“No hay como Dios” ejemplo de paramilitarismo y despojo en finca de magistrado Pretelt

Foto: pulzo.com

Gustavo Gallón, Comisión Colombiana de Juristas

El magistrado Jorge Pretelt, investigado por la presunta recepción de $500 millones para influir en el fallo de una tutela a favor de la empresa Fidupetrol, ahora es cuestionado por nexos con paramilitares por el título que posee sobre la finca “No hay como Dios”, en la región del Urabá en Antioquia. Un predio que tiene una historia de desplazamiento, asesinato y usurpación de tierras, protagonizada por las AUC, al mando de Salvatore Mancuso.

“Es claro, de acuerdo a la Ley 1448 (Restitución de Tierras), que hay una presunción en contra de Pretelt por el contexto que rodea el caso y la actitud del magistrado”, afirma Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, quien agrega que una persona que obtiene tierras en circunstancias de violencia y despojo, tiene que probar que actuó de buena fe, exenta de culpas.

La finca “No hay como Dios”, de la que hoy es propietario el magistrado y ex-vecino de Uribe, padece una cadena de asesinatos que empiezan su historia desde 1994 a 1997, cuando los campesinos Alejandro Antonio Padilla Guerra y su esposa Evangelina Ortega, terminan desplazados por los paramilitares.

De acuerdo a la Comisión Colombiana de Juristas, el 29 de noviembre de 1994, 100 hombres de Salvatore Mancuso asesinaron a tres hijos de la pareja de campesinos, Baldomiro, Roberto y Estanislao. Días después, los paramilitares les robaron  500 reses, y forzaron el desplazamiento de la familia Padilla a la finca “No hay como Dios”.

En 1997, fueron nuevamente forzados a desalojar el predio y se desplazan hacia la vereda de San Pelayo, Córdoba. Allí, paramilitares incendian su casa y asesinan a Alejandro Padilla y a Evangelina, a Animadat Padilla, a Edilberto Contreras y a Olfady Contreras Padilla, de 9 años de edad, quien era nieta de Alejandro y Evangelina.

Gildardo Padilla Ortega, uno de los pocos hijos que quedaba vivo, le pidió a Mancuso que parara los homicidios contra su familia, sin embargo, cuatro meses después, otros dos hermanos de Padilla fueron asesinados.

Pero la cadena de muertos no paró, en el año 2013, cuando se citó a 25 campesinos a atestiguar como víctimas de despojo y desplazamiento forzado el 29 de octubre de 2013 en Chigorodó, ante la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía, finalmente, el 17 de noviembre del mismo año, Gilberto Antonio Padilla fue víctima de dos sicarios que lo mataron, luego de declarar sobre el despojo de las tierras de la vía Panamericana.

“No hay como Dios”, terminó siendo un predio que Pretelt le compró a su esposa en 2005 y que ella le había comprado en el año 2000 a Evelio Enrique Díaz, alias el Burro, un paramilitar que había obligado al anterior propietario, Edilberto Villalba, a venderle esa propiedad.

Amparado la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó estos asesinatos.

“Esto es un retrato triste pero repetido de lo que ocurre en el país, una historia de despojo y  asesinatos con el apoyo de autoridades que terminan beneficiando a personas poderosas como el magistrado de la Corte Constitucional, encargada de garantizar los derechos de las personas… es bastante difícil creer que Pretelt no conociera esa historia”, denuncia el director de Coljuristas.

Lo preocupante de este caso, es que se si espera que las instituciones judiciales resuelvan el asunto, “no se va a resolver nunca”, por eso, argumenta Gallón, debe haber presión social y se debe realizar correcciones al sistema judicial, para que, a la hora de integrar una persona a funciones estatales, se tenga en cuenta  la autoridad moral y la honestidad.

Por el momento, se debe tener sumo cuidado con las afirmaciones de Pretelt, ya que “ha disparado en todas las direcciones”, advierte Gustavo Gallón.

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