En 523 años de resistencia indígena la situación en Colombia sigue igual

Foto: onic

Luis Fernando Arias, ONIC
13 Oct 2015

El pasado 12 de octubre se conmemoraron 523 años de resistencia ante el exterminio y la imposición cultural de la que han venido siendo víctimas los pueblos indígenas del continente americano, desde la invasión territorial por parte de españoles, portugueses e ingleses a finales del siglo XV.  

Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC, afirma que esta fecha conmemora la invasión de territorios americanos que no ha cesado y que continúa vulnerando los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de los pueblos indígenas en Colombia. Por lo que “Debemos liberar a nuestros estados del yugo transnacional, neoliberal y capitalista que los ha subyugado”.

Arias, cita 2 de los cientos de casos que denotan la violación de derechos a los pueblos indígenas colombianos. El primero de ellos, el de los Wayuu en La Guajira, afectados por los 30 años de explotación de la mina de carbón más grande a cielo abierto, El Cerrejón. El segundo, relacionado con las 3 comunidades indígenas en Guaviare que sobreviven comiendo “sopa de mango biche” a causa del monocultivo de palma aceitera en este departamento.

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La actividad extractiva en La Guajira por parte del Cerrejón ha desplazado comunidades, vulnerado derechos laborales, causado impactos ambientales irreversibles y generado afectaciones en la salud de los pobladores. En palabras de Arias una “crisis humanitaria alarmante” ante la que ni el Gobierno ni la empresa han asumido costos para la atención y solución de estas problemáticas.

Pese a las denuncias interpuestas “El Estado ha actuado sordo, ciego y mudo” asegura Arias, por lo que los indígenas Wayuu han recurrido a instancias alternativas como los Tribunales Populares.

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El Consejero Mayor refiere que en Guaviare 3 comunidades indígenas mueren de hambre, pues la agroindustria de la palma aceitera les deja para comer sólo mangos. A lo anterior se suma la “orfandad estatal” en la que estas comunidades están sumidas y que no ha posibilitado la superación de las afectaciones que el conflicto armado, los procesos de colonización del narcotráfico y la implantación de monocultivos les ha provocado.

Pese a las Sentencias proferidas por la Corte Constitucional y los pronunciamientos de entes internacionales el Estado colombiano no ha actuado de forma responsable, por lo que el movimiento indígena solicita a la comunidad nacional e internacional unirse a las demandas de los pueblos indígenas pues “no se puede ser cómplice del genocidio” y es necesario articular la "capacidad política y jurídica para exigir retiro de empresas como el Cerrejón del territorio nacional", concluye Arias.

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