Organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de Derechos Humanos han denunciado que la violencia policial es una conducta sistemática. Para analizar esta afirmación Jenny Romero, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la campaña defender la libertad; Alejandro Lanz, Codirector de Temblores ONG y Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe Becerra, víctima de la policía se manifestaron en Expreso Libertad.

Implicaciones en la denuncia de violencia policial

Jenny Romero compartió las implicaciones que tiene la defensa y garantía de los Derechos Humanos con relación a los casos de violencia policial. Al respecto afirma que hay un trabajo constante de denuncia y sistematización, que permite dar cuenta de esa la sistematicidad de los casos.

Ejemplo de ello es el informe de Temblores ONG «Bolillo, Dios y Patria», en el que hay detalles técnicos de violencia policial entre el 2017 y 2019. Esta información, según Alejandro Lanz, permite establecer que existe tanto la sistematicidad como la impunidad en las prácticas de violencia homicida, física y sexual de la Policía Nacional.

Jenny Romero añadió que el trabajo de defensa de víctimas y en general la defensa de los Derechos Humanos, implica también hechos de persecusión y estigmtiazación, tanto de medios de comunicación como de muchas instituciones públicas.

Sin embargo, desde el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la campaña Defender la Libertad se reafirma el compromiso de la defensa de los Derechos Humanos que establezca justicia, verdad y reparación.

(Vea la entrevista completa)

La impunidad

Alejandro Lanz asegura que denunciar la violencia policial es una tarea muy difícil, sobre todo, porque «las instituciones no son claras con las cifras y hechos específicos lo que genera impunidad».

Justamente esa es la denuncia de Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe Becerra, quién fue asesinado por el patrullero de la policía Wilmer Alarcón. Según Trejos, las instituciones encargadas de la investigación de los hechos violentos protegen el buen nombre de la Policía Nacional y la encubren.

Además de esto, expresó que hay gran dificultad en el acceso a la administración de justicia, desde el proceso de denuncia hasta el de investigación. Finalmente, afirmó que la única forma de que se realice una investigación seria es que el caso tengo un gran alcance mediático lo que deriva en la presión de la opinión pública y las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos.

Sin embargo, ni siquiera esto garantiza que existan condiciones de verdad y reparación. Por ejemplo, en el caso de Diego Felipe Becerra, el patrullero Wilmer Alarcón fue encontrado culpable, después de casi diez años de batalla judicial, sin embargo, no se presentó a la audiencia y mientras era condenado escapó de la guarnición militar en la que se encontraba recluido; hasta hoy, se encuentra prófugo de la justicia.

En este Expreso Libertad escuche las denuncias realizadas por diferentes organizaciones y, entérese de los mecanismos y campañas de defensa de Derechos Humanos a los que puede acudir en caso de ser víctima de abuso policial.

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Este 15 de diciembre, el Expreso Libertad lazó el quinto y último capítulo de su radionovela «Partículas de Libertad», una historia que relató el montaje judicial creado por un agente de la policía en contra de 5 estudiantes de universidades públicas.

En este capítulo Juan Diego y Felipe deberán investigar qué sucede con su amigo Alberto y las reuniones que mantiene con guardias de la cárcel, mientras que Sofía y Araminta deberán hacer lo posible por intentar develar que hay detrás de su montaje judicial.

Durante el lanzamiento de este programa participaron Érika Aguirre y Xiomara Torres, mujeres víctimas del montaje judicial conocido como el caso Lebrija. Ambas reflexionaron en torno al ejercicio de memoria que hace esta radionovela y la importancia de contar y visibilizar la situación de las y los prisioneros políticos en Colombia.

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Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que tras la masacre cometida el pasado 21 de marzo en la cárcel La Modelo, la población reclusa tiene miedo de denunciar el conjunto de acciones violatorias a derechos humanos de las que fueron víctimas. (Le puede interesar: «Muertes de los detenidos en «La Modelo» a manos del INPEC fueron intencionales: HRW«)

De acuerdo con Óscar Ramírez, integrante del Comité de Solidaridad con Prisioneros Políticos, a la fecha no se ha logrado establecer un diálogo con la población reclusa en torno a los hechos ocurridos durante ese día. Además señala que tampoco se ha podido establecer comunicación con las familias de las 24 personas que fueron asesinadas ese 21 de marzo.

Por otro lado el abogado Uldarico Flores, integrante de la Brigada Eduardo Umañana asegura que la misma guardia del INPEC que habría cometido los abusos de poder y el asesinato de los reclusos, continúa al interior del penal. Ello porque no se ha ordenado ninguna suspensión, retiro del cargo o cambio de guardia al interior del penal.

En este Expreso Libertad escuche las denuncias de estas organizaciones en contra del accionar del INPEC, el Ministerio de Justicia y las distintas instituciones gubernamentales en torno a la impunidad que existe sobre la masacre del 21 de marzo en la cárcel La Modelo.

