La crisis fronteriza entre muchas hiprocresías

Foto: atodomomento.com
1 Sept 2015

Por Camilo De Las Casas -  

En la frontera hay palma, ganado, cobre, petróleo, miseria, coca, cocaína, contrabando de medicinas, alimentos y gasolina, eso no es un secreto. Y debe aceptarse y asumirse que los organismos de seguridad y de la fuerza pública de ambos países están corroídos por esa ilegalidad del contrabando y del narcotráfico. El problema de fondo, si es el paramilitarismo, su cultura, su apuesta política, su modelo de Estado y sociedad y eso en realidad no creo que se esté enfrentado por Maduro.

La expulsión o deportación de los colombianos de Venezuela no resuelve nada de fondo, solo temporalmente sortea un factor débil de ilegalidad, ciudadanos colombianos indocumentados, jibaros, ocupantes ilegales de tierras, contrabandistas bajos, vendedores de alimentos que se compran a bajo precio en Venezuela. El desabastecimiento de Venezuela se enfrenta es con la desestructuración de las mafias, que incluso, benefician a almacenes como el Éxito que vende productos venezolanos de este tipo. El modo de la deportación, quizás, le espantará  a Maduro  algunos de los 5 millones de votos de los colombianos que allá habitan, que casi siempre, en su mayoría, les han sido esquivos al chavismo, ¡esos votantes son poco socialistas, como muy colombianos, son mayoritariamente conservadores!.

La crisis humanitaria que hoy se vive refleja la crisis social de nuestro país, el despotismo de la clase empresarial y dirigente colombiana, que exporta empobrecidos colombianos, perseguidos políticos, desplazados, pero también, que exportó el paramilitarismo. Y con el perdón de muchos vecinos y revolucionarios, la crisis si es humanitaria, para ellos y para nosotros, es un reflejo de asuntos estructurales no resueltos por nuestra malhadada democracia colombiana. Para calificar la situación como crisis humanitaria no se puede depender de cantidad de personas afectadas. No son los montonones de personas que se regresen a Colombia, lo que permite decir si hay o no crisis,  no tienen que ser millones, no tienen que ser igual al número de millones de desarraigados en Colombia, mal calculados en 7 millones, las comparaciones son odiosas; se trata simplemente, que los regresos, las devoluciones deben cumplir con normas básicas, que en algunos casos se han desconocido de respeto a la dignidad humana entre ellas el derecho a la familia, por decir uno solamente, y de la apropiación de techo, de alimentación y de salud en situación de emergencia. Da lo mismo uno que cien, o cien que miles, ¡qué más da¡.

Pueden ser uno o mil los deportados bajo el mecanismo del corredor humanitario que diseñó el gobierno de Maduro para regresarlos a Colombia. Más allá de eso, lo cierto, es que con una sola violación a los principios del derecho internacional, y su repetición como ha ocurrido, podemos sostener que hay una crisis, y en sí misma una crisis humanitaria. Es evidente la incapacidad del expulsor y del receptor de haber acordado los mejores mecanismos y medidas para evitar afecciones a la vida, a la libertad, al techo, a la salud y a la educación de los deportados. Por eso la salida es el diálogo bilateral, y en particular, debe el Estado colombiano adoptar una serie de responsabilidades y adoptar una serie de medidas capaces de mitigar los efectos de la salida de sus nacionales de un tercer país, en donde habitaban como ilegales, muchos de ellos, en operaciones ilegales o actuaciones contra la ley o beneficiándose de los derechos sociales aplicados en Venezuela.

Ahora bien, que los restantes 4000 hayan regresado voluntariamente a Colombia por puro espanto o temor generalizado o por prevención a abusos, en medio de la guerra psicológica mediática que existe,  ante  las nefastas experiencias vividas con la guardia venezolana y que han hecho revivir el terror vivido con las fuerzas militares de nuestro país, no quiere decir, que no sean parte de una crisis humanitaria. Otra cosa, son los cientos de ciudadanos colombianos que ya han llegado a Cúcuta haciéndose pasar por regresados desde Venezuela para recibir alguna mal ayuda humanitaria del gobierno de la prosperidad democrática, reflejo de la indigencia de nuestro país.

El gobierno de Venezuela tiene todo derecho de proteger a sus connacionales, pero su tardía respuesta y su método afecta a una base, no a una estructura criminal de alto calado, se realiza en una época preelectoral que levanta sospechas, pero sobretodo que no logra enfrentar el narcoparamilitarismo, salvo que estas iniciales actuaciones estén acompañadas de otras medidas. El paramilitarismo ya existe en expresiones culturales, en lógicas de comprensión y en sectores institucionales de los Estado de Zulia y Tachirá. Situación que ya conocía el difunto Hugo Chávez

Lo grave y es lo que no veo en la discusión es que se asuma que el paramilitarismo está enquistándose en Venezuela, hoy la realidad expresa, que esa dinámica se ha clonado, reciclado y ha ido permeado con sus propias dinámicas a la fuerza pública venezolana. Si no es así, ¿cómo se explica la desaparición en el Estado de Tachirá de Lilia de Jesús Suárez  y Juber Adolfo Franco en Rubio, Estado de Tachirá, a manos de agentes estatales venezolanas, en una operación típicamente encubierta de tipo paramilitar, en junio de 2013?

No es un secreto que hay presencia en toda la frontera de grupos de las guerrillas de las FARC EP y del ELN en las montañas, y del sobreviviente EPL; tampoco es un secreto las operaciones paramilitares del lado de Colombia en los cascos urbanos y las ciudades fronterizas con Venezuela y en Venezuela. No es un secreto, porque es parte de la historia, el flujo migratorio de colombianos a Venezuela en las bonanzas petroleras, en los 50 y los 80, y las dinámicas de economía ilegal que se fortalecieron desde mediados de los 90 con el paramilitarismo. Los controles de contrabando pasaron a manos de estas operaciones armadas consentidas como parte de una estrategia criminal de Estado de Colombia.

No es un secreto que el paramilitarismo del Catatumbo, de la Guajira y lo que hay en Arauca y  Casanare viene de mediados de los noventa; que el paramilitarismo colombiano consolidado en la frontera con Venezuela inició su expansión en el 2000 con el apoyo de empresarios de ambos países, con agentes del Estado de aquí y la penetración de esa lógica de operación armada en sectores de la fuerza pública venezolana.

Desde Colombia se expandió el paramilitarismo como fórmula de control social territorial para asegurar negocios ilegales y poder político antichavista, para proteger narcoparamilitares que iban cayendo, según aportaran la información los agentes estatales colombianos a los venezolanos y se rompiera la cadena de silencios en ambas fuerzas públicas corruptas, como ocurrió conSalomón Camacho, (capturado en 2010), Diego Pérez ´Rastrojo´ (capturado en 2008), Wílber Varela, 'Jabón' (asesinado en 2008 ). Lo que pocos reconocen o dicen, es que detrás de esas muertes o capturas están grandes políticos, y en particular, generales de la policía y de las fuerzas militares colombianos que han sido parte de esos cárteles o de esas operaciones paramilitares y que han delatado a sus compinches, después de asegurarse para sí la impunidad y su poder; pero esa operación desde Colombia no era posible sin la complicidad empresarial y de sectores institucionales venezolanos.

Si la revolución es bolivariana, Maduro está ante el desafío de demostrar que tiene otra lógica de actuar en su conjunto para sortear las crisis, la respuesta de la clase dirigente colombiana, ya la sabemos, es simplemente hipocresía, farsa, muerte lenta.

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