Los pulsos políticos por la implementación del Acuerdo General para la terminación del conflicto

Foto: Contagio Radio

Itayosara Rojas Herrera

25 Sep 2016

Hace más ya de un mes que las y los combatientes de las FARC-EP se trasladaron a las zonas veredales transitorias, para empezar el proceso de dejación de armas y dar cumplimiento a lo pactado en el acuerdo general para la terminación del conflicto. Las marchas guerrilleras que caracterizaron esta insurgencia desde su nacimiento en 1964 desembocaron entonces en las 23 zonas veredales previstas para su desarme. Las imágenes de marchas levantaron nuevamente en los pobladores rurales la esperanza de que la paz podría al fin ser conseguida. Las banderas blancas, los aplausos en las salidas de los municipios y las calles de honor en algunas regiones para despedir a la guerrillerada eran muestra de ello.

Lamentablemente, lo que podría considerarse como uno de los momentos más importantes en la historia reciente de Colombia ha sido empantanado por los incumplimientos del gobierno nacional. Las zonas veredales a las que se trasladaron los más de 7000 integrantes de las FARC no han terminado de ser adecuadas(1), existen zonas ala fecha que no cuentan con agua potable, ni con las condiciones necesarias para continuar los protocolos de dejación de armas pactados entre el gobierno, las FARC y Naciones Unidas. Además del incumplimiento por parte de gobierno nacional para garantizar la logística en las zonas veredales, se han presentado denuncias de corrupción en la administración de recursos para la adecuación de las mismas(2); puesto que los 55 mil millones de pesos destinados para este fin no se han traducido en las condiciones de infraestructura necesarias para adelantar el proceso de desarme.

Anudado al incumplimiento del gobierno, se le suma las graves denuncias de asesinatos sistemáticos a líderes sociales en varias regiones del país. Frente a estos asesinatos el gobierno nacional ha asumido una actitud negligente y a través del ministro de defensa Luis Carlos Villegas ha negado la sistematicidad de los hechos, y por el contrario se ha referido a los mismos como hechos aislados. Los asesinatos a líderes sociales es una de las manifestaciones de la reactivación de estructuras paramilitares, las cuales además han tomado el control de algunas zonas que antes eran controladas por las FARC (3), causando desplazamientos forzados y nuevos hechos de violencia, tal y como ha venido ocurriendo en las últimas semanas en el departamento del Chocó, donde se han desplazado cerca de 700 personas (4). Estos hechos demuestran que nos encontramos lejos de lograr una paz territorial y la actitud negligente, de oídos sordos del gobierno nacional poco aporta para construir la paz y el tejido social en las regiones más afectadas por el conflicto.

De otro lado, el gobierno nacional no ha dado a conocer claramente los procedimientos, mecanismos y plazos mediante los cuales serán implementados cada uno de los puntos del acuerdo general ¿Cómo exigirle entonces al gobierno nacional el cumplimiento de lo pactado sí las labores que adelanta resultan ser improvisaciones no planificadas ni concertadas? El gobierno ha manifestado su afán para lograr el desarme  de las FARC lo antes posible, pero poco ha adelantado en materia de implementación de cada punto de los acuerdos. En el congreso se han dilatado las discusiones para aprobar las reformas necesarias para poner en marcha el proceso de implementación del acuerdo, tal y como lo muestra el proceso de discusión de la Jurisdicción Especial para la Paz. En cambio, el gobierno nacional ha utilizado de manera oportunista el fast track para pasar por allí una serie de reformas nocivas y en detrimento de los derechos como por ejemplo en materia de educación (5).

Finalmente, es importante señalar que en el momento no existe un mecanismo de presión social que permita la puesta en marcha del proceso de implementación de los acuerdos, es decir sin la existencia de una fuerza social que exija el cumplimiento de los acuerdos, estos no serán implementados puesto que el gobierno nacional no parece interesado en que esto suceda. Así las cosas la implementación depende de la voluntad política del gobierno, la cual debe ser doblegada mediante un proceso de movilización social, cuyos contenidos políticos sean la defensa y puesta marcha de cada uno de los puntos del acuerdo, de manera integral.  En otras palabras, la implementación de los acuerdos no está garantizada por el gobierno de Santos; por el contrario, depende de un pulso político, en el que hasta el momento el gobierno ha manifestado no tener la intención de empezar un proceso serio para poner en marcha las reformas derivadas del acuerdo general para la terminación del conflicto. El pulso político debe ser ganado a través de la movilización social y no puede depender de una élite política que ha demostrado con hechos concretos su negligencia y desinterés en el tema.

  1. La guerrilla de las FARC ha sido enfática en la denuncia de las condiciones en las que se encuentran las zonas veredales, que carecen de los servicios básicos para la subsistencia. Además, no cuentan con la infraestructura necesaria para las madres gestantes pertenecientes a esta organización guerrillera y sus bebes. Al respecto puede verse: https://www.elheraldo.co/politica/las-farc-denuncian-incumplimiento-por-parte-del-gobierno-en-la-adecuacion-de-las-veredas y http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/por-lo-menos-80-guerrilleras-embarazadas-estan-en-zonas-veredales-dicen-las-farc.html
  2. Al respecto veáse: http://www.las2orillas.co/mapa-del-incumplimiento-del-gobierno-donde-estan-los-55-920-millones-se-contrataron/
  3. Al respecto manifiesta el analista Ariel Ávila: “Las zonas copadas por bandas criminales es tal vez la situación más preocupante. En el bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba y el norte de Chocó ha sido el Clan del Golfo o antiguos Urabeños los que han copado el territorio que era de las FARC. Tumaco es otro ejemplo, allí el Clan del Golfo controla los límites entre Tumaco y el municipio de Francisco Pizarro. También en este municipio surgió el denominado grupo Nuevo Orden, y la banda criminal de La Empresa está llegando desde el municipio de Olaya Herrera” véase: http://www.semana.com/opinion/articulo/farc-las-zonas-en-las-estaban-han-sido-retomadas-por-grupos-criminales/517209
  4. Véase: http://www.contagioradio.com/cerca-de-700-desplazados-deja-incursion-paramilitar-en-alto-baudo-choco-articulo-37246/
  5. El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo han dejado en evidencia su intención de presentar, vía Fast Track, el Proyecto de Decreto Ley para la implementación del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). Tal y como lo manifiesta el representante a la cámara Victor Correa “el alcance del proyecto excede el ámbito de la educación rural y de la Reforma Rural Integral, pues abarca al conjunto de instituciones, procesos y modalidades del sistema de educación superior en tanto contempla dentro de su esquema de regulación a la totalidad de programas educativos de pregrado y posgrado, así como a las diferentes IES –universitarias, técnicas y tecnológicas-, además del SENA”. Véase: http://www.victorcorrea.com.co/queremos-paz-sin-micos-la-educacion/ 

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