Juez ordena reabrir caso de asesinato de Monseñor Romero

Foto: Archivo
18 May 2017

Un juez de instrucción en El Salvador ordenó reabrir el caso correspondiente al asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y determinó que la fiscalía se pronuncie frente a la situación del capitán del ejército Álvaro Rafael Saraviaúnico acusado por el crimen, quien fue absuelto en 1993 por sobreseimiento.

La determinación del juez Ricardo Chicas, títular del juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, se hace efectiva tras la derogación que se hiciera el año pasado a la Ley de Amnistía que prohibía juzgar a los responsables de crímenes y violaciones de Derechos Humanos cometidos durante la guerra civil que vivió ese país entre 1980 y 1992.

En su solicitud, el juez pide a la fiscalía que se pronuncie respecto a la situación del capitán Saravia asegurando que por haber sido sobreseído, a pesar de las pruebas existentes en su contra, la ley de amnistía que lo cobija "alude más al olvido de los delitos cometidos antes que al perdón por una responsabilidad penal"

En marzo de este mismo año, defensores de Derechos Humanos y organizaciones sociales en el Salvador, habían solicitado ante un tribunal de justicia de ese país investigar y procesar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980.

Se abre una puerta para el fin de la impunidad

El Estado Salvadoreño había sido condenado por la el tribunal internacional por su responsabilidad  en el crimen, sentencia que incluyó la orden de re abrir la causa judicial y aplicar acciones de reparación. En marzo de 2010, cuando se cumplieron 30 años del homicidio, el entonces presidente Mauricio Funes reconoció la responsabilidad estatal y pidió perdón por el magnicidio que atribuyó en su momento a "la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte".

Sin embargo por la mencionada ley de amnistía, declarada en 1993 por el gobierno derechista de la Alianza Republicana Nacionalista, los autores materiales del crimen no fueron procesados judicialmente. Ley que tras ser derogada por la Corte Suprema del país, deja sin impedimentos y excusas la continuidad de la investigación sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos por cuenta de la represión militar.

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