El hermano de Jenny lleva 18 años desaparecido, su primo también, se los llevaron juntos. Desde entonces ha emprendido una lucha en busca de la verdad que aún no termina. Hace un año está en el proceso con la Unidad de Víctimas y la JEP acompañando la búsqueda en el Estero de San Antonio, participando de reuniones, mesas técnicas, aunque esto signifique viajar hora y media por río, dos horas por mar – con lancha rápida – llegar a Buenaventura, de ahí viajar a Cali, a veces hasta Bogotá. Esta es su lucha.

Por Sara Bonoldi, Contagio Radio

Jenny Mondragón es de la zona rural del rio Naya, río que nace en el Cerro Naya y desemboca en el océano Pacífico. Su comunidad se encuentra en la orilla del Valle del Cauca, municipio de Buenaventura, mientras que al frente ya es departamento del Cauca. Me cuenta que se puede cruzar nadando pero que ella no lo hace por miedo, pues mucha gente se ahogó halada por algo, y me explica que hay muchos mitos y leyendas sobre eso.

Para cruzarlo ellos utilizan una lancha a motor o un puntillo y un canalete. En la vereda, llamada Chabirú, hay unas 50 casas y las comunidades aledañas tienen más o menos la misma población. Mientras me describe su territorio yo busco imágenes por Internet y le comparto mi entusiasmo al ver la potencia de esos paisajes. “Si, es muy bonito” me responde, “sino que ya la violencia… todavía la situación es crítica, ya uno siente que no es dueño de ese río”.

Apróximadamente a los 6 años Jenny se fue para Buenaventura con su mamá y sus 3 hermanos, y ahí se crió entre la ciudad portuaria y Cali. Al día de hoy, es madre cabeza de hogar de cuatro varones, que viven entre Buenaventura, Cali y Chile, mientras que ella volvió a vivir en Río Naya, de donde espera se mantengan alejados.

La desaparición de su hermano: Rómulo Mondragón Arboleda

“En el 2005 fue la tragedia de mi hermano que se lo llevaron, estoy en el proceso hace un año con la Unidad de Víctimas y la JEP, asistiendo a las reuniones, a las mesas técnicas, a los encuentros de palabreros, y también estamos en un grupo psico-espiritual, hacemos oraciones, cada cual con su creencia”.

La labor que se lleva a cabo en el grupo psico-espiritual es de articular algunos de los saberes espirituales de las comunidades Afro con algunos saberes propios de la psicología. El objetivo es facilitar espacios de diálogo, expresión de emociones, sentimientos y pensamientos de forma segura, relacionados con la búsqueda de los seres queridos. En las reuniones y mesas técnicas, en cambio, se habla sobre el Estero de San Antonio que están investigando, del dragado, de que se quiere remover la tierra, de que están viendo las corrientes, las mareas.

“Siento que no hemos avanzado, que siempre se habla lo mismo, que el dragado, que van a traer unas máquinas, que han hablado con personas de Argentina, de Brasil… el problema es que aquí es muy difícil: no hace frío para que se conserve el cuerpo, al revés, el agua es muy salada, es mar. Están haciendo pruebas y han visto que después de una semana ya la piel se desprende a causa del salitre, han encontrado unos restos óseos de hace unos años pero no le pudieron encontrar el ADN porque no hay de donde, ya está todo desgastado, el salitre borra toda la evidencia cuando son muchos años.”

Jenny lleva un año en este proceso, participando de estos espacios, a pesar de que esto a veces signifique viajar hora y media por río, dos horas por mar – con lancha rápida – llegar a Buenaventura, de ahí viajar a Cali, a veces hasta Bogotá, a veces sabiendo que su vida corre riesgo para estar persistiendo en la búsqueda de la verdad.

“Amenazaron que no siguiéramos buscando más, uno no sabe a quién recurrir, yo voy para Buenaventura pero yo no camino tranquila, en el carro voy con una zozobra y con unos nervios. Uno no sabe cómo hablar, con quien hablar. Por eso a veces voy a las reuniones y me dedico solamente a escuchar, hay mucha desconfianza y mucha incertidumbre”.

Medida cautelar y caracterización del Estero de San Antonio

“En Buenaventura al menos 841 personas fueron desaparecidas en el contexto del conflicto armado; de ellas, 779 fueron desaparecidas forzadamente, 40 reclutadas, 3 secuestradas y 19 asesinadas con ocultamiento de cuerpos”. (Datos entregados a la Unidad de Búsqueda por cuenta del Centro Nacional de Memoria Histórica).

Frente de esto, diferentes líderes y líderesas sociales y organizaciones de víctimas y de defensa de derechos humanos, entre ellas la Comisión de Justicia y Paz, empezaron a pedir desde octubre de 2020 la adopción de medidas cautelares sobre el Estero de San Antonio, donde se encontrarían restos de cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

La Medida Cautelar fue otorgada finalmente por la JEP el 17 de diciembre de 2021, tras visitas, audiencias y recolección de pruebas e información. Se adoptó esta medida con el fin de satisfacer los derechos de las familias y de las víctimas de desaparición, impidiendo cualquier tipo de intervención en el lugar en un plazo de 180 días prorrogables. Lo que se quería prohibir era el dragado del mismo estero ya que esto dificultaría la búsqueda, ya de por si complicada en un terreno tan irregular y de difícil acceso como lo es el Estero de San Antonio en sí.

De hecho ha sido necesaria una caracterización del lugar que se llevó a cabo en el agosto del año pasado. El trabajo consistió en un reconocimiento pedestre del lugar para conocer la estructura del estero y sus características físicas, seguidamente se hicieron pozos de sondeo con la finalidad de hallar elementos o indicios de lugares de inhumación y saber a qué profundidad cambiaban las condiciones físicas de la isla. En este espacio no se generaron las condiciones para que los familiares de los desaparecidos participaran de la actividad, circunstancia que desconoce la centralidad de las víctimas en escenarios forenses, ya que no se pudo garantizar la seguridad de los mismos.

Entre las varias actividades que Jenny me enumera, hay marchas, rituales, la armonización del lugar donde se supone se encuentren personas dadas por desaparecidas, se hacen alabados, cantos, al lado de un mural que se hizo en ocasión del día de las víctimas de desaparición forzada, donde se pintaron los rostros de las personas y se usó el arte para visibilizar este fenómeno. Ese día se realizó también un acto simbólico en el que las víctimas trajeron agua del río Naya como una muestra de arraigo al territorio y en representación de los desaparecidos de esta zona.

