Defensoría del Pueblo advierte sobre violaciones a DDHH contra comunidades de Putumayo

Defensoría del Pueblo advierte sobre violaciones a DDHH contra comunidades de Putumayo
Foto: Comisión de Justicia y Paz 

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana Nº 040-19, de inminencia, advirtiendo sobre la  situación de riesgo que enfrentan los 4.000 habitantes de cerca de 20 comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas del corregimiento de Piñuña Blanco, en Puerto Asís, Putumayo, quienes manifestaron que si el Estado no actúa de forma oportuna frente a los constantes enfrentamientos de grupos armados en su territorio, se verán forzados a desplazarse con el fin de proteger su vida y la integridad de las familias.

Dicho riesgo al que se han visto expuestas las poblaciones, radica en la presencia y disputa del territorio de las disidencias de los Frentes 1°y 48 de las FARC-EP y la ‘La Mafia’, estructura armada ilegal que viene incrementando su accionar, derivando en el recrudecimiento de amenazas e intimidaciones contra las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que habitan en las zonas mencionadas. (Lea también: Continúa la crisis humanitaria en la Zona de Reserva Campesina en Puerto Asís, Putumayo)

Más de 20 comunidades de Putumayo están en riesgo

La Defensoría también menciona que en el territorio se han presentado homicidios de personas protegidas, confinamientos y desplazamientos de la población civil, que representan violaciones «a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de la población», así como infracciones a las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La alerta, que cobija a las veredas de Canacas, Monteverde, Peneya, Monte Bello, El Silencio, Puerto Bello, Campo Ají, San Ignacio, Alto Piñuña, Bocana de Piñuña Blanco, Campo Sol, Santa Helena, Lisveria, Dos Quebradas y los territorios colectivos: Resguardo Siona Buena Vista y cabildos Indígenas Siona Santa Cruz de Piñuña Blanco, Indígena Bajo Santa Helena, Nasakiwe de Chorro Largo y el Consejo Comunitario La Chilpa,  establece que debe ser el Estado colombiano quien responda y garantice la integridad de sus habitantes.

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