Tras 27 años, Masacre La Rochela continúa en la impunidad

Foto: www.elmercuriodigital.net

Yomary Ortegón, CAJAR
19 Enero 2015

Este lunes se cumplieron 27 años de la masacre de la Rochela, en el departamento de Santander, cuando el 18 de enero de 1989, 12 de 15 funcionarios judiciales fueron asesinados a manos de un grupo paramilitar junto a miembros del Ejército Nacional.

En el marco de la conmemoración de esta masacre, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, presentaron  un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sus observaciones y seguimiento al caso, teniendo en cuenta que han sido muy pocos los avances del Estado colombiano para llegar a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Según el informe, “9 años después de la sentencia de la CIDH que condenó al Estado por estos hechos, no hay avances significativos en materia de justicia, mientras que en materia de reparación integral medidas como becas estudiantiles, oportunidades laborales y atención en salud para las familias de las víctimas no se han cumplido”.

La justicia es uno de los ejes de la sentencia de la CIDH que más ha incumplido el Estado, pues la masacre fue cometida por un grupo de 40 paramilitares, conocidos como “Los Masetos” que actuaron en asocio con agentes estatales, sin embargo la única condena por estos hechos es la que cumplió a mediados de 2015, el paramilitar Alonso de Jesús Baquero, Alias “el negro Vladimir”, quien señaló a los militares Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora, Carlos Julio Gil Colorado y Alfonso Vacca, y al ex congresista Tiberio Villarreal Ramos, de quienes aún no se tienen investigaciones concretas para ser acusados.

Así mismo, continúa reinando la impunidad en el caso, frente a los procesos contra el comandante de las AUC, Ramón Isaza Arango, comandante de las AUC, quien ha aceptando algún tipo de responsabilidad por cadena de mando, y también contra el exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, que ha solicitado cesación del proceso penal por vencimiento de términos, cuya solicitud se encuentra pendiente por resolver.

Otra de las observaciones que se hacen a la CIDH, tiene que ver con el riesgo en el que se encuentran los familiares y los testigos del caso, ya que la Unidad Nacional de Protección no ha cumplido con los compromisos en materia de protección ordenadas por el Tribunal Interamericano.

A su vez, aseguran que el Estado no ha cumplido con las becas educativas, oportunidades laborales y otras medidas que reparaban económicamente a las esposas e hijos de los funcionarios judicializados.

Finalmente, “se solicita a la Corte Interamericana mantener la supervisión de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de 2007 y requerir al Estado colombiano información detallada en relación con su obligación de investigar, juzgar y sancionar los hechos conforme a lo ordenado en la sentencia”, dice el informe.

Masacre de La Rochela - Observaciones Informe Estatal 150115

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