Espera sin fin

El hermano de Jenny lleva 18 años desaparecido, su primo también, se los llevaron juntos. En todos estos años ella acompañó su madre en la búsqueda; después de colocar la demanda, estuvieron buscando aquí y allá, en Dagua y en Buenaventura. Se buscó y se buscó en la isla Calavera, donde se supone que se encuentran, cuando recién ocurrieron los hechos, pero nada. “Se los tragó la tierra”, me dice suspirando. Esta búsqueda sin fin llevó a su madre a la muerte, “entró en depresión y la depresión le trajo un sinfín de enfermedades”, me comenta.

“Tú no te imaginas. Perder una persona así es muy duro, es un esperar sin fin, una pregunta sin fin… días van, días vienen.”

Ella también, como su madre lo hizo, lucha contra la tristeza cotidiana que se arrastra días tras días, después de lo sucedido: “Sé que a mi hermano no le gustaría verme así, que ya son muchos años, que yo sufro mucho y que todavía tengo mucho dolor, pero es un dolor que uno no olvida, más bien aprende a convivir con él, te marca para toda la vida”.

Lo que intenta hacer es aliviar la pena dando homenaje a sus familiares, por ejemplo preparando la comida que a su mamá le gustaba: el toyo con frijoles.

Un dolor compartido con todo el país

“Yo no tenía esa sensibilidad. Cuando ya lo viví, me di cuenta de lo que ocurría en mi entorno y alrededor. Y uno siente el mismo dolor y es horrible.”

Participando en el proceso, Jenny ahora tuvo la ocasión de relacionarse con más personas afectadas por la misma tragedia, también de distintas zonas de Colombia en eventos como el Primer Acto de Reconciliación, organizado por la Comisión de Justicia y Paz en el Caquetá.

“En el Caquetá fue muy fuerte, las Mujeres Buscadoras hicieron un dramatizado sobre lo que todavía están viviendo, estaban ahí madres con las fotos de sus hijos.  Allá hubo muchas personas dadas por desaparecidas, demasiadas. Mucha gente que la tiraban al agua, le llenaban el estómago con piedras. Hay familias que han perdido dos o tres hijos, hermanos, padres, tíos. Hay algunos que después de todos estos años pudieron dar con sus seres queridos y darle una digna sepultura, otros no hemos podido contar con ese privilegio.”

Pero también resalta que cada hallazgo es un pequeño paso hacía la verdad, sea de la persona que sea. Me explica que la raza negra es muy unida, y los que están compartiendo el mismo proceso y el mismo dolor, trabajan para una causa común.

“En esta búsqueda que no daría yo para volver a encontrar alguna partecita de mi hermano o de mi primo, y si eso no se puede, ayudar a otras madres, a otros abuelos, a otros hermanos, se siente uno mejor poder aportar en la búsqueda de otros seres queridos. Toda esa tragedia te mueve y te toca cuando ves que alguien más tiene que estar pasando por esto.”

La esperanza que tiene Jenny ahora es de poder volver a estudiar, aprender a manejar la computadora, aunque la tecnología dice que le pega horrible; le gustaría dedicarse a la cocina o al diseño de modas. De hecho, unos cuantos días después de esta entrevista tengo el gusto de conocer a Jenny en persona, y luce un vestido hermoso de tela africana que me cuenta ha sido diseñado por ella. Durante el encuentro me enseña más modelos que ha creado, me cuenta de sus hijos, e inevitablemente volvemos también al tema de su búsqueda, pues se encuentra en Bogotá para participar en una mesa técnica con la JEP, acerca de la medida cautelar del estero.

Mirando al futuro

A pesar de todo, de las dificultades, de los obstáculos, de la incertidumbre, Jenny está convencida de que hay que seguir buscando: hay muchos esteros, hay muchos ríos, aunque entrar al manglar es horrible entre las raíces y el barro. Hace tiempo ella era una conocedora de este territorio, allí pianguaba como muchos de su comunidad, pero ya lleva más de 10 años sin hacerlo y especifica que no le gustaría volverlo a hacer, pues le da miedo encontrarse con un cadáver.

“Los árboles hablan, la naturaleza habla, el mar habla, y allá han derramado mucha sangre. Uno para entrar a esos raiceros le pide permiso a la Madre Naturaleza, pero ahora uno no es capaz ni con un grupo de personas de entrar a pianguar como yo lo hacía años atrás, o salir con un trasmallo a coger jaiba, no soy capaz de montarme a una canoa y desprenderme.”

Vivir una experiencia y un dolor tan fuertes e incomprensibles deja rastros que siguen afectando a lo largo de toda la vida, y a eso se suma que realmente la situación no ha cambiado mucho en esta zona del país, ni con el cambio de gobierno se vieron mejorías.  

“Yo quería el cambio, voté porque siempre he votado pero no he visto el cambio. Es un país muy grande, demasiado grande Colombia”.

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Según Indepaz en lo corrido del 2023 se han presentado 28 masacres en el país. El saldo es de 94 homicidios y 88 víctimas contabilizadas. Por su parte Human Rights Watch (HRW) aseguró que, durante los primeros tres meses del año en Colombia, han sido asesinados 33 líderes/as sociales. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Comisión de Justicia y Paz, han hecho denuncias sobre asesinatos en las regiones. Cifras que no dan tregua a ningún Gobierno.

Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio

Bogotá. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) alertó que en lo corrido del 2023 se han presentado 28 masacres en el país, siendo la más reciente la del 1 de abril en Bogotá, en la localidad de Fontibón. El saldo es de 94 homicidios, 88 víctimas contabilizadas al 24 de marzo, a las que se añaden las cuatro registradas el primer día de abril.

Por su parte, El subdirector de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, explicó en su cuenta oficial de Twitter, que en Colombia se han registrado en el primer trimestre del 2023 la muerte de 33 líderes/as sociales. En enero se perpetraron 12 homicidios, en febrero la cifra descendió a 8, y para marzo ascendió a 13. El reporte da cuenta que departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño han sido los más golpeados. Indepaz reportó una cifra de 35 líderes sociales en el mismo periodo de tiempo.

