9S de 2020. Fotografía ilustrativa Esteban Vega / Semana.
Una relatoría independiente solicitada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y la cual fue apoyada y financiada por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, confirma que en la noche del 9 de septiembre del 2020 (9S de 2020), fueron asesinados 11 jóvenes por parte de la Fuerza Pública.
Hace más de un año, las calles de la capital del país, Bogotá y del municipio de Soacha, se llenaron con unos 12.000 manifestantes que rechazaban el homicidio del abogado de 43 años, Javier Ordóñez, quien fue torturado y asesinado por miembros de la Policía Nacional como evidencian vídeos en los que además se ven las peticiones desesperadas de que las agresiones cesarán.
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien presentó el informe en la mañana de este lunes 13 de diciembre, afirmó que aquella noche «todos nos equivocamos, excepto la víctimas (…) Los días 9 y 10 de septiembre la Policía reaccionó de manera desproporcionada ante las protestas. Su actuación causó una masacre, lo que ocurrió no se le puede llamar de otra manera».
La investigación de 177 páginas, da cuenta de 14 asesinatos, entre los que están el del joven de 21 años, Cristian Camilo Rodríguez, quien fue asesinado a tiros por hombres desconocidos sobre la Calle de las Flores en el barrio Engativá Pueblo. Según su familia, nunca recibieron apoyo psicológico como lo habrían recibido las familias de las víctimas asesinadas.
La relatoría también señala que 75 personas más, fueron heridas con arma de fuego; 43 heridas con armas cortopunzantes y más de 300 ciudadanos agredidos. «Un tiro al corazón de un ciudadano es un tiro a la democracia (…) Ninguno era vándalo, todos son víctimas», afirmó Carlos Negret.
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Las siete prácticas violentas registradas por la relatoría
El documento investigativo, dio cuenta de siete prácticas violentas que atentaron contra el derecho legítimo de la protesta social y promovieron los ataques:
- Uso ilícito de la fuerza
- Detenciones arbitrarias
- Violencias basadas en género
- Estigmatización de la protesta social
- Impunidad
- Violencia contra la Fuerza Pública
- Violencia contra bienes públicos y privados
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Las víctimas del 9S de 2020 fueron trabajadores informales y jóvenes sin oportunidades según relatoría
La relatoría que también circula en la prensa internacional, expresa varias conclusiones, entre ellas, que las víctimas estaban entre los 17 y 27 años. El defensor del Pueblo, afirmó que hubo además una discriminación clasista sobre las víctimas, que en su mayoría eran trabajadores informales que no ganaban ni siquiera un salario mínimo. Uno de los testimonios de las víctimas refleja que oficiales de la Policía se referían a ella con términos despectivos.
“Existe una criminalización de la pobreza por parte de la Fuerza Pública, de la que se desprenden acciones autoritarias e ilegales en contra de los habitantes de ciertos sectores sociales”.
Relatoría independiente.
El defensor Carlos Negret, resaltó que las familias de clase baja y media fueron quienes pusieron a los muertos y que incluso la Policía es reflejo de las condiciones de pobreza que padece el pueblo colombiano. Según el informe presentado, los uniformados sienten que existe un presión por resultados y unas condiciones laborales precarias que evitan el ascenso y sueldos dignos para los y las policías. El defensor afirmó que ahora quienes pagarán principalmente por la masacre perpetrada este 9S de 2020 son los oficiales de menor cargo.
La Alcaldía de Bogotá, reconoció por medio del informe su responsabilidad en la «masacre policial». «¿Quién debe asumir la responsabilidad política? Yo, para empezar. Pero también la Policía y el presidente de la República (…) Eso es lo que pedí desde el primer día. A partir de ese día fue obvio que lo que sucedió fue un abuso policial y un crimen de Estado», afirmó Claudia López en la relatoría.
«Nadie dio la orden de no disparar contra nuestra juventud, esa era la orden y nadie la dio», manifestó Negret. Por su parte, Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó, «yo creo en el poder transformador de este informe (…) La ciudadanía no puede tener como enemigo a la Policía, no es viable en una Estado de Derecho y en una Democracia. Es posible restaurar esa confianza empezando por investigaciones rápidas y creíbles, sanciones contra quienes abusaron, reconociendo la verdad, a las víctimas y a sus familias. El objetivo debe ser tomar medidas necesarias para la no repetición y para sanar las heridas».
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Claudia López llevará relatoría a Juan Carlos Saldarriaga, Iván Duque y a la CIDH
La mandataria local, quien es fuertemente criticada por su actuar frente a la protesta social, reconoció su responsabilidad en los hechos ocurridos el 9S de 2020.
«Hoy, la Alcaldía de Bogotá, le ofrecemos a las víctimas un avance en sus derechos: verdad y reconocimiento (…) Tienen derecho a la verdad, en eso avanzamos hoy; tienen derecho a la reparación, en eso avanzaremos; (…) tienen derecho a la justicia (…) Es indispensable que haya justicia, que quienes cometieron un delito reciban un resarcimiento al enorme daño causado. Las víctimas tienen derecho a garantías de no repetición. Lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre en nuestra ciudad y en nuestro municipio fue una masacre policial (…) todos los ciudadanos deben ser protegidos por las armas del Estado. Acojo en su integridad las recomendaciones de este informe»
Claudia López, alcaldesa de Bogotá.
La alcaldesa también pidió al defensor Carlos Negret y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, que la acompañen a llevar el documento ante el alcalde del municipio de Soacha, Claudia López llevará relatoría a Juan Carlos Saldarriaga; al presidente Iván Duque y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una solicitud de audiencia.
«Ofrezco una vez más perdón a las víctimas y a mí ciudadanía (…) Vuelvo a solicitarle al presidente de la República el reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido entre el 9 y 10 de septiembre (…) Le pedí que reconociéremos juntos la responsabilidad, y que ofrecieramos juntos perdón, no pude convencerlo y hasta hoy no he podido convencerlos, pero el que persevera alcanza».
Claudia López, alcaldesa de Bogotá.
Las familias víctimas fueron las primeras en recibir el informe, y su mayor clamor fue que más que actos protocolarios se conozcan quiénes fueron los responsables de los hechos que atentaron contra la vida e integridad de sus seres queridos. Nury Roja, madre de Angie Baquero, asesinada en la localidad de Suba y quien ha denunciado ser víctima de amenazas, exigió a la administraciòn local justicia por su hija.
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