde romper el silencio institucional, la injusticia histórica que significa la impunidad de estos crímenes”, aseguró.

Así mismo, dijo que este acto histórico no se celebra en un día cualquiera, sino el día que se conmemora la lucha contra la discriminación, el racismo y formas conexas de intolerancia. “(…) Cuenten con el Gobierno del Cambio para reconstruirnos como sociedad. Queremos, honramos la memoria de las víctimas de estos lamentables hechos que no debieron suceder”, aseguró.

“Creemos que, si se llegara a cumplir lo que hemos plasmado en este documento, se podrían satisfacer la mayoría de las necesidades del pueblo negro y en resistencia de Cacarica”, expresó Jhon Jairo Mena, líder de la Organización CAVIDA.

El Alto Comisionado para la Paz Danilo Rueda, visiblemente conmovido, recordó los principios de la lucha de estas comunidades y el ejercicio de respeto humanitario que se ha venido implementado durante estos años, e hizo una invitación al grupo armado que opera en la zona. “(…) escuchen al pueblo, a la gente; ya están cansados, ya no quieren más; y estamos en la única oportunidad, quizás, antes de que esto se vuelva insostenible, para parar estas formas de violencia en los territorios del bajo y medio Atrato, Ungia y Acandi”. 

Asimismo agregó que la mejor manera de honrar a Marino López y a todos los asesinados y desaparecidos “es tomar la fuerza para romper el silencio, para ejercer la libertad, el derecho de unos territorios a ser territorios para la paz y la reconciliación, donde su generosidad les abre el corazón pero que se den pasos ciertos para construir el Cacarica y el Bajo Atrato que todos y todas ustedes se merecen”. Y a sus compañeros les dijo: “construyamos un estado social y ambiental de derecho para ellas y ellos”.

La Comisión de Justicia y Paz aseguró que fueron 26 años de encuentro en la dificultad y en la construcción de salidas a esas dificultades en los procesos de CAVIDA, CLAMORES y el Consejo Comunitario de Cacarica. “(…) Desde el año 2002 hemos sido testigos de un proceso de transformación del efecto de la guerra y se empezó a hablar de los derechos restaurados como un proceso de aplicación de distintas formas de justicia teniendo la justicia comunitaria afro y la justicia indígena. Se han generado espacios de acercamiento entre afectado y responsables”.

Otras voces

Contagio Radio recogió algunos testimonios de los asistentes al evento. “Para nosotros hoy es un día histórico, tenemos por primera vez una reunión con vicepresidencia y es un paso gigante el que dimos hoy porque nos están escuchando como Gobierno y muy pronto seremos reparados”, aseguró Alicia Hurtado Mosquera, líderesa de la organización CLAMORES.

Por su parte, Rosalba Córdoba, de la organización CAVIDA aseguró sentirse agradecida. “(…) El tiempo de Dios es perfecto, él sabe cuándo las cosas son buenas para uno y por eso se dio ahora porque llegó un gobierno que entiende cuál es el clamor y el dolor del pueblo; y es la oportunidad perfecta para que las propuestas de los pueblos étnicos sean escuchadas desde la lógica del derecho territorial; que tengan voz los territorios que históricamente han sido desplazados, despojados y destruidos colectivamente”.

Varios asistentes manifestaron su agradecimiento y resaltaron la posibilidad histórica que el encuentro representó. “(…) El hecho de que tengamos la posibilidad de ser escuchados por el Gobierno y dejar cosas concretas con proyectos enfocados en la subregión del Darién es un sueño hecho realidad. Y es que queremos comunicarle a la vicepresidenta todas nuestras inquietudes y la disposición para contribuir a la creación de la paz total”, dijo Estefania Robira, Consejera de Juventud de la Mesa de Víctimas del municipio de Ungia, Chocó.

Varios Colectivos de Mujeres aseguraron que este es el primer gobierno que llega al territorio a mirar las necesidades que tiene la gente de las comunidades de Rio Sucio, Carmen del Darién, Domingo do y de toda la cuenca del río Cacarica que han sido históricamente abandonadas. “Estos son los rostros de los que sufrimos la guerra, pero que hoy le apostamos a la paz, somos mujeres que hemos sido muy abandonas pero creemos que podemos aportar para que entre todos hagamos historia y todos seamos beneficiados de esta sentencia”, señaló Martha Cecilia Hernández Gallo, Representante Legal de OMER, organización de mujeres emprendedoras de Domingo Do.