Asimismo, varias organizaciones han hecho reportes, entre ellas la Comisión de Justicia y Paz, alertando sobre diversos asesinatos. El más reciente ocurrido el 21 de marzo en área rural del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, en la comunidad de Jerusalén, corredor San Pedro Arizona. “El martes 21 de marzo (…) hombres armados asesinaron a Diego Jair Orbes y Luis Fernando Malpud. Diego de 32 años, padre de dos hijos, era comunero Nasa afilado al cabildo Selva Hermosa y actualmente ejercía como Fiscal de la JAC de la comunidad de Jerusalén; Fernando era un reconocido finquero de la zona y compañero sentimental de la ex presidenta de la JAC de la comunidad de Jerusalén”, aseguró la Comisión de Justicia y Paz en su página oficial.

Es de recordar que en esta zona del país hay presencia de la estructura armada Comandos de Frontera – Ejercito Bolivariano CDF-EB, y el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las FARC, en medio de la fuerte presencia militar de la Brigada XVII de Selva del Ejército Nacional. “(…) Los pobladores rurales expresaron su preocupación por la presencia de ambas estructuras armadas ilegales. Urge acciones institucionales que esclarezcan los hechos y garanticen la vida e integridad de las comunidades rurales de Puerto Caicedo. Las comunidades siguen llamando a los actores armados a respetar y demostrar gestos de paz real en los territorios”, aseguró la Comisión de Justicia y Paz.

“En los primeros tres meses de 2023, hemos documentado 33 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, dice el trino del funcionario quien se tomó la tarea de documentar caso uno por uno. En enero, por ejemplo, quedó en evidencia que un líder sindical, un campesino, un indígena, un miembro de la comunidad LGTBI, tres comunales y cuatro comunitarios fueron asesinados.

Aunque para febrero la cifra descendió en cuatro personas, no cesaron. Los afectados vivían en Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Magdalena, Valle del Cauca y Arauca. El panorama para marzo fue desalentador ya que ascendieron las cifras llegando a 13 y superando los primeros dos meses del año. Entre ellas: un líder juvenil, un afrodescendiente, un funcionario de la Defensoría del Pueblo, dos comunitarios y cuatro comunales. Las muertes ocurrieron en Nariño, Cesar, Valle del Cauca, La Guajira, Atlántico, Cauca, Chocó, Putumayo, Boyacá y Nariño.

La cifra revelada por el organismo refleja que los homicidios a líderes sociales se cometen en gran parte del país y que ese flagelo no le da tregua a ningún Gobierno. Durante 2022, la Defensoría del Pueblo informó que 215 líderes/as sociales fueron asesinados. En este mismo periodo Indepaz reportó 189 líderes/as sociales y 32 firmantes de paz asesinados. Según esta ONG desde la firma de los Acuerdos de Paz al 31 de marzo del 2023 van 1444 líderes/as sociales y 353 firmantes de paz asesinados.

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Somos génesis, colectivo que agrupa más de 180 procesos sociales, envío carta al presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, en la cual le manifiestan su apoyo en la búsqueda de la Paz que el país anhela e invitan al presidente y al Comisionado a visitar los territorios el próximo 18 de abril para compartirles sus propuestas de paz.

Por Redacción Contagio Radio.

Bogotá. “Es el tiempo de la Paz, el tiempo de vida, de continuar desde el amor a la humanidad construyendo la paz global que anhelamos”, así se titula la carta que Somos Génesis, colectivo que agrupa más de 180 procesos sociales, envió la presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, en la que dan su apoyo a la paz total e invitan al Gobierno y a los grupos armados a no desfallecer en los caminos que conducen a la paz.

“Sabíamos que la Paz, como valor supremo para nuestra sociedad, no sería una tarea fácil, los últimos acontecimientos así lo demuestran, lo importante ahora es insistir y continuar explorando los acercamientos que permitan des-escalar la intensidad del conflicto armado y de las distintas formas de violencias que impactan nuestras vidas en los territorios rurales y urbanos”, dice la carta.

Asimismo, reconocen los avances que este nuevo Gobierno, en sus ocho meses de mandato, ha hecho en la protección de la vida y reafirmaron su propuesta de Acuerdos Humanitarios Parciales en todo lugar donde la violencia persista, y profundizar una Paz Global Territorial con todo actor generador de violencia.

“Seguimos convencidos que la paz debe ser incluyente, y debe mostrar el camino para la salida a través del diálogo con los diversos actores armados. Comprendemos que cada grupo a partir de sus motivaciones, naturaleza y origen deberá tener un tratamiento diferenciado. Los invitamos a todos ellos, para dar pasos certeros hacia la paz”, dice la misiva.

Territorios para la paz

La red Somos Génesis se solidarizó con los familiares de las víctimas mortales del ataque del ELN en la vereda El Carmen, municipio de Villanueva, en el Catatumbo, el pasado 29 de marzo. “No queremos que ninguna persona muera por culpa de la violencia sociopolítica”, aseguran.

El Gobierno por su parte llamó a un cese al fuego con la Guerrilla del ELN. “Creemos que con cese o sin el, se debe seguir allanando el camino hacia la Paz, para esto desde nuestra Red nos hemos declarado como Territorios Facilitadores de Paz, los territorios colectivos de la Cuenca del río Jiguamiandó, las Zonas Humanitarias Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida en la Cuenca del Río Cacarica, en el Bajo Atrato chocoano, el Consejo comunitario de Cabeceras en el Bajo san Juan Valle del Cauca, en el Resguardo Humanitario de Pichimá Quebrada en el Litoral San Juan en el Chocó”.

Asimismo, le hacen una invitación al Presidente y al Alto Comisionado de Paz para que lleguen a los territorios, iniciando por Jiguamiandó, el próximo 18 de abril para que conozcan sus propuestas de paz, y de esta manera se continúen construyendo mecanismos de Paz por medio de Encuentros.

“Nuestras Zonas Humanitarias, Resguardos Humanitarios Ambientales, Zonas de Biodiversidad, Eco Aldeas de Paz, Refugios Temporales Humanitarios en armonía con la naturaleza, disponen de experiencia en la construcción de Paz y ofrecen las condiciones de seguridad necesarias para que el alto gobierno, la sociedad civil y los grupos armados que hacen presencia en estos lugares, busquemos salidas y alivios humanitarios en beneficio de la vida”, aseguran.

