Por malas condiciones laborales escoltas de la UNP cesarían actividades

Foto: Contagio Radio
28 Ene 2019

Los diferentes movimientos sindicales que hacen parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han anunciado que de no establecer un canal de comunicación con las directivas, que permita discutir los problemas que enfrenta la Institución, cerca del 50% de los escoltas entrarían en cese de actividades este martes 29 de enero. (Le puede interesar: "Silencian la voz de denuncia de Samuel Gallo, líder comunitario en Antioquia")

Wilsón Devia, presidente del sindicato de la UNP y uniones temporales, explicó que los escoltas que trabajan en la Unidad tienen contratos de tercerización a través de empresas de seguridad; esto significa que las 4.500 personas encargadas de cuidar la vida de políticos, defensores de derechos humanos y líderes sociales están subcontratados. Por esa razón, durante este lunes se citó una asamblea informativa frente a la Entidad para discutir los problemas de la misma.

Los escoltas no tienen garantías para cuidar la vida de sus protegidos

El primer problema que identifican los escoltas tiene que ver con el prepliego para contratación emitido por la Unidad en noviembre de 2018; en esa ocasión, se esperaba hacer la subcontratación de personal por 2 años, pero la Institución afirmó que no tenía recursos garantizados para operar todo el año. Entonces decidió emitir un pliego similar, pero que redujo la contratación a 6 meses y permite usar armas más viejas, "abriendo espacio a empresas que no tiene la experiencia en el sector de seguridad".

A esta situación se suma el manejo que hace la Unidad de los viáticos de los escoltas, puesto que la UNP tercerizó el pago de los mismos a través de una Fiducia; pero gracias a dicha figura le descuenta a la Unidad como a los escoltas un monto por cada transacción. Adicionalmente no existe un protocolo técnico para determinar cuando debe o no viajar un escolta, ni el monto o número de días que se pagan por el viaje.

Ante estas situaciones, los escoltas deben poner parte de su dinero para poder desplazarse junto a su protegido, o permitir que se desplace solo, generando un riesgo para el mismo y exponiéndolo a que sea asesinado en cualquier parte del país. (Le puede interesar: "CIDH presenta recomendaciones para proteger los líderes sociales")

Por estas razones, y si la directiva de la Unidad no entabla un proceso de dialogo que permita resolver de fondo las problemáticas de la entidad, cerca del 50% de los escoltas que la componen entrarían en cese de actividades. Entre tanto, Pablo Elías González, director de la Institución ha insistido en que el cese es ilegal, y ha llamado a todos los protegidos por la UNP a informar sobre el cese de actividades que presenten sus esquemas de protección.

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