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Con el lanzamiento de la campaña Objetivo Libertad, que busca visibilizar la situación de las y los prisioneros políticos en Colombia, una alarmante cifra salió a la luz: hay más de 45 montajes judiciales en contra de personas, que no han contado con garantías jurídicas para sus procesos.

Esta campaña, que agrupa a distintas víctimas de montajes judiciales, familias y organizaciones defensoras de derechos humanos, pretende que este tipo de hechos tengan mayor rechazo al interior de la sociedad Colombiana, y se esclarezcan las responsabilidades detrás de los mismos. (Le puede interesar: «Objetivo Libertad»)

En este programa del Expreso Libertad, Érka Aguirre, víctima del montaje judicial conocido como el caso Lebrija; César Barrera, padre de César, víctima del caso Andino; y Karen Cortéz, amiga de Angie Solano, víctima del montaje judicial de la Escuela General Santander, denunciaron el conjunto de irregularidades en estos mal llamado falsos positivos judiciales.

Asimismo, sañalaron la urgencia por movilizarse en torno a estos casos, debido al aumento de los mismos durante el gobierno del actual presidente Iván Duque, y a la ausencia de garantías por parte del Estado en los procesos judiciales. (Le puede interesar: «La lucha de Lina Jiménez, víctima de montaje judicial de caso Andino, por su libertad«)

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Desde la firma del Acuerdo de Paz a la fecha, en Colombia han sido asesinados 241 excombatientes. Una cifra alarmante que de acuerdo con las y los firmantes evidencian el riesgo que afrontan las personas que construyen una apuesta de paz en el país y un camino hacia el genocidio.

En este programa del Expreso Libertad, Martín Batalla, firmante del Acuerdo, y Laura Villa, integrante del Consejo Nacional de Reincorporación, señalan las causas detrás de los asesinatos a las y los excombatientes en los distintos territorios del país. (Le puede interesar: «Tres firmantes de paz asesinados en Chocó, Caquetá y Putumayo»)

Asimismo, aseguran que si bien, hay un marco de 10 años para la implementación del Acuerdo de Paz y muchas de las apuestas productivas que permiten la reincorporación están andando, si no hay una garantía a la vida, este proceso se ve en vilo.

Finalmente, tanto Martín Batalla como Villa, aseguran que si bien hay un panorama violento, es importante que tanto la ciudadanía, como la comunidad internacional continúen apoyando la implementación del Acuerdo de Paz y las apuestas de reincorporación que generan las y los firmantes.

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Luego de que el pasado 14 de octubre un juez ordenara la libertad de Lina Jiménez por vencimiento de términos, la recaptura de la mujer se realizó el 16 de octubre, sin que ni siquiera se cumpliera la orden del juez y según su familia, sin garantías para el proceso judicial.

En este programa del Expreso Libertad, Laura Jiménez, hermana de la víctima del montaje judicial y Lina Torres, amiga e integrante del colectivo Libres e Inocentes, recalcaron las difíciles situaciones que ha tenido que atravesar Jiménez y la violación al derecho al debido proceso. (Le puede interesar: «Colectivo Libres e inocentes»)

De acuerdo con ambas mujeres, la reciente orden de captura que se le imputó a Lina, está relacionada con hechos del 2018 y fue autorizada por un juez municipal. Sin embargo, es importante recalcar que es el tercer proceso en contra de esta mujer y que en los dos anteriores la Fiscalía no demostró la participación de Jiménez en los hechos en cuestión. (Le puede interesar: «En busca de la libertad: Los grises del caso Andino»)

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Este 27 de octubre se estrenó el cuarto capítulo de la radionovela Partículas de Libertad, titulado: soñé libertad.

En este episodio, las cinco jóvenes deben confrontar a Alfonso, quién les tendió el montaje judicial, en los estrados. Allí su abogado defensor intentará develar cómo el policía infiltrado creó un plan para inculpar a los estudiantes de pertenecer a un supuesto grupo armado.

En este lanzamiento del Expreso Libertad, también nos acompañó Carlos Alberto Rincón, compañero de Érika Flores, que denuncia haber sido víctima de un montaje judicial y su abogado defensor Eduardo Matías.

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Foto por: Contagio Radio

El pasado 20 de septiembre, el gobierno nacional anunció la captura de un conjunto de personas que señala como los responsables de generar los desmanes de las movilizaciones del pasado 21 de noviembre de 2019. Sin embargo, organizaciones sindicalistas denuncian que tras estos hechos habría una criminalización de la protesta social.

Las personas que fueron capturadas son Miguel Parga, Érika Flores, Greicy Perilla y un adulto mayor. No obstante, las cuatro personas ejercían actividades de sindicalismo, defensa de derechos humanos o pertenecían a movimientos sociales.

