El pasado viernes 23 de abril se realizó un operativo de erradicación forzada en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, en Puerto Asís, Putumayo, en el que una niña y un campesino resultaron heridos por el uso desmedido de la fuerza de los agentes antinarcóticos que adelantaron el operativo.
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Según informó la comunidad de la ZRC Perla Amazónica a la Comisión de Justicia y Paz, sobre las 10:00 am tres helicópteros aterrizaron el territorio desembarcando varias unidades de policía antinarcóticos.
La comunidad habría intentado interlocutar con las unidades policiales, sin embargo, estas les respondieron de manera agresiva y con acciones que denota uso desmedido de la fuerza.
Testigos aseguran que los policiales insultaron a los campesinos que estaban en el lugar y además los atacaron con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras.
«Por la acción policial una niña de 11 años resultó herida en sus dos piernas y un campesino en el brazo.»
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Después de los sucedido se realizó el operativo de erradicación forzada, mediante fumigación terrestre con glifosato en dos hectáreas en el sector conocido como la Juvenil que pertenece a dos familias de la comunidad.
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Las comunidades solicitan cese a los operativos de erradicación forzada
En todo el año, comunidades campesinas de varios departamentos como Chocó, Norte de Santander, Antioquia y Putumayo han exigido que se ejecuten los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
También han solicitado que el gobierno nacional deje de hacer operativos de erradicación forzada y se lleve a cabo la sustitución de cultivos ilícitos según lo pactado en los Acuerdos de Paz. Así, se podrían dar garantías de estabilización socioeconómica a las familias que tienen siembras de cultivos ilícitos en todos los territorios del país y construir paz territorial.
«Los pobladores de la ZRC Perla Amazónica que pertenecen a la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica, ADISPA, siguen reclamando al gobierno de Iván Duque coherencia y cumplimiento con el Programa Nacional de Sustitución PNIS.»
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Finalmente, desde desde diferentes organizaciones sociales, comunitarias y defensoras de Derechos Humanos se ha hecho un continuo llamado al gobierno nacional para que establezca mecanismos de diálogo con las comunidades y no priorice la erradicación, sea por aspersión o fumigación, sobre la voluntad de sustitución de cultivos, sobre todo, si no se respetan la naturaleza, los Derechos Humanos y el buen vivir de las comunidades en sus territorios.
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