Tribunal Administrativo de Santander admite acción popular contra el fracking

Foto: El País Vallenato
30 Mar 2017

La falta de respuesta y acciones por parte del gobierno ante la inminente amenaza del fracking en San Martín, Cesar, propició que el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, CCALCP, junto a la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas- CORDATEC, interpusieran una acción popular, que ya fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que se suspendan las actividades que se adelantan para implementar el fracturamiento hidráulico en esa zona.

La acción se hace en contra de entidades gubernamentales como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA; las empresas CONOCOPHILLIPS y CNE OIL & GAS; la Alcaldía de San Martín y la Corporación Regional del Cesar. De acuerdo con Julia Figueroa, abogada del CCALCP, la acción se interpone ante el Tribunal de Santander debido a que la posible realización de fracking, no solo afecta a San Martín, sino también varios municipios de Santander, además de otras zonas del territorio colombiano. (Le puede interesar: Gobierno colombiano prepara dos nuevos bloques para fracking)

Se trata de una acción constitucional que ampara derechos colectivos, como el ambiente sano teniendo en cuenta que de practicarse fracking, se corre el riesgo de que se genere un desequilibrio a nivel ecológico al comprometerse las vertientes hídricas y con ello la salud de la población. Asimismo se basa en la falta de moralidad administrativa por parte de las entidades estatales, debido las omisiones de las autoridades pese a las advertencias de entes como la Contraloría General, además de la respuesta represiva del Estado, violando derechos humanos y civiles de quienes se oponen a esta técnica para extraer petróleo.

Un hecho a destacar es que, cuando la Magistrada Solange Blanco Villamizar del Tribunal Administrativo de Santander dispuso la admisión de la Acción Popular,  ordenó además vincular a la misma a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), el municipio de Aguachica, en Cesar, y el municipio de Rionegro, Santander.

“Con esta acción se pretende la suspensión inmediata de toda obra o actividad de explotación de petróleo mediante la técnica de fracturamiento hidraúlico o “Fracking” en Yacimientos No Convencionales que se pretenda realizar en el Pozo Picoplata 1, por parte de las empresas CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD SUCURSAL COLOMBIA y CNE OIL & GAS S.A., en el municipio de San Martín (Cesar), pero además, se busca abrir una puerta judicial que conlleve a la prohibición nacional de explotación de petróleo mediante la técnica Fracking”, dice el CCALCP.

Aunque es incierto saber cuándo habrá respuesta por parte del tribunal, las organizaciones demandantes, invitan  a participar de esta acción, “presentando sus intervenciones, coadyuvancias y/o amicus dentro del trámite que se surte en el Tribunal Administrativo de Santander, así como a adelantar acciones políticas de incidencia y movilización que permitan seguir denunciando las irregularidades que se presentan en la ejecución de contratos en Yacimientos No Convencionales y que sean determinantes para la protección de la vida, los recursos naturales y el medio ambiente no solo en San Martín, sino en toda Colombia”. (Le puede interesar: Fracking amenaza abastecimiento de agua de Bogotá)

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