En la mañana de este viernes, el defensor de Derechos Humanos, Evaristo Rodríguez, denunció que encontró una grabadora instalada en el vehículo que hace parte de su esquema de protección en la ciudad de Cartagena y que fue asignado por la Unidad Nacional de Protección.
Según el relato en video, en la guantera del vehículo de la UNP había una grabadora tipo periodista, instalada y conectada al sistema eléctrico del vehículo y estaría siendo usada para registrar las conversaciones del defensor de DDHH dentro del vehículo que está asignado para su protección, debido a las múltiples Amenazas que ha recibido por su trabajo en favor de la restitución de tierras en la Costa Atlántica.
Lo complicado del asunto, denunciado por Claudia Julieta Duque, es que desde Abril de este año se realizó la denuncia y aún no hay respuesta por parte de la UNP. La razón sería que Evaristo Rodríguez, representa a las víctimas de Jorge 40, quienes legalizaron predios despojados a través de la dirección del Incoder, Rafael Campo Soto, quien es tio del director de la UNP.
«Evaristo Rafael Rodríguez es representante legal de las mujeres del predio Oceanía, víctimas de Jorge 40, despojo que según el abogado fue legalizado por el entonces director del Incoder Cesar, Rafael Campo Soto, tío de @AlfonsoCampoM, director de la @UNPColombia.»
Claudia Julieta Duque
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UNP, ejército, policía y políticos han usado prácticas ilegales de interceptación contra defensores de DDHH, Políticos y periodistas
Este hecho es de extrema gravedad dado que podría implicar que la UNP y los sitios en los que se realiza el mantenimiento de los vehículos, podrían estar ligados o relacionados con organismos de seguridad interesados en espiar de manera ilegal las actividades de defensores de DDHH en esa región del país.
Además, de la violación al derecho a la intimidad, esta práctica ha sido utilizada por los organismos de seguridad del Estado para atacar a defensores de DDHH, controlar sus movimientos y obtener información privilegiada que luego es usada por actores ilegales o por el mismo Estado para deslegitimar o amenazar a los mismos defensores y a sus familias, quiénes también hacen uso compartido de los esquemas de protección asignados.
Vale la pena recordar que este tipo de prácticas de espionaje ilegal es recurrente en organismos de seguridad del Estado y han sido debidamente denunciadas sin que hasta el momento se haya castigado a los responsables o se hayan implementando medidas para evitar que este delito siga siendo cometido. Uno de los ejemplos recientes en la oficina de interceptación ilegal del ejército conocida como Andrómeda, o las oficinas de inteligencia del ejército que operan en contra de periodistas, defensores y políticos de oposición.
Así mismo el recordado episodio de interceptaciones al proceso de paz a través del Hacker Sepúlveda, el cual implicó a políticos del Centro Democrático y a la pasada campaña de Oscar Iván Zuluaga, también involucrado en el caso de Odebrecht.
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