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Arrancando la Semana Santa un grupo de organizaciones sociales envío una carta abierta a los grupos armados haciendo un llamamiento por la paz y pidiendo muestras concretas de voluntad de Paz. Piden cese al fuego para aliviar la crisis humanitaria. Este llamado se une a la petición de cese al fuego hecha por el presidente Gustavo Petro luego de la reunión que sostuvo este viernes 31 de marzo con su equipo negociador con el ELN y los países garantes y acompañantes.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. Los pueblos Indígenas, Campesinos, Afrodescendientes, movimientos y organizaciones sociales de la Orinoquia Amazonía y del nivel nacional hicieron un llamado al diálogo y a la construcción de Paz. “En esta semana de pascua llamamos a cesar todas las agresiones, a plasmar las intenciones de paz con expresiones y hechos tangibles. Exigimos a todos los actores armados incluyendo la Fuerza Pública, que escuchen el clamor de la población y paren la guerra, mostrando una voluntad real y verificable”, dijeron en comunicado público.

Aseguran que el peso de la guerra es insoportable.  “¿Hasta cuándo esta guerra? Preguntamos con insistencia a los actores armados. Queremos aprovechar estos tiempos de pascua para llamar a recobrar el valor de la vida, la necesidad de respetar la palabra, los acuerdos y los pactos, a cuidar al otro, a la otra y a garantizar la permanencia de la vida en los territorios y el respeto a los principios humanitarios que son imperativos éticos y políticos”, dice el comunicado.

Las comunidades más apartadas de los centros urbanos han sido atravesadas por la guerra y están agotadas de la continuidad de la violencia. Quieren que llegue la paz a sus territorios para poder vivir tranquilos.

“Queremos superar el miedo, el terror que genera la confrontación armada, somos responsables con la historia y queremos sembrar en nuestros hijos e hijas la semilla de la paz con justicia social estable y duradera”.

Asimismo, sienten la violencia estructural derivada del abandono del Estado por lo que en el comunicado la población hace un llamado para que “se brinden garantías para la exigencia de derechos, para que la movilización social siga promoviendo cambios, que no se nos niegue el derecho al disfrute de los espacios religiosos, del ocio y de vacaciones en tranquilidad y armonía, no en tristeza, dolor y miedo”.

Por último solicitaron a los diversos actores armados que anuncien y cumplan un cese al fuego que contribuya a aliviar la crisis humanitaria que padecen quienes sufren la guerra. “Hagamos de este momento una oportunidad para que el diálogo político, participativo, incluyente, vinculante y transformador, sea el camino para superar las injusticias que son causas estructurales de los conflictos de Colombia incluyendo el conflicto armado. Cobijemos nuestros territorios con actos de paz, de esperanza, de solidaridad, comprensión y reconciliación entre unos y otros”, dice la misiva.

Reunión en Palacio

Los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continuarán. Esa fue la principal conclusión tras la reunión que se desarrolló este viernes 31 de marzo en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro, su equipo negociador y representantes de los países garantes y acompañantes del proceso de paz.

El encuentro de emergencia se dio tras el ataque que perpetró esa guerrilla el pasado miércoles contra una unidad militar en la vereda Villanueva del municipio de El Carmen (Norte de Santander). El atentado dejó nueve uniformados muertos y otros nueve heridos.

La principal instrucción que el jefe de Estado le dio a su equipo negociador fue la de pactar, durante el tercer ciclo que se cumplirá en La Habana, un cese al fuego y de hostilidades y acordar el mecanismo de participación de la sociedad civil en el proceso. Aún no hay fecha para el inicio de esa tercera fase, pero se da por descontado que se desarrollará un preciclo para afinar detalles que permitan avanzar en la concreción de esos acuerdos.

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Durante una sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), el pasado 28 de marzo, funcionarios de la Alcaldía de Puerto Asis, no permitieron la entrada a los delegados de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA). Contagio Radio intentó contactar a algún funcionario de la Alcaldía para pedir una explicación, pero no fue posible recibir respuesta.   

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. El pasado martes 28 de marzo, hacia las 9:00 a.m., en el centro urbano de Puerto Asís, funcionarios de la Alcaldía negaron la participación en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR, a los delegados de la ZRCPA, la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica.

Es de recordar que los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) son procesos de participación ciudadana que fueron establecidos en la Constitución Nacional y están reglamentados por la Ley 101 de 1993, y Ley 1876 de 2017, entre otras.

Según los funcionarios, en explicaciones dadas a los delegados de la ZRCPA, la participación en dichos espacios es por corregimiento o inspección desconociendo de facto, que la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica fue constituida sobre el territorio del corregimiento Perla Amazónica.

Estos consejos son una herramienta muy importante de apoyo para el diseño y ejecución de la política agropecuaria, con el propósito de mejorar las condiciones del sector rural y la calidad de vida de los campesinos.

Sin embargo, y pese a existir un acta de Asamblea General del 13 de junio de 2022 en donde la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), organización que representa legalmente la ZRCPA, delegó las personas para asistir a dicho espacio, hasta este momento no ha sido posible garantizar su participación en dichos escenarios.

En Según la Comisión de Justicia y Paz “No se entiende porque en la administración del alcalde, Fernando Castillo, se han puesto trabas a la participación de la ZRCPA, si en el pasado reciente los delegados por Asamblea General de ADISPA han sido aceptados sin ningún inconveniente”.

Asimismo, indicaron que “los funcionarios públicos desconocieron la figura legal de la ZRCPA, contemplada en la ley 160 de 1994 y los decretos reglamentarios 1777 de 1996 y el deber legal de las alcaldías municipales de impulsar, concertar y dinamizar el plan de desarrollo de las ZRC (Zonas de Reserva Campesina)”.

El informe de la Contraloría Agraria del año 2014, sobre las ZRC reconocía que precisamente el desconocimiento por parte de autoridades locales y regionales era el mayor obstáculo para el impulso y desarrollo de esta figura fundamental para el campesinado colombiano. Hoy casi diez años después de dicho informe, se siguen presentando los mismos impedimentos por parte de funcionarios locales que siguen desconociendo la ZRCPA.

Mientras organizaciones nacionales e internacionales y comunidad en general, felicitan el trabajo de la ZRCPA representado en la reciente nominación de su representante legal, la lideresa Jani Silva al premio nobel de paz, las comunidades siguen enfrentando obstáculos para su efectiva participación.

La Comisión de Justicia y Paz aseguró que “Urge que las instituciones competentes actúen en derecho y garanticen el derecho de participación de las comunidades de La ZRCPA representadas legalmente por ADISPA”.

