Informe trascendental para Colombia

Por Abilio Peña 

En la semana anterior se conoció el informe  de la Comisión  Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), elaborado por  doce  personalidades reconocidas y  dos  relatores escogidos  por los delegados  del Gobierno y de Las Farc-Ep en los diálogos para la paz.

La trascendencia del informe radica, a nuestro juicio,  en que es producto de una concertación entre el gobierno y la insurgencia,  en  la autoridad de su autora y autores, en la fuerza que tienen las víctimas  y por sobre todo en que se convierte en un texto de referencia obligado sobre la historia del conflicto en  Colombia  que rompe con  la verdad impuesta por los sectores de poder, en la que  se ignoraban las causas estructurales, los principales responsables, dejando en limpio  al  Estado y cargando todo el peso de  la violencia en la otra parte de la  confrontación y de paso involucrando, como enemigos y objeto de represión, a todos aquellos que de algún modo se oponían al establecimiento.

La historia contenida en el relato oficial  ha tenido también su correlato en la realidad de las víctimas que debieron aceptar la versión  impuesta por sus victimarios. En el Cacarica, por ejemplo, luego de la Operación Génesis de la Brigada 17 del Ejército en la que actuaron de manera conjunta militares y  paramilitares,  algunas  víctimas pensaron que el liderazgo de sus seres queridos  asesinados y desaparecidos, su pertenencia a organizaciones sociales y políticas eran  indebidas. Ese sentimiento  pudo ser afrontado mediante la organización de los comités de víctimas, que compartieron sus dolores  y esperanzas con procesos como el de las Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora de Argentina y las víctimas de tortura de Chile, con la fuerza de los testimonios sobre la similitud de los mecanismos de represión.

Esa inversión de la  verdad, también fue reforzada por las exigencias institucionales de  oficinas gubernamentales como Acción Social. Por ejemplo  a los desplazados de la Argelia Cauca o en la región de Urabá, mientras hacían la larga fila para ser atendidos, funcionarios de esa entidad estatal entregaban el formulario y  les aconsejaban  que debían escribir que el  responsable de su destierro   había sido  la guerrilla, de lo contrario, se demoraría  la ayuda. Como en este caso, la verdad oficial, en un largo período de nuestra historia, llegó hasta a negar, a fuerza de repetición, la existencia del conflicto armado interno.

Aunque aparecen claras diferencias entre algunos textos del informe,  la mayoría de ellos coinciden en abordar como causas estructurales  de la violencia subversiva la exclusión, la ausencia de voluntad del Estado en la satisfacción de las necesidades biológicas y de convivencia, la imposibilidad de participación política real, la ausencia de distribución equitativa de la tierra. Es clara en varios  ensayos,   la responsabilidad de actores más allá de los armados:  los empresarios, terratenientes,    medios de información,   partidos políticos, los   Estados Unidos y las iglesias, en particular la católica, mencionada cincuenta y seis veces.

De cara a la construcción de la paz con justicia, luego de los eventuales acuerdos, un gran aporte de la iglesia católica sería el reconocimiento público de la responsabilidad que le compete, el pedido público  de perdón y el desarrollo  de acciones que apunten a la reconstrucción de la conciencia moral   afectada por  tantos años de violencia.

Un escenario favorable para dar este paso  es el propiciado por  el papa Francisco  quien señala que ninguna religión puede justificar la violencia. Este llamado ya había sido formulado por el propio papa Juan Pablo II en el marco de las conmemoraciones del quinto centenario de la colonización europea en las Américas. Sería un ejemplo para otros responsables.

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