“El arroyo Bruno sería destruido bajo el único propósito de intensificar la megaminería”: organizaciones de la Guajira

“El arroyo Bruno sería destruido bajo el único propósito de intensificar la megaminería”: organizaciones de la Guajira

El arroyo Bruno en el sur de la Guajira. Fotografía extractivismoencolombia.org

La plataforma de defensa ambiental “La Guajira le Habla al País”, junto con otras organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, emitió el jueves 7 de abril un comunicado de rechazo ante la decisión de avalar la destrucción del cauce natural del arroyo Bruno en el sur de La Guajira.

Las organizaciones apelan a la Corte Constitucional para la protección de los derechos de las comunidades indígenas Wayuu, quienes se verán afectadas por la ejecución del proyecto de explotación de carbón emprendido por la empresa “Carbones del Cerrejón”.

Esta decisión, procedente de la oficina de Asuntos Ambientales Sectoriales y Urbanos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, va en contra de la sentencia SU-698 de 2017, que otorgó la tutela para proteger los derechos al agua, salud y seguridad alimentaria de más de 30 comunidades Wayuu que dependen del arroyo Bruno para su suministro de agua potable.

Además, esta decisión, según la organizaciones ambientales, está fundamentada en “un estudio con insuficientes técnicas y científicas, amañado, sin rigurosidad, que no ha contado con la participación efectiva de las comunidades accionantes Wayuu de Paradero y La Gran Parada, ni ha sido validado con los intervinientes técnicos, ni ha contado con la supervisión judicial”.

Varias han sido las solicitudes e informes presentados en estos años por los incumplimientos de la medida de tutela constitucional. La Guajira “es un territorio altamente vulnerable a la crisis climática, con una reconocida y aguda crisis climática a raíz de la escasez hídrica y alimentaria. El arroyo Bruno sería destruido bajo el único propósito de intensificar la megaminería”.   

En el comunicado también denuncian persecuciones y amenazas en contra de los lideres que emprendieron la lucha de resistencia al proyecto minero. Por lo tanto, solicitan a la Corte Constitucional “una medida provisional” con el objetivo que las empresas involucradas en el proyecto no destruyan el cauce del arroyo y se abra una “audiencia de verificación” que cumpla con estándares imparciales científicos y técnicos.

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