“No hay que tener miedo, vivir así, no es vivir” – Contagio Radio

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Tras el ataque con explosivos la madrugada de este miércoles 29 de marzo a una base del ejército en el Catatumbo, zona cocalera en la frontera con Venezuela, que dejó 9 oficiales muertos, el jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, confirmó que se reunirá el próximo lunes con el presidente Petro y exigirá a esa guerrilla el cese al fuego y de hostilidades.

La zona ha estado históricamente controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua del país. Aunque el presidente Gustavo Petro no atribuyó el ataque al ELN, llamó a consultas a su equipo negociador y repudió el hecho. El jefe del ejército y el comisionado de paz sí lo atribuyeron al ELN, mientras que Álvaro Uribe, expresidente y ficha clave de la oposición, lamentó «que Colombia hubiera abandonado la seguridad».

En un comunicado público Otty Patino, jefe del equipo negociador, aseguró que su posición en la reunión que sostendrá con Presidencia el próximo lunes, es “la de hacer prioritaria la exigencia de cese al fuego y hostilidades como condición necesaria para adelantar la participación de la sociedad civil en este proceso y el desarrollo de alivios en zonas donde el ELN pudo interferir”.

Por otro lado, Patiño aseguró que además de este ataque, “en los últimos días el ELN ha incrementado el hostigamiento contra la población civil en Cauca, Arauca, Chocó y Nariño, con una violación flagrante a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que dicen acatar”.

“Ello lastima la confianza de la ciudadanía en la voluntad de paz del ELN y lacera profundamente la cordialidad en las conversaciones y en la implementación de los acuerdos”, dijo el jefe negociador en el comunicado abierto a la opinión pública.

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A un año de la masacre Congresistas estadounidenses piden explicaciones por tratarse de una acción militar ejecutada por un batallón que recibe apoyo de ese país.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. Ocho congresistas de la Cámara Baja de los Estados Unidos emitieron una carta dirigida a Antony Blinken, secretario de Estado de ese país, en la que manifiestan su preocupación por el apoyo que ha dado Estados Unidos a las unidades militares colombianas del Comando Contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (CONAT). “Estamos particularmente preocupados por el asesinato de 11 personas en el pueblo de Alto Remanso el 28 de marzo 2022, por una unidad de la fuerza pública colombiana que ha recibido apoyo militar de los EE.UU.”, dice el documento.

El comunicado también advierte que “investigaciones de prensa revelaron evidencias convincentes de que los militares intentaron manipular el escenario de los asesinatos, colocando ropa militar y armas encima de los cuerpos posteriormente. Esta alegación hace eco al modus operandi del escándalo ‘falsos positivos’ en Colombia”.

Frente a ello, plantearon varias preguntas al secretario de Estado de Estados Unidos, entre las que se destacan “¿cómo es la relación entre los militares de los EE.UU. y el Batallón contra Narcóticos #3 en particular y el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) en general?; ¿qué apoyo han recibido estas unidades militares desde el 28 de marzo del 2022?; ¿cuál es la evaluación del departamento de Estado sobre si estas unidades militares cometieron graves violaciones de DD.HH., como ejecuciones extrajudiciales, en Alto Remanso?”, entre otros cuestionamientos.

Los congresistas estadounidenses aseguraron que no conocen avances significativos en las investigaciones ante la Fiscalía ni Procuraduría. Cabe destacar que uno de los generales que salió a dar partes después del operativo fue, justamente, Édgar Rodríguez Sánchez, comandante del Comando Conjunto No. 3 Suroriente, un militar con 32 investigaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionadas con 56 casos de falsos positivos que habrían sido cometidos bajo su mando entre el 7 de julio de 2006 y el 9 de julio de 2007, cuando operaba como comandante del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, en Pitalito (Huila).

El 28 de marzo de 2021, a las 7:30 de la mañana, el Ejército inició un operativo militar, supuestamente, contra los ‘Comandos de Frontera’, también conocidos como ‘Los Sinaloa’, en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo.

El objetivo era capturar a dos de sus integrantes, conocidos con los alias ‘Bruno’ y ‘Managua’, encargados del tráfico y la comercialización de drogas. En el lugar de los hechos los pobladores realizaban un bazar para recaudar fondos para sus actividades comunitarias. Sin embargo, en lo operativos no fue ni abatido, ni capturado ninguno de los dos objetivos.

Entre las 11 víctimas mortales que dejó el operativo estarían Pablo Panduro Coquinche, Gobernador Indígena Kichwa, del resguardo Bajo Remanso; el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarrias Barrera; Brayan Santiago Pama Pianda (menor de edad); Rubén Peña; Óscar Oliva; Luis Guerrero; Enuar Ojeda; José Peña; Alexander Peña y Jhon Jairo Silva. Este último era firmante de Paz, según confirmó la Agencia Nacional de Reincorporación.

En el momento, oficiales militares Colombianos afirmaron que todos los fallecidos en Remanso eran miembros del grupo armado ilegal Comandos de la Frontera. Rápidamente, esta versión de los eventos chocó con testimonios de testigos locales – recolectados por organizaciones de derechos humanos y periodistas Colombianos respetados – los cuales indicaron que por lo menos cuatro de las personas asesinadas eran civiles sin armas.

Según el medio Colombiano Semana, el operativo fue ejecutado por el 3a Batallón Contra-narcóticos, el cual forma parte del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT). En una entrevista a la prensa publicada el 14 de septiembre del 2021, el Brigadier General del Ejército de Colombia Juan Carlos Correa Consuegra, comandante del CONAT, dijo que, “Con los Estados Unidos tenemos una amistad y una alianza de muchos años. Estados Unidos nos sigue apoyando en entrenamiento y equipamiento, lo que nos ayuda a fortalecer nuestras capacidades distintivas del CONAT.”

En un comunicado privado a Amazon Watch, se elaboró, “Le exigimos al Estado Colombiano y a la Fiscalía, que nos muestren resultados de la investigación de la masacre en la vereda Remanso, municipio Leguizamo. Desde la masacre no sabemos nada, no sabemos cómo va la investigación, no sabemos quién es el responsable, no han dado nombres. Así que le exigimos al Estado Colombiano y a la comunidad internacional, que nos ayude a esclarecer estos actos de violencia contra el pueblo Leguizameño.”

