Entrevista con Miguel Ángel Beltrán luego del fallo de la Corte mexicana

Foto: Contagio Radio

Por Nicole Jullian

31 Oct 2017

En un reciente fallo la Corte Suprema de México confirmó las irregularidades en las que incurrió el Instituto Nacional de Migración al momento de deportar de ese país en mayo de 2009 al profesor de la Universidad Nacional, Miguel Ángel Beltrán. A éste profesor la Fiscalía colombiana le imputó los cargos de »rebelión« y »concierto para delinquir con fines agravados« por ser un presunto integrante de la Comisión Internacional de las FARC. Por ello este académico estuvo más de cinco años en la cárcel. En lo penal fue absuelto definitivamente de todos los cargos. No obstante, en lo administrativo, la Procuraduría lo inhabilitó por 13 años y la Universidad Nacional lo destituyó. Su restitución a la Nacional está en manos del Consejo de Estado, quien actualmente está revisando su caso.

Nicole Jullian: Ingresaste a México en 2008 para realizar estudios de postdoctorado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Solicitaste a tiempo el cambio de tu visa para continuar los estudios, pero el Instituto Nacional de Migración (INM) de México nunca respondió, sino hasta el 22 de mayo de 2009 que fuiste llamado para supuestamente resolver tu situación migratoria. Pero en ese mismo momento fuiste más bien deportado a Colombia. Respecto a esta deportación la Corte Suprema de México acaba de fallar a tu favor. ¿Qué significa este fallo frente a la incesante persecución política que has sufrido?

Miguel Angel Beltrán: Ese fallo que acaba de emitir de la Corte Suprema de México supone por un lado un reconocimiento de lo que ya las organizaciones de DDHH, la defensa técnica y yo veníamos diciendo y es que había una irregularidad en el procedimiento que realizó el Instituto Nacional de Migración. Me expulsó del país violando principios reconocidos internacionalmente como el derecho al asilo que yo había solicitado por razones políticas, pero además de eso hubo maltratos y violencia hacia mi persona, al punto que Medicina Legal en Colombia declaró una incapacidad de 13 días, lo que también quedó sustentado en este fallo. El fallo también deja entrever el sesgo con que actúa la justicia colombiana, pues de manera inmediata se adelantó una audiencia de legalización de captura haciendo caso omiso tanto de la incapacidad de 13 días, como de todas las irregularidades con que actuó el Estado mexicano por medio del INM en convivencia con las autoridades colombianas. Pero la audiencia determinó que se trataba de una captura legal. Y creo que es importante recordar que en dicha audiencia el funcionario que debía garantizar mis derechos, actuando como representante del Ministerio Público y de control de garantías, fue el abogado Ricardo Gonzáles Esguerra, quien posteriormente sería designado vice fiscal General de la Nación. Eso nos da una clara muestra de cómo es que ese tipo de funcionarios van ganando en ascenso. En un plano personal este fallo supone para mí un paso importante hacia la búsqueda de justicia, verdad y reparación, a la vez que en el plano colectivo es un antecedente para visibilizar y, de paso, frenar la impunidad con que actúan estos organismos estatales.

NJ: ¿Cuéntanos sobre este grupo de abogados que llevó tu caso con éxito ante la Corte Suprema de México?

MAB: Todo este logro que hoy se materializa en este fallo fue posible gracias al constante acompañamiento jurídico y solidario de la organización mexicana »Sin Fronteras«, en especial de las abogadas Diana Martínez y Elba Coria, quienes desde un primer momento y junto a demás profesionales de la organización no dudaron es asumir esta causa ante los tribunales mexicanos e incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También corresponde resaltar que en esta última etapa la abogada que estuvo al frente de todo fue Elizabeth Arroyo, quien también hace parte de esta organización. Todo este equipo realiza un trabajo muy profesional y muy comprometido, lo que se traduce en un trabajo de solidaridad con los migrantes. En ese sentido, el hecho de que los tribunales mexicanos hayan reconocido la violación de derechos en mi caso tiene un efecto positivo en el avance hacia el respeto de la dignidad de los y las migrantes, pero también de los refugiados políticos.

NJ: En lo penal fuiste absuelto de todos los cargos. No obstante la Procuraduría te inhabilitó por 13 años y la Universidad Nacional te destituyó, situación que hoy está siendo revisada por el Consejo de Estado. ¿Después de haber vivido tanta injusticia por entidades del Estado colombiano, qué es lo que se puede esperar del Consejo de Estado?.

MAB: Bueno Nicole, déjame decirte en primer lugar que yo en principio no debería esperar nada, porque una sana lógica indicaría que si he sido absuelto penalmente por la Corte Suprema de Colombia de los delitos que se imputaron y, acto seguido, la Corte Suprema de México corrobora desde su perspectiva jurídica que hubo irregularidades en el procedimiento de expulsión del país, de manera automática debería cesar cualquier proceso disciplinario en contra mía, pues ya no existen los argumentos que esgrimió la Procuraduría para fabricar mi sanción. Pero como en este país algunos ciudadanos se pasean impunemente sin que sean procesados y otros somos procesados dos veces por el mismo delito, es que se presentan situaciones como las que estoy viviendo. A pesar de que hace más de un ano recuperé mi libertad sigue pesando sobre mí una inhabilidad que me mantiene alejado de mi cátedra docente en la Universidad Nacional. Y todo ello acompañado del silencio del actual rector Ignacio Mantilla y, debo decirlo, también de un sector académico muy dados a hablar del postconflicto, pero que soslayan estos hechos que realmente constituyen una verdadera afrenta a la libertad de cátedra. En síntesis, yo le pediría al Consejo de Estado que haga justicia y que me restituya todos mis derechos y que también abra una investigación al ex procurador Alejandro Ordoñez por su actuación y responsabilidad en esta flagrante violación a mis derechos fundamentales.