Le puede interesar: Organizaciones de DD.HH denuncian ola de montajes judiciales en Colombia

En este programa del Expreso Libertad conozca los casos puntuales de Greicy Perilla, defensora de derechos humanos y Miguel Parga, sindicalista, quienes actualmente se encuentran en prisión y que según sus familias estaría siendo víctimas de un montaje judicial, que tendría la intención de generar un precedente en contra de la movilización social en Colombia.

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Tras las movilizaciones del 9 al 11 de septiembre en donde la ciudadanía expresó su indignación contra la brutalidad policial, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron los montajes judiciales de los que han sido víctimas personas que se encontraban en los lugares de las manifestaciones.

La abogada Gloria Silva, afirmó en el Expreso Libertad, que estos montajes judiciales buscan estigmatizar el legitimo derecho a la protesta y que en el marco de lo que ha sucedido durante estas movilizaciones, tiene el agravante de las torturas y tratos inhumanos y degradantes hechos por integrantes de la Fuerza Pública contra la ciudadanía.

Asimismo el abogado y docente Camilo Villegas Rondón, aseguró que en torno al papel que han jugado los medios de comunicación masivos, con noticias que afirman la tesis de disidencias de FARC-EP y la guerrilla del ELN tras la movilización, evidencian los intereses políticos y económicos que hay con esas construcciones de matrices mediáticas.

Sintonice este programa del Expreso Libertad para escuchar las posturas de estos dos especialistas sobre los montajes judiciales y la responsabilidad de los medios de comunicación en los mismos.

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El pasado 2 de julio fue capturada en Manizales, Angie Solano docente y activista social, señalada por la Fiscalía de haber participado en el atentado en contra de la Escuela Gral Santander. Sin embargo, de acuerdo con su defensa, no hay material probatorio frente a este hecho. Razón por la cual afirman que se estaría gestando un montaje judicial.

La captura de Angie Solano

Entre las dudas que hay sobre el proceso se encuentran el momento de su captura, el accionar de altos funcionarios del país y el material probatorio en su contra. Un conjunto de inconsistencias que vulneran sus derechos al debido proceso.

Solano, fue capturada cuando llegó a visitar a su familia en Manizales debido a que residía en Argentina, en donde desarrollando sus estudios de maestría. El proceso fue adelantado junto a tres allanamiento a las viviendas de sus familiares, pese a que la mujer ya no vivía allí.

No obstante, la orden de captura había sido emitida desde un mes antes de su arribo al país. Hecho que para Santiago Salinas, abogado defensor de Solano, evidencia una intención «mediática» del arresto, porque pudo realizarse en el aeropuerto, durante los puestos de control. (Le puede interesar: «Julián Gil: A dos años del montaje judicial del líder social»)

Sumada a esta situación, Salinas afirma que la captura se produce en medio de una presión política, «veíamos en los medios al presidente de la República y Ministro de Defensa, actuando como jueces en el marco del proceso, es decir emitiendo una condena pública«.

Las pruebas en los medios vs pruebas en la audiencia

El abogado expresa en que mucha de la información revelada por medios de información no está contenida en el expediente. Como también, manifiesta que ha sido por estos que se enteraron de acciones como seguimientos a Solano por parte de la Fiscalía.

Asimismo asegura que de las 304 páginas del informe presentado por la Fiscalía, solo en 27 se relaciona a Angie con el atentado y están dispersas. Situación que para el defensor evidencia una ausencia de garantías en este proceso.

«No estamos seguros si lo que se está debatiendo son aquellos contenidos presentado en los medios masivos, o si lo que se está debatiendo es en efecto los elementos puestos de manifiesto en el marco del proceso» señala Salinas.

En torno a las imágenes que, según la Fiscalía, habrían identificado a Angie como la persona que acompaña al vehículo del atentado, en una moto; aún el ente no ha podido comprobar que quien aparece en las imágenes es Solano.

Quién es Angie Solano

Fabio Solano, padre de la docente y estudiante, afirma que su hija se ha destacado por su pasión a la educación; «desde muy pequeña ha sido muy juiciosa y siempre quiso ser maestra» y agrega que su único delito ha sido estudiar.

Además señala que la razón para que Angie realizaba sus estudios en el exterior son los altos costos de la educación superior en Colombia. Actualmente Solano se encuentra cursando la maestría en historia en la Universidad de San Martín de Buenos Aires.

De igual forma, compañeros, familiares y docentes crearon la campaña Malegría y Libertad. Apuesta que busca defender la inocencia de Angie Solano y exigir su libertad en el marco de lo que ellas y ellos denuncian como un montaje judicial. (Le puede interesar: «Campaña Malegría y Libertad»)

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