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Ella, con tan solo 20 años, fue la última persona en verlo con vida. Su hermano Bernardo era uno de los meseros de la cafetería del Palacio de Justicia. Desde entonces empezó un camino que nunca imaginó que pudiera ser tan largo, duro y fuerte. De a poco se volvió una buscadora y ahora sabe que tiene una misión: recorrer los territorios, escuchar, abrazar a las víctimas, pero también visibilizar el fenómeno de la desaparición. “Se lo debemos a los más de 100.000 desaparecidos que hay en Colombia”, asegura.

Por Sara Bonoldi, Contagio Radio

“Hace 38 años no conocía y no me imaginaba la crueldad de país y de ignominia que existía en el marco de los desaparecidos; hace 38 años, pasando ya nueve gobiernos, nueve gobiernos de impunidad y de silencio y de respaldo a la injusticia y a la masacre perpetrada desde el mismo Estado hacia el pueblo colombiano. Hace 38 años no sabía que era la guerrilla y porque un comando guerrillero del M-19 se tomaba el Palacio de Justicia y para qué era. Hace 38 años no existía la desaparición tipificada en la constitución de Colombia, luego no era un delito”.

“Soy Sandra Beltrán Hernández, hermana de Bernardo Beltrán Hernández, desaparecido en la toma del Palacio de Justicia en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985”. Así arranca Sandra cuando empieza a narrarme su historia. Cuando ocurrieron los hechos ella tenía 20 años, era estudiante de enfermería y ocupaba el quinto lugar de 6 hermanos que tuvieron Bernardo y María, sus padres.

Su hermano Bernardo era uno de los meseros de la cafetería del Palacio de Justicia. Sandra me cuenta que la última persona en verlo con vida fue ella porque salió a la puerta de la casa cuando él se iba para el trabajo, esperó que llegara a la esquina, él se volteó y se despidió levantando el brazo. Sobre el medio día, estando en el supermercado Idema, por un radio transistor que tenía el portero del establecimiento, Sandra escucha la noticia que un comando del M-19 acababa de tomarse el Palacio de Justicia.

Al llegar a la casa, enciende una radiola para seguir escuchando las noticias e intenta comunicarse con su mamá, que no puede acudir al teléfono y volver a la casa hasta que termine su turno laboral a las dos. Poco a poco en la casa empiezan a reunirse más familiares, todos pendientes de las noticias para saber que era lo que estaba pasando, y al día de hoy no lo saben.

Se tocaron muchas puertas desde ese día y entre los pocos que acudieron al llamado estaban la Comisión de Justicia y Paz y Eduardo Umaña Mendoza; empieza entonces un camino, que nunca se imaginarían que pudiera ser tan largo y tan supremamente duro y fuerte, “afortunadamente de la mano de ellos”, recuerda Sandra. Umaña Mendoza fue un abogado defensor de derechos humanos que acompañó a las 11 familias hasta que lo asesinaron en 1998: “Quedamos a la deriva. Fue como si hubiéramos perdido otro familiar más, para nuestro padres fue perder otro hijo.”

“No sabía yo hace 38 años que yo era buscadora de un desaparecido de Colombia.”

Daños colaterales de la desaparición

Sandra me comenta que su madre se murió a los diez años de haber desaparecido Bernardo y su papá muere en 2015. En 2016 aparece Bernardo. O un porcentaje de él mejor dicho.

“Cuando mama fallece yo me retiro del caso unos dos o tres años porque irónicamente yo pensaba que la causa de la muerte de mi madre había sido la desaparición de mi hermano y de cómo eso nos había destruido el hogar y la vida de seis hijos y dos padres. Pero valga también contar que eso hace parte de la ignorancia, de la burbuja en la que vivíamos en esos años, en que desconocíamos lo que pasaba a nuestro alrededor y en las zonas rurales del país y que hemos venido aprendiendo por este camino que nos tocó a la fuerza recorrer sin querer.”

En 2019 según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas la cifra de personas de las que no se ha vuelto a tener noticia es de 120.000, y el porcentaje de impunidad es casi del cien por ciento. Lamentablemente, en Colombia son miles las familias afectadas por la desaparición de un ser querido y muchas las dificultades con las que se tienen que enfrentar en su empeño en la búsqueda. Sea cual sea la razón que los mueve, la esperanza o la necesidad de conocer la verdad, se trata de dar respuesta a años y años de agonía, años de “que pasó, donde está, por qué” que no han recibido respuesta. No saber que pasó es una pregunta que taladra día tras día.

“Claro, hubo avances en todo este tiempo, por ejemplo Eduardo logró tipificar el delito de la desaparición forzada que en 1985 ni siquiera estaba nombrado en la Constitución. Pero fueron unos recorridos impresionantes entre Medicina Legal, la Procuraduría, el Ministerio de Justicia, solamente allá recibieron a mi madre pero pues no fueron alentadoras las respuestas que se le han dado”.

Y es un camino difícil. “Se solicitaron reuniones con cartas a los presidentes, ninguno de los nueve nos ha recibido. El estudio del caso por parte de la Comisión Interamericana también fue largo, tomó diez años, y durante todos esos años seguimos buscando, no dejamos ninguna pista sin seguir, cualquier sitio que nos decían, cualquier bruja que le decían a nuestros padres, la consultábamos. Llegaron a ir a que le leyeran el chocolate, a que le leyeran el cigarrillo, para saber dónde estaban sus hijos.”

Sin hablar de los inconvenientes, los seguimientos, los hostigamientos, las interceptaciones telefónicas que empezaron seguidamente. El proceso fue complejo, mantener la persistencia y no dejarse cegar por la rabia, todo un reto. La necesidad de encontrar algún bálsamo por esas penas, funcionaba como gasolina para el motor de la búsqueda. Aunque la falta de avances concretos, la fugacidad de la verdad, la falta de soporte y acompañamiento psicológicos provocaron que los padres empezaran a enfermar y no solamente los de la familia Beltrán sino que los de las 11 familias. “El común denominador ha sido muerte por cáncer, que ha seguido en otras generaciones como la mía que también lo tuve y más enfermedades que nos hemos ganado por la pena”, señaló.

Empeño en la búsqueda

Fue la Comisión de Justicia y Paz a la que los familiares llegaron por medio del padre Javier Giraldo, que les brindó una guía, soporte psicosocial y acompañamiento, juntos empezaron a hacer conmemoraciones, a tomarse la Plaza Bolívar con una galería fotográfica de sus familiares y las velas del Sin Olvido. “Al principio nos gritaban que estábamos locos, que lo hacíamos para sacarle plata al Estado.”

