La Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH, anunció que someterá el caso de interceptaciones ilegales, persecución, hostigamiento y otras graves violaciones a los derechos humanos contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo —CAJAR a la Corte del Sistema Interamericano.
Con esta remisión, el proceso adquiere un carácter contencioso en el que tanto CAJAR como el Estado Colombiano podrán allegar pruebas y el Alto Tribunal Internacional, con base en la evidencia recopilada, emitirá una sentencia, la cual es inapelable y vinculante, es decir no tiene ningún recurso de impugnación y es de obligatorio cumplimiento.
El caso del CAJAR lleva su curso en el Sistema Interamericano desde el año 2001, cuando el Colectivo acudió a la CIDH para someter a su consideración los casos de amenazas sistemáticas y generalizadas sufridas por sus miembros desde los años noventa.
Según Reinaldo Villalba, presidente del CAJAR, en el año 2006 la solicitud fue admitida por la Comisión y en octubre del año 2019 se emitió un primer informe donde se establecía la responsabilidad del Estado y la formulación de unas recomendaciones para que dicha situación de vulneración de derechos cesara; no obstante, según Villalba, dichas recomendaciones no fueron atendidas.
De acuerdo con lo dicho por el presidente del CAJAR, el caso compromete a varios gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez que utilizó los aparatos de inteligencia del Estado, como las extintas DAS y Agencia de Inteligencia para perseguir a los miembros del Colectivo. También al gobierno Duque, en los perfilamientos ilegales ejecutados por el Ejército dados a conocer recientemente, lo cual, constituye un accionar «permanente» de vulneraciones a los Derechos Humanos. (Le puede interesar: Espionaje ilegal del Ejército de Colombia apunta a periodistas y Defensores de DDHH)
Las violaciones de DD.HH que denuncia el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y sus pretensiones frente al caso
Según el presidente del CAJAR en el informe emitido en octubre de 2019, la Comisión tomó la decisión de declarar responsable al Estado Colombiano por la violación de derechos humanos en contra de los miembros de CAJAR y sus familias, particularmente de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, honra, intimidad, libertad de expresión, derecho de asociación, entre muchos otros. Lo que llevó al desplazamiento y exilio de muchos de los miembros del Colectivo.
El CAJAR espera que con la remisión del caso a la Corte Interamericana, se proscriba la doctrina estatal de considerar a los defensores de DD.HH y en general a toda voz disidente como «enemigos internos», cese la impunidad, se brinden garantías de no repetición y que el caso repercuta no solo en Colombia sino en la región porque «la situación de personas defensoras de Derechos Humanos en el continente es bastante crítica», anotó Villalba.
Por su parte, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional —CEJIL, celebró la decisión de la CIDH y aseguró que esta contribuirá con la modificación de las prácticas institucionales al interior de los Estados en una región como Latinoamérica que es la «más violenta para el ejercicio y la defensa de los DD.HH» y especialmente en Colombia que es el país que presenta el peor panorama en esta materia. (Lea también: ONU y CIDH estarían preparando pronunciamientos sobre situación de DDHH en Colombia: CEJIL)
Colombia en el contexto latinoamericano y mundial, no es la excepción sino que por el contrario, tristemente es el país que lidera estos alarmantes niveles de violencia contra las personas defensoras de Derechos Humanos. [Los registros en Colombia] dan cuenta de más de 150 líderes sociales y personas defensoras de DD.HH asesinadas solo en este año, para que se den una idea a nivel mundial en los últimos años hubo alrededor de 300 asesinatos de personas defensoras […] lo cual da cuenta de una proporción enorme»
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del CEJIL
