La paz y la agudización del conflicto: Los retos del movimiento social

Itayosara Rojas Herrera

29 Ene 2016

Tras los anuncios de los compromisos adquiridos en la mesa de conversaciones en La Habana, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, la posibilidad de un acuerdo general convenido por ambas partes parece cada vez más cerca. Esta posibilidad ahora tan plausible merece  ciertas reflexiones por parte del movimiento social colombiano y de todas las fuerzas que aspiran a convenir un nuevo modelo de país. En este sentido, es necesario reconocer que la superación de la manifestación armada del conflicto es una característica sin la cual no es posible lograr cambios significativos en nuestro país. En tanto las posibilidades de un gobierno verdaderamente democrático, que garantice goce efectivo de derechos para todas y todos los colombianos pasa en primera medida por la superación armada del conflicto.

En otras palabras, que cese la guerra en este momento abriría la posibilidad de que nuevas fuerzas sociales puedan dirigir el país. Sin embargo, “superar la manifestación armada del conflicto” no significa el cese del conflicto social, por el contrario implica la agudización de la conflictividad social. Es decir, los colombianos y colombianas podremos ver con claridad los problemas sociales que antes parecían difuminarse en la cortina de la guerra, para tal vez entender la complejidad de las causas de esta y el porqué de su persistencia a lo largo de medio siglo.

De este modo, “la solución política y negociada al conflicto colombiano” ha sido una reivindicación del movimiento social que ha estado presente a lo largo de la historia de Colombia. Cada uno de los procesos de paz que se han desarrollado en el país ha contado en su momento con respaldo popular significativo y heterogéneo. El proceso de La Habana no es la excepción y en medio de este se han desarrollado amplias jornadas de movilización, entre las cuales han sobresalido las jornadas del 9 de abril.  

Si bien existe un respaldo del movimiento social en su conjunto a la solución política y negociada, el mismo ha dejado de lado varios de los retos que la firma de un acuerdo general para la terminación del conflicto lleva consigo. En tanto los intereses del gobierno nacional y el sector social que representa sobre este acuerdo se posan básicamente en las oportunidades económicas que pueda brindar “la paz”, en consonancia con mantener e incrementar la confianza inversionista. Es decir, para el gobierno nacional “la paz” es la puerta para conducir con mayor fuerza el proyecto neoliberal en el país. La venta de varias empresas públicas, el aumento de concesiones mineras y energéticas en el país, la suerte de reforma tributaria que se está ejecutando hacen parte de los síntomas del paquete neoliberal que el gobierno busca implementar.

Estas reformas neoliberales siempre han estado en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y se han logrado implementar a través de la fuerza y la violencia (el caso de Chile) y mediante una desposesión de los derechos sociales que las clases trabajadoras habían ganado. La privatización de los derechos como la salud y la educación son muestra de ello. Este proceso de neoliberalización se empezó a configurar con fuerza en el país para la década del 90. La constitución colombiana de 1991, a pesar de ser considerada una de las más garantes en derechos, hace parte de esta ola de neoliberalización por la que atravesaron todos los países de América Latina.

¿Cuál va a ser entonces la respuesta del movimiento social colombiano?, si bien la paz es una demanda fundamental y por ello el apoyo a los acuerdos que se desprendan de las conversaciones en la Habana, el movimiento social debe además  garantizar la ejecución de los acuerdos,  hacerle frente a las reformas neoliberales que el gobierno nacional busca poner en marcha. Echar a andar la paz como realidad tangible, y detener el monstruo neoliberal parece ser el gran reto para los meses venideros.

El respaldo a la solución política no puede ser asentar con la cabeza a todas las reformas que haga el gobierno nacional. La disputa política por la paz debe contemplar también una agenda antineoliberal y de goce efectivo de derechos. La paz no puede resultar en un temible ladrillo de reformas neoliberales, por el contrario debería ser un escenario en el cual, la justicia social, y el goce efectivo de derechos sean garantías para todos los colombianos y colombianas.   En tanto, la concreción de ese escenario pasa por el accionar contundente del movimiento social por la paz y en contra del neoliberalismo.

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