Lo que realmente estaban haciendo esos familiares era rebelarse contra la dictadura del olvido y luchar con dignidad, a pesar de la impotencia y de la desesperación, buscando la verdad para poder afrontar, entender y superar el pasado, comenta.

En estos 38 años me cuenta Sandra que tuvieron que presenciar muchos tipos de negligencias cometidas por parte del Estado. En los primeros 15 o 20 días después de los hechos, los padres de Sandra pudieron ver supuestamente todos los cuerpos que salieron del palacio hacia Medicina Legal, años después se enteraron de que no habían visto la totalidad de los cuerpos.

Además, 8 días después de la masacre del Palacio, sucede la tragedia de Armero y los cuerpos que traen los mandan a enterrar sobre los que habían enterrado del Palacio, complicando las maniobras de exhumación y reconocimiento. También, en 1986, sale el informe del tribunal especial nombrado por el Gobierno, que recogió testimonios y sacó unas conclusiones sin investigación. Ahí concluyen de la manera más absurda que posiblemente los de cafetería habían muerto quemados en el cuarto piso porque encontraron ahí un bizcocho.

La voz de Sandra se altera cuando me comenta también que en muchos casos fueron los familiares que tuvieron que hacerse cargo del trabajo de investigación, frente a la inoperancia del Estado. “Eso hace parte de la búsqueda. Ponen a los familiares a buscar y a entregar las pruebas para que nosotros hagamos el trabajo que le corresponde a ellos. A mamá le tocó buscar una señora que ese día había interactuado con Bernardo en la cafetería, el trabajo de investigación le tocó a mi mama, a ella le tocó convencerla, llorarle, rogarle, ayudarle, pagarle, darle pa’ transportes, para que fuera a contar de que ahí estaba Bernardo”.

Con el pasar de los años, haciendo presencia en el proceso y viendo horas y horas de videos, enterarse de cómo después de la toma del M-19 la fuerza pública se toma nuevamente el Palacio, entran con batas blancas, lavan con manguera, barren, destruyen las pruebas y revuelven cuerpos. Ver eso, y ver que después de 38 años no hay justicia alguna que haya progresado.

“Que nos entreguen unos huesos en un porcentaje diferente a cada uno, sin acompañamiento a la verdad, pues para nosotros persiste la desaparición total. Hemos enterrado a nuestros padres, ya no quedan si no una viva, seguimos golpeando puertas. Aunque recibimos el perdón de Santos, una invitación que nos hizo para prender un fuego al interior del Palacio, pero que tuvo un detalle bastante simpático: cuando sacamos las fotos de nuestros desaparecidos no les gustó y nos sacaron por la puerta de atrás.” 

La búsqueda no ha parado

“Hace 38 años era un dolor no entendible, hoy en día es más fuerte, con más rabia, porque entendemos un poquito la situación del país, porque entendemos porque se tomaron el Palacio de Justicia.”

Sandra cuenta que lo que más la desilusionó fue darse cuenta de cómo en Colombia se repite la historia; con diferentes personajes, en diferentes escenarios, pero se repite. Los asesinatos, las detenciones, los seguimientos, las desapariciones. “Como un Estado ha podido ser capaz de hacer con su pueblo lo que ha hecho, y como el pueblo, como nosotros, permitimos y no nos unimos en contra de esas acciones, como nos falta la sensibilidad para entender el dolor ajeno”.

Todas las historias son importantes afirma, pueden ser distintas pero el sufrimiento y la angustia son los mismos, que se desaparezca a un guerrillero, a un trabajador, a un campesino, a una niña, a un militante, a un sindicalista. Todos son importantes, todos son seres humanos.

Dar este cambio de perspectiva es obviamente resultado de un proceso: “Tuve que investigar. Leí la declaración Antonio Nariño, que fueron los puntos que llevaron el M-19 a tomarse el Palacio, pero ahí entendí yo. Me enteré que el problema era más allá, ya no era solamente que el gobierno no había cumplido los acuerdos de paz, ya era que en Colombia había muchas desapariciones, ya era que en Colombia los militares manejaban el narcotráfico, eran muchas cosas y nosotros estábamos en una burbuja”.

“Ves cómo es importante educar y contar”, me dice y agrega: “por eso yo tengo la obligación moral y ética de contar mi caso, y de enterarme y solidarizarme y compartir los otros casos de crímenes de estado en Colombia. Todos tuvieron padres, madres, hijos. Son seres humanos y eso es lo que nos debe mover. Las buscadoras tenemos esa obligación. Recorrer los territorios, escuchar, abrazar a las víctimas, pero también visibilizar el fenómeno de la desaparición. Se lo debemos a los más de 100.000 desaparecidos que hay en Colombia. Esa es la labor de una buscadora, tener empatía. Exigir que nos los devuelvan vivos porque vivos se los llevaron.”

Es por eso que se organizan actividades de memoria, conmemoraciones, se preparan pancartas, se imprimen fotos de los familiares, camisetas, botones, manillas. Se intenta visibilizar el caso y mantener viva la memoria. Es por eso que si a Sandra la invitan a un encuentro de víctimas ella va y habla de su caso ya que tiene la capacidad por el camino recorrido de guiar a la gente, explicar que tiene que hacer una persona cuando se desaparece un familiar, a dónde puede ir, cómo debe ir, qué debe preguntar, qué debe hacer, y cómo puede hacer la denuncia.

Es por eso que nunca se niega a una entrevista de un estudiante, de la universidad que sea, porque es una manera de visibilizar y mantener el caso abierto. Si la invitan a un conversatorio ella va y habla, no solo de Bernardo sino que de todo el grupo en general. También hace parte del MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Estado), con el cual se han documentado casos para la UBPD (Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas).

“Eso es lo que hacemos hoy en día los familiares: seguir hablando del caso y buscando justicia, visibilizar las victimas que están en territorio. No quiero que las victimas seamos flor de un día, quiero ver justicia.”    

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Hoy se conmemora un año de la masacre del Alto Remanso un operativo militar, supuestamente, contra los ‘Comandos de Frontera’ en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo. Las comunidades hacen un acto conmemorativo en el lugar de los hechos y desde el Congreso de la República un acto simbólico. La Fiscalía investiga a seis generales, pero aún no hay claridad sobre los hechos.

