La casación como campo de lucha

Foto:elsalmonurbano.

 Nicole Jullian.

25 Ene 2016.

Echarle cabeza a cómo funciona la estructura judicial en Colombia es, a mi parecer, una de las áreas de estudio más complejas que tiene ese sistema político. Si analizamos el estado de las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos vamos a dar constatar un alto grado de inoperancia judicial. Pero por el contrario, si miramos el trabajo de la justicia frente a la »parapolítica« correspondería hablar de eficacia. Ahora si miramos el actuar de la justicia en casos relativos a la oposición política e intelectual, podemos tranquilamente hablar de un sistema judicial que en muchos casos se ha dejado cooptar por las fuerzas represivas que caracterizan a esa tan larga e intocable democracia en Colombia. En definitiva, tengo la sensación que el sistema judicial colombiano funciona regido por unos parámetros que parecieran ser conocidos por un número escueto de magistradas y magistrados que logran alzar la voz y ponerse serios sólo cuando el descaro ya es demasiado grande.  

Tener preso por segunda vez al académico Miguel Ángel Beltrán en una cárcel de alta seguridad en la ciudad de Bogotá es un tremendo descaro. En el fallo de segunda instancia de diciembre de 2014 (el cual revocó de manera parcial el fallo absolutorio de primera instancia) la justicia colombiana lo condenó a las penas de 100 meses de prisión y multa por valor equivalente a 143,33 salarios mínimos mensuales vigentes, además a la pena accesoria consistente en 13 años de inhabilidad para el ejercicio académico como autor del delito de rebelión.

Éste caso es uno de los tantos montajes judiciales que han sido elucubrados en los recintos de justicia de Colombia. Todo empezó en Ecuador, con los tres computadores, los dos discos duros y varias memorias USB encontradas supuestamente en marzo de 2008 en el marco de la acción militar denominada »Operación Fénix« donde fue abatido alias Raúl Reyes. Con base en el análisis de la información contenida ahí, los informes de la policía judicial dizque concluyeron de que un tal alias »Jaime Cienfuegos« corresponde al profesor Miguel Ángel Beltrán. La orden de captura de »Cienfuegos« le va a dar vida a este montaje.

La captura del profesor Beltrán se solicitó el 14 de abril de 2009 ante un Juzgado de Bogotá con función de control de garantías. Esta se hizo efectiva en el Aeropuerto el Dorado el día 22 de mayo de 2009. Ese día al profesor Beltrán se le formuló la imputación de cargos »rebelión« y »concierto para delinquir con fines agravados« (financiamiento de grupos terroristas) y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, no sin antes sustraerle una de las dos memorias USB que el profesor llevaba consigo. Lo que algunos no saben es que por ese tiempo el profesor Beltrán se encontraba en México haciendo su doctorado. Su repentina aparición en Bogotá fue producto de un secuestro en la Ciudad de México. Beltrán fue presentado ante las autoridades y ante la prensa como alias »Cienfuegos«. Beltrán ya estaba condenado.

La Corte Suprema de Justicia ha hecho un enorme trabajo al argumentar porqué a las pruebas proveniente de la »Operación Fénix« se le aplicaron la cláusula de exclusión y por ende a partir de ese momento se consideraron ilegales. Los puntos centrales de esa decisión fueron dados a conocer mediante auto del 18 de mayo de 2011 cuando la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación a favor del ex Representante a la Cámara por Bogotá WILSON ALFONSO BORJA, quien fue acusado de tener »presuntos vínculos« con las FARC-EP. La represión del Procurador tampoco se hizo esperar en este caso y exigió que se revisara esta decisión. El 1 de agosto de 2011 la Corte vuelve a pronunciarse sobre la ilegalidad de las pruebas basadas en los computadores encontrados en el campamento de Raúl Reyes y reiteró su decisión de no abrir investigación en contra de Wilson Borja. Uno de los puntos de esta decisión recae en el hecho de que la »Operación Fénix« fue de carácter militar y no del tipo investigativo-judicial. La Corte hace un análisis extenso sobre el principio de legalidad de las pruebas judiciales, sobre la cláusula de exclusión y sobre la ilegalidad de las pruebas recogidas durante la “Operación Fénix”.

Miguel Ángel Beltrán está cumpliendo condena por el delito de rebelión en base a pruebas que fueron declaradas ilegales. Su abogado defensor argumenta en la casación que aquí se ha incurrido en un evidente error de derecho por falso juicio de legalidad. La USB incautada a Beltrán el día del secuestro en la Ciudad de México y los documentos encontrados en los supuestos computadores encontrados en el campamento de Raúl Reyes son el fundamento estructural de la sentencia condenatoria de segunda instancia.

Este trato indigno en contra del profesor Beltrán da cuenta del grado de cooptación que sufre el sistema judicial colombiano, por el cual éste en determinados casos termina poniéndose al servicio de la máquina de represión estatal. Detrás de este recurso de casación hay un enorme trabajo realizado por el abogado del profesor Beltrán y también por todas aquellas personas, gremios de profesoras y profesores universitarios e instituciones de derechos humanos que han luchado por la liberación de este académico. Un 25 de enero de 2015 puede quedar en la historia como el día en que en Colombia la dignidad empezó a ser costumbre.

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