La transición energética en Colombia: un asunto que compete a todos los sectores

Foto: Ríos Vivos

Por: CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra – Colombia

4 May 2018

El sector extractivo en Colombia se ha presentado como un gran generador de empleos, pero las cifras muestran lo contrario. Según el DANE, el sector empleó 195.000 trabajadores en el 2016, evidenciando que los realmente grandes generadores de empleo son los sectores de comercio (más de 6'000.000), servicios comunales (más de 4'00.000), agricultura (más de 3'500.000) e industria (más de 2'500.000). (Pardo, 2017:16) Así mismo, las condiciones laborales adversas son usuales en la industria extractiva, pues están asociadas a la precarización laboral, al alto riesgo de algunas tareas y al incremento de enfermedades asociadas al trabajo, los cuales son la radiografía de un sector que necesita una profunda transformación. Sumado a esto, los conflictos laborales asociados a la progresiva privatización de este sector y el desmonte de derechos sindicales, muestran que la situación de los trabajadores mineros y petroleros se equipara al deterioro de los territorios en donde estas industrias desarrollan sus operaciones.

El debate que se ha dado a nivel mundial por la necesidad de generar transformaciones productivas y económicas para frenar los impactos generados por la industria extractiva, ha llevado a que se vea como indispensable la realización de una transición energética a nivel mundial. La transición en Colombia obliga a plantear transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales en sectores cruciales para la economía como el energético, el minero, el transporte, la agricultura, los cuales están ligados tanto a las formas de producción y gestión de los bienes comunes como a las alternativas reales para avanzar en soluciones a la crisis climática, ambiental, social y alimentaria. Y esto sin duda afectará profundamente a los trabajadores y las trabajadoras, los cuales requieren planes de conversión, educación y alternativas económicas sustentables y viables para quienes trabajan en el sector extractivo, pues es necesario garantizar que éstos puedan tener una vida digna una vez la transición entre en marcha

Aunque en Colombia el debate apenas inicia, desde los propios trabajadores existen propuestas que van abriendo camino. En el ámbito internacional la unión de sindicatos IndustriALL, la cual agrupa a 50 millones de trabajadores del sector minero, energético e industrial en 140 países, entre ellos Colombia, ha avanzado en planteamientos y propuestas acerca de lo que ha llamado el sector trabajador la transición justa. Esta se basa en tres pilares: políticas industriales sostenibles, programas de apoyo social fuertes y ajuste del trabajo creativo, lo que implica hacer un cambio en la economía mundial que conserve a los trabajadores, sus familias y las comunidades que dependen de ellos. Por otro lado, la iniciativa Sindicatos por la Democracia Energética (TUED) surgió para reclamar que la energía volviera a la esfera pública y alejarla de la propuesta de economía verde y mercantilización impuesta por las cumbres donde se discute el cambio climático. Por tal razón, y como planteó Kemal Özkan, secretario general adjunto de la IndustriALL: “la transición justa no es un mero ejercicio teórico. Si se tiene voluntad política para hacerlo realidad podemos lograr resultados prácticos.”

Desde la perspectiva y lucha de los trabajadores, la transición que se propone debe ser participativa, planeada y justa, es decir tiene que respetar a las comunidades afectadas, a la naturaleza y al sector laboral; generando alternativas de vida que protejan los derechos laborales, que atiendan los impactos sociales y ambientales, y también los impactos a la salud generados por las distintas explotaciones energéticas como: cánceres, enfermedades en la piel, afecciones respiratorias e incluso leishmaniasis, entre otras. De ahí que Colombia tenga un gran reto, que implica presionar a nuestros gobiernos para que dejen de pensar en el corto plazo y sean conscientes la necesidad de transformar la matriz energética nacional y mundial y demás cambios que se requieren, pues no podemos caer en nuevos encadenamientos extractivos. Lo anterior demanda no solo un reconocimiento y responsabilidad por parte de las empresas frente a los daños a la salud de las personas y del planeta ocasionados por los usos de los combustibles fósiles y el modelo extractivo que ha depredado nuestros territorios y culturas; sino que implica la reestructuración del modelo económico y ampliemos el debate frente cómo hacer la transición, qué tipo de energía requierimos y el para qué y para quién necesitamos la energía.

Desde diversos procesos comunitarios y sindicatos se han venido haciendo demandas y peticiones entorno a una transición justa, que fomente la investigación y la educación en materia de alternativas energéticas y económicas, que le dé una fortaleza al concepto de lo público comunitario y donde se reestructure Ecopetrol, para que se transforme en una empresa de energía, que lidere la transición energética. El país debe prepararse desde ya con un diálogo que no sea asimétrico y vincule a todos los sectores implicados en las mismas condiciones de participación y sin desequilibrios de poder, pues el sector empresarial y el gubernamental no pueden desconocer las voces y propuestas que tienen las comunidades afectadas por el extractivismo y los trabajadores y trabajadoras.

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