Haciendo memoria

En 1997, entre el 24 y el 27 de febrero, los habitantes ribereños de los ríos Salaquí, Truandó y Cacarica, tuvieron que salir desplazados dejando atrás sus casas, sus enseres y sus animales por dos operaciones armadas que se realizaron en simultáneo: la Operación Génesis, bajo el mando del general Rito Alejo del Río de la Brigada XVII del Ejército Nacional, y la Operación Cacarica de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Durante esta incursión militar fue asesinado el líder campesino Marino López. Su cuerpo fue desmembrado y, frente a su comunidad, los asesinos en un acto dantesco usaron su cabeza como un balón de fútbol. Dieciocho personas más fueron asesinadas y desaparecidas. Este horroroso acto provocó un desplazamiento masivo de cerca de tres mil personas que buscaron refugio en las comunidades cercanas, principalmente en Turbo.

En esta ciudad antioqueña se asentaron en el Coliseo Bruno Martínez por un periodo de 4 años bajo condiciones precarias y sin un apoyo estatal. Al cabo de este tiempo, algunos decidieron regresar al territorio sin ningún tipo de garantías por parte del Estado; otros, decidieron quedarse y reconstruir sus vidas en la ciudad.

En 1999, el Incora le adjudicó formalmente al Consejo Comunitario de Cacarica, 103.024 hectáreas, dentro del área de manejo especial del Darién. En febrero de 1999 los retornantes conformaron las Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad, CAVIDA, y crearon las Zonas Humanitarias: Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida. Los que se quedaron en Turbo conformaron la organización CLAMORES.

Como lo ha descrito la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se trató de un proceso largo y lleno de tensiones con los actores armados que continuaban en territorio. Con múltiples situaciones de retenes ilegales por parte de paramilitares en inmediaciones al Cacarica, durante el 2001. Durante todo este tiempo, que la Comisión ha acompañado el proceso de las comunidades, se han presentado algunos incidentes como intimidaciones y seguimientos.

La población vive con muchas necesidades. No hay agua potable, el suministro de energía eléctrica funciona, pero aún no está formalizado. La escuela solo ofrece los grados de la básica primaria, está visiblemente deteriorada y las vías de acceso se reducen a un río que en tiempos de verano es innavegable y solo queda caminar por la trocha durante dos horas. El puesto de salud más cercano queda en Turbo, a 6 horas de distancia por vía fluvial.

Sin embargo, y pese a todas las dificultades las comunidades están organizadas y muy esperanzadas en que ahora si se pueda abrir el camino para conseguir la reparación colectiva de la mano de la Comisión de Justicia y Paz y de la vicepresidenta, para vivir sabroso en el territorio ancestral del cual no debieron salir jamás.

* Estos fueron los asistentes por parte del Gobierno y cuerpo diplomático: Lilia solano, Viceministra del Diálogo Social. Darío Fajardo, Viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura. Magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora del #Caso04, que investiga la Situación Territorial Urabá. Cielo Rusinque, Directora del Departamento de Prosperidad Social. Jenny De La Torre Córdoba, Consejera Encargada para los Derechos Humanos y DIH de la Presidencia de la República.  Victor Hugo Moreno Mina, Director de Asuntos para Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Embajadora de Irlanda, Fiona Nic Dhonnacha, Embajadora de Suecia, Helena Storm. Diego Grueso, Director de Gestión de la Unidad de Víctimas. Angie Sánchez, Directora de Ciencia del Ministerio de Ciencias. Piedad Echeverry Roa, Delegada de la Defensoría del Pueblo a nivel regional.

Por parte de la comunidad: Ledys Patricia Orejuela Quinto, CAVIDA. Jeison Mena, líder de CLAMORES. Pablo Andrés Salazar, Representante del Consejo Comunitario de Cacarica.

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