Persiste la tortura en establecimientos carcelarios de Colombia

Foto:elsalmonurbanologspot.com

Helena Solá
13 Nov 2015

La Misión Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) visitó desde el 9 de noviembre hasta el 13 de noviembre los centros carcelarios del país para hacer seguimiento a una serie de recomendaciones que dio el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) frente a la distintas formas de tortura en el país.

La OMCT visitó la cárcel Eron Picota en Bogotá y San Isidro en Popayán. Helena Solá, coordinadora de la OMCT, indicó que se ha instado a Colombia a tomar medidas de forma prioritaria, en temas puntuales como el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, que es un tema crítico y urgente, "un ejemplo de ello es el caso de personas que  están a punto de perder miembros por falta de atención y negligencia del sistema", señala Solá.

Una de las recomendaciones  está  dirigida a asegurar que exista un sistema de salud accesible cuando los presos lo requieran, además se recomienda la implementación de la Ley 1709 de 2014 por la cual se obliga a las cárceles a tener sus propios centros médicos con atención no solo para temas ambulatorios, sino para afectaciones graves de salud, y en donde también se puedan realizar cirugías básicas y de nivel medio.

Según el INPEC el 56% de las cárceles del país presenta altos niveles de hacinamiento, hecho que se ha denunciado desde tiempo atrás ante distintas autoridades y medios de comunicación.

Solá manifiesta que en los centros carcelarios existe la “necesidad de tener mecanismos eficaces de investigación que permitan revertir la impunidad” ya que no tienen un sistema de recepción de quejas adecuado y estas son recibidas por la policía judicial, lo que genera que los casos de abuso no lleguen a la Fiscalía. Los presos denuncian “supuestas represalias” cuando se hacen las denuncias, tema que se debe investigar más a fondo por las autoridades.

Helena Solá asegura que pese a que la OMCT no tiene una “capacidad punitiva” ya que su función es de supervisión, Colombia debe presentar en mayo del 2016 un informe en que se evidencie si se atendieron o no las recomendaciones hechas por las Naciones Unidas en materia de salud, infraestructura y sistema de recepción de quejas en las cárceles.

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