Por Carolina Toro Leyva

Bogotá. El 28 de marzo de 2021, a las 7:30 de la mañana, el Ejército inició un operativo militar, supuestamente, contra los ‘Comandos de Frontera’, también conocidos como ‘Los Sinaloa’, en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo. El objetivo era capturar a dos de sus integrantes, conocidos con los alias ‘Bruno’ y ‘Managua’, encargados del tráfico y la comercialización de drogas. En el lugar de los hechos los pobladores realizaban un bazar para recaudar fondos para sus actividades comunitarias.

Entre las 11 víctimas mortales que dejó el operativo estarían Pablo Panduro Coquinche, Gobernador Indígena Kichwa, del resguardo Bajo Remanso; el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarrias Barrera; Brayan Santiago Pama Pianda (menor de edad); Rubén Peña; Óscar Oliva; Luis Guerrero; Enuar Ojeda; José Peña; Alexander Peña y Jhon Jairo Silva. Este último era firmante de Paz, según confirmó la Agencia Nacional de Reincorporación.

Según la reconstrucción periodística, hecha por El Espectador, la revista Cambio y el portal Vóragine, los testimonios recogidos de los habitantes de esa comunidad afirman que los militares se identificaron como guerrilleros, por lo que la comunidad creyó que eran del frente Carolina Ramírez de las disidencias para atacar a un supuesto grupo de los Comandos de la Frontera. Además, que los hombres venían vestidos de negro y que los cuerpos de las víctimas fueron movidos por el personal militar y estuvieron bajo su custodia por varias horas.

Así mismo, no coinciden las versiones y comunicados del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía. Aunque el Ministerio de Defensa aseguró en una rueda de prensa que el operativo se había realizado en conjunto con la Fiscalía, el ente investigador confirmó que tuvo conocimiento de los hechos alrededor de las dos de la tarde, siete horas después de los combates. Además, el ministerio dice que hubo retenidos y la Fiscalía contradice esa versión.

A pesar de la complejidad de este caso, la Fiscalía arribó hasta el lugar de los hechos para comenzar las pesquisas judiciales y la toma de testimonios el 1 de abril, cuatro días después del operativo. Para entonces, la Mesa Territorial de Garantías de Putumayo, conformada por más de 10 organizaciones de derechos humanos, y algunos medios de comunicación ya habían llegado a Puerto Asís.

En su momento el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, aseguró que se trataba de un combate entre las Fuerzas Militares y las disidencias de las Farc de Comandos de la Frontera. “La operación legítima se hizo contra Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias ‘Bruno’, jefe de finanzas del frente 48 de las disidencias y que hace parte de las organizaciones criminales que trafican cocaína en la frontera con Ecuador”, aseguró el oficial. Sin embargo, él no fue abatido allí, ni fue capturado.

Por su parte, David Melo Cruz, representante jurídico de las víctimas del operativo militar e integrante de la Fundación Liderazgo y Paz del Putumayo, asegura que dará la batalla judicial para probar lo que ellos denominan habría sido una “masacre”. Por su parte la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, OPIAC, dijo que este es un caso de ejecuciones extrajudiciales, denominadas comúnmente, falsos positivos.

La Fiscalía asegura que está avanzando en el caso, en cual están siendo investigados 6 generales, pero hay muchos interrogantes: ¿Hay pruebas de que las 11 personas muertas pertenecían a las disidencias de las Farc?, ¿Por qué los militares llegaron vestidos de negro, sin insignias oficiales y presentándose como guerrilleros?, ¿Cuántos civiles murieron en la operación?, ¿por qué se movieron los cuerpos de los civiles?

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La disposición cobijaría a cinco miembros del Estado Mayor Central de las Farc y estaría vigente hasta el 30 de junio de 2023.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. La Fiscalía General de la Nación suspendió este viernes 24 de marzo las órdenes de captura contra otros cinco miembros del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las Farc, después de la petición del Gobierno para que puedan comenzar diálogos formales de cara a la paz total.

Según indicó la entidad, la medida estará vigente hasta el 30 de junio de 2023 y busca garantizar un proceso de paz transparente y que lleve a unos fines sólidos. Asimismo, el fiscal indicó que esto se hizo atendiendo la petición del presidente Gustavo Petro, con base en resoluciones acordadas. Los cobijados son: Walter Freddy Ruiz Montaño, Luis Carlos Pinilla Cortéz, Renzo Alirio Martínez, Ramiro Pinzón Novoa y Robinson de Jesús González.

Esta es la segunda suspensión de órdenes de captura contra miembros del Estado Mayor Central que emite la Fiscalía, que en un principio se había mostrado reacia a acceder a estas peticiones del presidente Gustavo Petro, por los cargos en contra de muchos de los jefes disidentes.

“Una vez más facilito la paz de Colombia. Es por eso que en el ejercicio de mis facultades legales y constitucionales he suspendido todas y cada una de las órdenes de captura contra las personas que el presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció (…) como representantes con el estatus político del grupo armado autodenominado Estado Mayor Central de las Farc EP”,

Es de recordar que el pasado 13 de marzo Petro anunció que “comienza un segundo proceso de paz. Se establecerá una mesa entre el Gobierno y el Estado Mayor Central”, del que aún no hay fecha. “En este caso concreto, para la Fiscalía existe el fundamento porque el presidente Petro le dio carácter político a los disidentes que no firmaron el Acuerdo de Paz de la Habana y a los disidentes que firmaron el Acuerdo de Paz de la Habana y lo incumplieron. En ese sentido es una decisión política del presidente”, dijo Barbosa.

De momento se espera que las disidencias tengan una reunión para decidir a sus representantes en la mesa de diálogos, y Petro también deberá designar a la delegación del Gobierno. El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, explicó en una entrevista la pasada semana que es “casi seguro” que los diálogos se harán en Colombia, a diferencia de los del ELN.

Finalmente, el fiscal Barbosa, en la emisión oficial del documento, añadió: “Hemos acompañado a través de la suspensión de órdenes de captura del ELN, de las disidencias, los esfuerzos de paz de este Gobierno. Creemos en la idea de que se logre la reconciliación de los colombianos. Pero rechazamos, igualmente, la idea de que se establezcan procesos de paz y no de sometimiento a la justicia con narcotraficantes en el territorio colombiano. Somos amigos de la paz, pero no lo somos del narcotráfico”.

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