NJ: En el año 2015 32 académicos de la Universidad Nacional rechazaron el reconocimiento que hizo la facultad de Ciencias Humanas a tu destacada labor académica. El filósofo Lisímaco Parra llegó incluso a decir que no era claro que el reconocimiento se debiera a tus esfuerzos académicos. ¿Consideras que este hecho refleja el miedo, la falta de autonomía y la falta de progresividad académica de muchos intelectuales colombianos?

MAB: Aquí tenemos que hablar sobre el temor y la derechización de la academia, pero fundamentalmente yo creo que también hay una pérdida de la consistencia moral en la misma academia. Y lo digo en los siguientes términos: aquí hay muchos colegas que hablan insistentemente de la necesidad del uso de la acción comunicativa, de la despolarización, de la desradicalización de la universidad, del respeto a la diferencia, pero ese discurso no es coherente con sus mismas acciones. La situación no sólo se refiere al profesor Lisímaco Parra, quien efectivamente en las declaraciones que dio a la Revista Semana expuso ese punto de vista sin ninguna sustentación, sino que abarca a otros colegas y articulistas que también se pronunciaron al respecto como el profesor Gustavo Duncan. Y en este punto quisiera referirme a la situación del colega Mauricio García de la Universidad de los Andes, quién en 2016 firmó una carta pública enviada a la dirección de dicha universidad por lo ocurrido en contra de la académica Piedad Bonnett, quien recibió burlas por parte de un estudiante a raíz del suicidio de su hijo. En esa carta García y los demás firmantes invocan a la Pietá [la escultura de Miguel Ángel], diciendo: la Pietá tiene la capacidad de despertar, a través del amor, la empatía más poderosa con el dolor de los otros y, al mismo tiempo, hacer entender lo que puede llegar a significar la barbarie de la intolerancia hacia el que no se logra ver o comprender y que en tanto, se tiende a eliminar, llegando en ocasiones al más extremo salvajismo.” Esta postura de Mauricio García se contradice mucho con sus dichos respecto a mi reconocimiento recibido por la facultad de Ciencias Humanas. Él sostuvo que a mí no se me acusaba por lo que pensaba, sino por hacer parte de un grupo insurgente. Mi asombro es que él, quien está vinculado a la rama jurídica, debe entender que mi inocencia ha sido corroborada por las más altas cortes. Ahora de su parte, nunca ha venido un pronunciamiento público rectificando sus dichos. Todo eso, insisto, lo señalo para ilustrar la inconsistencia moral que existe al interior de la academia.

NJ: ¿Cómo ves el futuro de la universidad colombiana en tanto centro de pensamiento y espacio de formación, y en ello, cómo ves las posibilidades de formar a intelectuales independientes capaces de proponer una nueva intelectualidad crítica a la altura de la compleja realidad social y política del país?

MAB: Yo considero que la academia crítica en los últimos lustros ha perdido un terreno importante que sí lo tuvo en la década de 1970 y parte de 1980. Yo considero que bajo otros parámetros diferentes a la crítica es imposible poder construir intelectuales que tengan una cierta autonomía. Lo que hoy vemos en Colombia es el predominio de una academia que se plantea a sí misma como neutral, distante de la política, pero curiosamente es una academia profundamente politizada, pues está defendiendo el statu quo, es una academia que todavía sigue presa de los lineamientos trazados por los organismos financiadores internacionales, que todavía rinde casi que un culto religioso a las lógicas del mercado, que desconoce otros campos de conocimiento, otros saberes que no necesariamente se producen en la universidad, entonces así es muy difícil mantener la independencia. Un claro ejemplo de que el espacio crítico se ha perdido en las universidades es la persecución de la que hoy son objeto estudiantes y profesionales que mantienen esa perspectiva. El caso del estudiante de sociología, Mateo Gutiérrez, no es más que la persecución al pensamiento crítico. O estos jóvenes que han sido perseguidos y judicializados por la bomba del centro comercial Andino. Entonces con persecuciones y señalamientos como éstos, y con un silencio por parte de la academia pues es muy difícil generar espacios críticos. Estos »falsos positivos« se terminan constituyendo como un referente para impedir la libre expresión del pensamiento y el ejercicio de ideas críticas. Ahora todo esto nos lleva a pensar en la necesidad de seguir construyendo una academia crítica, una academia que recoja las importantes tradiciones del pensamiento latinoamericano que se han hecho desde esa perspectiva. Es necesario vencer y superar esas visiones eurocéntricas y recuperar a autores como Orlando Fals Borda, José Carlos Mariátegui, José Martí, Sergio Bagú. Pero por otro lado, esto también nos lleva a pensar en la necesidad de recuperar otros saberes, otras formas de pensamiento, otras epistemologías, que sin duda pueden contribuir a renovar esa academia en la perspectiva de formar nuevos intelectuales realmente independientes y con un pensamiento crítico que estén a la altura del análisis de esa compleja realidad social y política colombiana.

El fallo de la Corte Suprema de México 

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